La piedra de Félix
Diario Libre
En República Dominicana hay 167 menores de edad que cumplen tiempo por homicidio. Es la infracción que lidera las causas de las sanciones adolescentes. Félix, a los 14 años, se sumó a esta cifra. Su historia, mezcla de infortunio y miseria, se presta a debate en tiempos en que se discute la modificación al Código del Menor.
Félix (15 años) vive hace cinco meses en un edificio que parece escuela, pero que tiene las ventanas y puertas blindadas por rejas y candados. Está recluido en el Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con La Ley Penal de Manoguayabo, a la espera de que se cumplan los dos años de sanción que le impuso el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Baní.
Hace algunos meses, cuando tenía 14 años, mató a su vecina de una pedrada en el corazón.
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La Semana Santa recién pasada había hecho poco y nada para calmar los ánimos entre dos de las vecinas de un estrecho pasaje de Gualey. La discusión era rutina, y esa mañana del lunes 25 de abril de 2011 el ambiente se calentó por una pelea de niños. Uno de los hijos de Teresa (32 años), madre de Félix, había discutido con la niña menor de Rosa. Que si él la tumbó en bicicleta. Que si ella le lanzó cerezas. Él, de 13 años, y ella, de cinco, llevaron las quejas a sus madres.
Lo que consta en la investigación del caso es la recomendación de Teresa al menor:
—Explótala. Que yo tengo con qué pagar la multa.
La frase aparecerá en más de una ocasión en el archivo, en la boca de testigos, en el análisis que conocidos y profesores hacen sobre el comportamiento de Teresa. “Ella incentivaba a la violencia”, recuerda la directora de la escuela donde asistían Félix y sus tres hermanos menores.
Bajo esa premisa cayó la tarde. Teresa fue a buscar un botellón de agua. Lo cargó sobre su hombro derecho y caminó hacia su casa celeste por el único camino de tierra que accede a ella. Félix la acompañaba un poco más atrás.
Recuerda una testigo: “En ese momento la señora Rosa estaba limpiando, y cuando escuchó a Teresa, salió con un palo de escoba a perseguirla hasta su propia casa”. Algunos dicen que Teresa la provocó. Otros, que Rosa la estaba esperando. Ambas se enfrentaron a palos en el patio de Teresa, y Félix agarró piedras del suelo para defender a su madre.
Los vecinos intervinieron y separaron a las mujeres. En ese instante, Félix lanzó la última pedrada. Sería la fatal. Rosa cayó al suelo y no se levantó más.
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En el país existen ocho centros privativos de libertad para adolescentes en conflicto con la ley. Albergan a 551 jóvenes de entre 13 y 18 años que cumplen sanciones o medidas preventivas, y son administrados por la Dirección Nacional de Atención Integral de la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, que depende de la Procuraduría General de la República.
De acuerdo a este organismo, a diciembre de 2010 la mayor infracción por la que estaban internos los adolescentes era el homicidio. Un 35% estaba recluido por este motivo, seguido de un 30.4% por robo agravado. Estas estadísticas, sin embargo, no consideran los datos del Centro de Manoguayabo, que empezó a funcionar en mayo pasado para albergar exclusivamente a la población de entre 13 y 15 años, y protegerla así de los abusos de los internos de mayor edad.
Es en este centro donde está recluido Félix. De un total de 34 adolescentes, él es el único que actualmente cumple sanción por homicidio.
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Bajo la ley actual, Félix recibió una sanción de dos años. Es lo que establece el Código del Menor (Ley 136-03): tres años como máximo para los adolescentes de entre 13 y 15 años, y un tope de cinco años para los menores de entre 16 y 18 años.
Si la modificación al Código que hoy duerme en el Senado estuviera vigente, a Félix le podrían haber caído hasta 10 años. Eso, por tener menos de 15 años. El proyecto –que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados- eleva a 15 años la sanción posible para los adolescentes de entre 16 y 18 años.
Marisol Tobal, Procuradora de Niños, Niñas y Adolescentes, ha criticado públicamente esta iniciativa: “Sabemos que el endurecimiento de una sanción para un adolescente no resuelve nada, porque estamos dejando de lado la causa que lo está llevando a infringir: la problemática social, económica, la deserción escolar, la descomposición familiar”.
“A diferencia de lo que se piensa, el adolescente no premedita como lo hace el adulto. Está en el proceso de desarrollar su personalidad psíquica, emocional y física, y suele actuar un poco al vuelo, al aquí y al ahora”, explica.
“Por eso mismo los adolescentes son fácilmente apresados, porque no tienden a esconderse. Casi siempre son agarrados acabando de cometerse el hecho. Y casi siempre aceptan la situación”. Fue el caso de Félix: esa misma tarde, y apenas se enteró, su padre lo llevó a las autoridades.
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Félix es un quijote de piel morena y orejas prominentes. Alto y espigado, dedos de pitcher y actitud cabizbaja, tiene dos dientes delanteros trizados que forman un triángulo. Habla poco.
—Si fue Dios el que hizo que yo estuviera aquí, está bien –reflexiona a duras penas.
—¿Te gusta estar acá?
—¡Oh! Pa´ que me maten en la calle, yo prefiero estar aquí.
—¿Y por qué crees que te van a matar en la calle?
—Porque hay mucha delincuencia. A un primito mío lo mató de un tiro un policía, hace un año ya. Sin querer, probando una pistola. Le atravesó el corazón. Tenía 14 años.
