Proteger el bosque es un buen negocio

Los beneficios que se desprenden de las acciones orientadas al manejo y preservación de los bosques en República Dominicana parecen una maraña tan compleja que a veces a las propias autoridades se les dificulta explicarlos con exactitud.

Cómo evidencia de lo complicado que puede resultar el tema, se cuenta la anécdota de un campesino que, tras ocho horas de explicaciones al respecto, preguntó a los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, mientras movía nervioso su sombrero en las manos: "¿En sí, qué significa el plan de manejo?".

La anécdota sirvió de preámbulo al taller que durante dos días desarrolló el Ministerio de Medio Ambiente, con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación (GIZ), para orientar a los periodistas sobre cómo comunicar mejor lo que se hace en el país para fomentar la conservación de bosques.

Según los técnicos forestales que dirigieron el taller, pocos entienden que se puede tener un bosque y percibir beneficios por el simple hecho de preservarlo o de implementar un plan de manejo que permita usufructuar los terrenos que ocupa y, al tiempo, mantener la cobertura boscosa en condiciones aptas para brindar servicios ambientales.

Apuntan que no siempre que en la carretera se vea un cargamento de madera se debe pensar en una actividad ilegal, debido a que existen dueños de fincas a los que Medio Ambiente autoriza el corte controlado, a cambio de la siembra de otras plántulas.

De hecho, en el país existen 800 planes de manejo de bosques, que cubren un área de 70 mil hectáreas a nivel nacional y que se ubican en Jarabacoa, San José de Las Matas, Jánico, Restauración y Santiago Rodríguez.

De esos planes autorizados, sólo 120 se encuentran en funcionamiento, pues según explica Francisca Rosario, directora de Bosques y Recursos Forestales del Ministerio, las autorizaciones para operar dependen de la capacidad de seguimiento que los técnicos oficiales puedan tener.

Refiere que todavía los agricultores temen destinar sus parcelas a esos planes, debido a que durante 30 años en el país existió una conservación estricta, que prohibía el corte de la madera.

Eso, según recuerda, dio pie a que muchas personas prefieran cortar y hasta quemar los bosques de sus predios en horas de la noche, con el objetivo de aprovecharlos.

Un ejemplo de esas acciones ilegales se desprende del testimonio de Ariel Abreu, un campesino que tiene una propiedad de 10 mil tareas en las montañas de El Dajao, en Jarabacoa. "Por mí que las quemaran todas, para yo sembrar yerba (pasto) para las vacas", cuenta. Pero esa actitud la tenía hace unos 15 años atrás, cuando dedicaba sus tierras a la crianza de ganado. Ahora, dueño de un próspero aserradero que le aporta millones al mes, cuida de que nadie siquiera fume un cigarrillo en su propiedad para evitar un incendio en su plantación de pino.

En la Cuenca del Yaque

En Jarabacoa hay 16 planes de manejo y 14 aserraderos, incluidos el de Ariel. Entre sus bosques, de pinos principalmente, se esconde el nacimiento de uno de los ríos más grandes e importantes del país: el Yaque del Norte. La cuenca del afluente abarca unas 80 mil hectáreas, de las que unas 40 mil son bosques y el resto es terreno urbanizado o dedicado a la agricultura.

De la cantidad de bosques, por lo menos la mitad, unas 20 mil hectáreas, son áreas protegidas, pertenecientes a los parques J. Armando Bermúdez y a la Reserva Científica Ébano Verde. Las otras 20 mil hectáreas de bosques son propiedad privada, de las que apenas unas 2 mil están en los planes de manejo.

"Nos quedan 18 mil hectáreas que son bosques privados y que probablemente la mayoría califica para entrar (a un plan de manejo forestal), pero hay una serie de autorizaciones que tienen que tener los dueños de las tierras, pues implica que un técnico forestal vaya, haga un inventario para determinar la cantidad y volumen de madera que hay y, luego, en función del crecimiento que se estima que puede tener ese bosque, se proyecta la cantidad de extracción", explica Santa Rosario, gerente del proyecto Pagos por Servicios Ambientales de la Cuenca Yaque del Norte.