“Son hijos de familias con muchos problemas, con necesidades afectivas, económicas, educativas. Con mucha intolerancia”, detalla Lilian Ortega, directora del centro de Manoguayabo. “Entonces no podemos, a un muchacho que llegue a los 13 años, encerrarlo durante 10 años. Se le habrá mutilado el espacio de tiempo apto para desarrollar su vocación. Lo que hay que pensar es el tiempo que nos tomamos para generar un cambio de actitud en él y llevarlo al seno de su sociedad, para que pueda continuar”.
—¿Qué es lo que más te gusta hacer en el centro?
— Ayudar a los compañeros a limpiar, e ir a la escuela.
—¿Has pensado en si quieres estudiar algo?
—¿Cuando sea grande? Quiero ser abogado. Para defender a los compañeros.
—Hay que leer mucho para eso.
—Yo casi no sé leer. Un chin namás. Es que yo no iba a la escuela cuando estaba suelto, me fugaba al monte con los muchachos a cazar pájaros con piedras. Pero acá me están enseñando.
“Cuando pasó lo que pasó, tenía varios días que no venía a la escuela”, confirma la directora del centro donde estudiaba el adolescente. “Incluso le habló mentiras a su mamá, le dijo que uno lo había mandado [a la casa]. Pero ella –Teresa- no vino nunca a investigar”.
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La fiscal de menores de la jurisdicción de Peravia, Odesty Luna Percel, fue la encargada de llevar el caso. Desde su oficina del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Baní explica que los antecedentes de comportamiento de Félix fueron clave para determinar su responsabilidad en la muerte de Rosa.
“Hicimos una investigación amplia en el centro donde estudiaba, con los vecinos más cercanos y sus familiares, y nos dimos cuenta de que el adolescente no solo había tenido problemas con la occisa, sino que incluso había tenido enfrentamientos con personas mayores de edad y exhibía un comportamiento negativo en la escuela”, resume.
La directora de la escuela donde estudiaba Félix asegura que al menor, repitente de varios cursos, le gustaba “pelear y darle golpes a los más chiquitos”. Recuerda uno de los conflictos que recoge la investigación:
“Él tuvo un pleito con una niña de su edad, fuera del recinto. Ella lo aruñó, pero fue él que la buscó. Tuvimos que hacerle guardia como un mes en hora de recreo, porque él decía que le iba a dar. Incluso llegó a decir que iba a traer un bisturí. Nosotros teníamos que revisar la mochila de él y sus amigos para evitar una desgracia”. Cuando llamó a reunión a Teresa para solucionar el conflicto, la respuesta fue clara:
—Él no le va a dar aquí en la escuela, pero él no se puede quedar así.
Odesty Luna suspira: “Entendemos que la gran mayoría de los adolescentes que son infractores de la ley penal son víctimas del medio, de los familiares que deben ayudarlos a educarse pero muchas veces cooperan con una conducta de esa naturaleza”.
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Gualey es uno de los sectores barriales más antiguos de la capital. De los casi 18 mil habitantes que contabiliza el Ayuntamiento del Distrito Nacional, solo un 5% gana 7 mil pesos mensuales (182 dólares). El resto gana menos.
La familia de Félix pertenece a esa mayoría. Sostenida solo por los ingresos de albañil del padre, los hermanos y progenitores vivían en 20 metros cuadrados cubiertos de zinc. El adolescente vivía al lado, con los abuelos maternos –“los abuelos malcriaban, y le quitaban la autoridad a los padres”, reflexiona una de sus antiguas profesoras.
El padre (36 años) conoció a Teresa cuando ella era menor de edad. Ella estaba embarazada de Félix en el momento en que pusieron fin a la relación, para reunirse nuevamente algunos años después. El hombre, defienden los que lo conocen, trataba de poner orden a la conducta de Félix –“inquieto y desordenado, pero buen hermano” según sus palabras-, pero la madre lo impedía.
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En Gualey, los apodos se comen a los vivos. Se tragan por completo el nombre oficial y no dejan rastro de lo que dice la cédula de identidad, si es que la hay. Chino –“sí, se llamaba Félix pero no lo llamaban así”- no tenía ni siquiera registro de nacimiento: sus padres nunca lo declararon. Solo con la prueba ósea que se le realizó el 20 de mayo se comprobó que su edad -14 años- era tal.
A Rosa no le queda ni el nombre. Es, como mucho, Diory. Los vecinos se refieren a ella como “la occisa”, y a veces, “la muerta”. Falleció a los 28 años, dejó a un viudo y a cuatro niñas de entre 5 y 11 años. Tres de ellas llevan el nombre feminizado de su padre como primer o segundo nombre, y la más pequeña lleva el apodo de la madre. Ninguna de ellas se llama Rosa.
En Gualey, también, la vida continúa. Teresa está condenada a un año de prisión bajo el cargo de complicidad, y su marido e hijos se han cambiado de casa. La familia de la víctima también se ha mudado. Félix, en el centro, asegura que cuando salga quiere “seguir estudiando”, pero sabe que no podrá volver a Gualey. En su comunidad, la junta de vecinos lo ha declarado “antisocial” e indeseado en una carta formal y sellada dirigida a la licenciada que llevó el caso. “No queremos que ocurra algo similar”, cierra la carta antes de exigir justicia.
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