Y es que, la conservación de los bosques no se limita a la declaratoria de áreas protegidas o ala producción de plantas madereras para su explotación comercial controlada. También existe el plan de conservación estricta con pago a los dueños de los terrenos.

Los PSA

Sol Teresa, encargada del programa de Pagos por Servicios Ambientales (PSA), indica que en el país existen tres proyectos pilotos bajo esa modalidad.

Además del de Jarabacoa, que beneficia a 22 agricultores, está el programa de protección del Zorzal, en la reserva Científica Loma Quita Espuela y otro que ejecuta con la Fundación Sur Futuro en la Región Sur.

En el programa de PSA, coordinado por el Ministerio de Medio Ambiente, participan además la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) y la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID).

Según Sol Teresa, el Programa se maneja con un fondo especial que aportan las tres entidades participantes, y que en la actualidad ronda los RD$10 millones. De esa cantidad, RD$1.5 millones se han repartido entre los beneficiarios de Jarabacoa. Daniel Domínguez es uno de los favorecidos. "A mí me dan... falta poquito para 20 mil pesos. Me los dan cada seis meses", comenta Domínguez, de 73 años, quien dedica 18 tareas de sus tierras a la producción de café.

Para obtener el pago por suplantación, permite que un personal de Medio Ambiente visite con frecuencia su finca para supervisar que todo está en orden. No puede usar químicos, aunque esa decisión ya la había adoptado hace muchos años atrás, cuando todavía o existía el plan.

"Desde el 1998 no usaba químicos. No porque nadie me dijera, sino por mi salud, porque yo estaba bien (de salud) y cuando echaba químicos me sentía mal; en la noche me daba una comezón y desatino en el cuerpo y la sangre, y cuando dejé de echarlos (aplicar los químicos): ¡cero! Mi cuerpo está en salud"

Hacia el mercado de carbono

Sea con áreas protegidas o con planes de manejo, la preservación del bosque puede traducirse en un mecanismo de captación de recursos para el país, a través del mercado internacional de bonos de carbono. Dichos bonos fueron aprobados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como mecanismo de compensación para los países que logren reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático.

Las plantas, por su composición biológica, son captadoras de carbono (CO2), que utilizan en su proceso de fotosíntesis y que luego fijan en sus tallos y raíces. A más planta, más CO2 se retira del ambiente y más recursos podrán recibir los países "verdes".

Pero, todavía no se tiene bien claro -y en eso hacen énfasis los técnicos de Medio Ambiente- quién aportará los recursos. Tampoco, ¿cómo se entregarán a los países y en qué tiempo? Los miembros de la ONU no logran ponerse de acuerdo, pese a que llevan años discutiéndolo.

Mientras se debaten estos temas, surgió en el 2010 el Programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques en Centroamérica y República Dominicana (REDD/CCAD/GTZ), una iniciativa de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y la Cooperación Técnica Alemana (GIZ). Dicho programa busca crear las condiciones marco "para ejecutar efectivamente mecanismos de compensación para la reducción de CO2 provenientes del desmonte y degradación de bosques".

Los técnicos de REDD asesoran al país en cuanto a la estrategia que debe implementar para negociar su compensación en el mercado de carbono. Pero como explica Nathalie Flores, coordinadora de REDD/CCAD/GIZ en el país, dichas compensaciones se tomarán un tiempo en llegar, pues una vez se logre un acuerdo en la ONU, cada país deberá demostrar que redujo su proyección estimada de destrucción de bosques.

La diferencia entre la cantidad de bosques proyectada en un período y la cantidad real recuperada, será la base sobre la cual se dará la compensación, si es que en definitiva los países se ponen de acuerdo.

Diario Libre