Documentos que cortan alas

Daniel y Jean dan -juntos- pasos firmes hacia un futuro de superación. Llevan a cuestas sus mochilas repletas, más que de libros, de sueños y anhelos de éxito profesional. Pero sus planes son truncados por la carencia de actas de nacimiento, un muro que corta las alas de su esperanza y los encierra en una celda de impotencia e indignación.

Ambos jóvenes se graduaron hace poco de bachiller en la escuela Francisco José Cabral, del sector Los Guarícanos, Villa Mella. La dirección del plantel, que acoge a unos 4 mil estudiantes en tres tandas, tanto de básica como media, los reconoció a los dos como los mejores por sus altos grados académicos. Las notas de Jean están sobre los 95 puntos y las de Daniel en 99 (el sistema de registro no le admite el 100).

Complacidos con su desempeño, las autoridades de la escuela les gestionaron becas de estudios para la universidad, pero se pueden perder, si sus familias no logran conseguir a tiempo los documentos que necesitan la Oficialía de Estado Civil.

Jean, de 18 años de edad, hijo de padres dominicanos, no dispone de un acta de nacimiento. Su madre, Alexandra Jiménez, de 37 años, lo declaró en una oficialía de Villa Mella cuando el niño tenía 5, pero después, cuando en la escuela empezaron a pedirle el acta certificada, se encontró con la mala noticia, inexplicable para ella, de que ni Jean, ni sus otros dos hijos mayores, estaban inscritos en el Registro Civil. Por más de un año, Alexandra ha gestionado en las oficialías el reconocimiento de sus hijos (el padre falleció), y logró que le entregaran la documentación a dos de ellos, pero la de Jean -el único que estudia de los tres- le ha sido negada.

"Primero era que tenía un nombre mal, luego le pusieron el año de nacimiento mal y tuve que hacer una rectificación", cuenta la madre. Sin desfallecer, volvió a depositar los documentos en el Departamento de Niños Niñas y Adolescentes con la esperanza de que ahora sí la Junta Central Electoral (JCE) reconozca la nacionalidad de su hijo. Pero Jean ya se siente agotado del proceso. "Por mí que se queden con eso, que no me den 'ná'", expresa resentido. Luego, traga en seco y admite su pesar: "Lo que más me duele es que muchos que estaban estudiando con uno, que no tenían interés, ya se inscribieron en la universidad, y uno, que tiene el deseo, no puede".

Con la estampa del 12

Daniel tiene una estampa que lo condena a la incertidumbre. Sus padres son de nacionalidad haitiana, ambos en condición de "ilegales" en el país. Aunque tienen más de 20 años en el territorio nacional, no solicitaron nunca una residencia. Ismane Noel, la madre de Daniel, se justifica en la falta de dinero, pues hacer el trámite de la legalización le costaría un mínimo RD$30 mil, que no puede costear con las pírricas ganancias del negocio informal de venta de golosinas y galletas que tiene en su pequeña casa.

Sin embargo, como Daniel nació en suelo dominicano, 19 años atrás, cuando la visa de su madre aún tenía vigencia, logró hacerse de sus documentos de identidad, incluyendo el acta de nacimiento que le entregó la JCE, organismo que administra el Registro Civil.

Con su acta en mano, Daniel cursó sin problemas todos los cursos de primaria y secundaria, e incluso, obtuvo sus certificados escolares. Su problema empezó cuando, al cumplir los 18 años, solicitó su cédula. Lo enviaron de departamento en departamento y de organismo en organismo, sin resultados aún. La cadena ha sido larga y costosa, según refieren madre e hijo.

La explicación al calvario de Daniel se encuentra en la Resolución 12-07 que emitió la JCE en el 2007, y que establece el procedimiento para suspender provisionalmente la expedición de actas del Estado Civil viciadas o instrumentadas de manera irregular. Dicha resolución autoriza a que la Junta, de manera administrativa, estampe un sello de suspensión provisional en los folios al que pertenezca un documento "irregular", y a no entregar copias de las actas, hasta que el Pleno decida si procede emitir o anular el acta definitivamente.

La resolución se modificó el año pasado, mediante el oficio 32-2011, que instruye para que las actas de nacimiento de los hijos de extranjeros que estén en investigación se expidan libremente hasta que el pleno de la Junta determine si son válidas o no, y proceda a solicitar su nulidad ante un tribunal.

La modificación se hizo luego de varias protestas de grupos defensores de derechos humanos que denunciaron que la disposición afectaba a más de 1,500 dominicanos de ascendencia haitiana.

Sueños compartidos

Pese a sus raíces distintas, Jean y Daniel comparten sueños y vicisitudes; horas de estudios y de ocio. Entre los dos se comunican en un inglés que aprendieron leyendo libros en sus casas. De vez en cuando, dan soporte en la escuela para la enseñanza de física y matemáticas y quieren ir a la universidad a estudiar estadística. Los dos jovencitos quieren ir a la academia militar, no porque les guste la milicia, sino, para asegurar los recursos para sus estudios. Hijos de madres solteras, con finanzas precarias, no podrán pagar su formación directamente.

En la escuela donde Jean y Daniel se formaron, la Francisco José Cabral, se escuchan decenas de historias similares a las suyas, niños y niñas inexistentes ante el Registro Civil, aunque muy palpables en el de sus maestros.

"Ya los papeles están en proceso, pero no nos lo entregan aún. Mi temor es porque ya estoy en octavo grado y sin el acta no puedo tomar las Pruebas Nacionales", comenta una de dos hermanitas de 16 y 12 años, hijas de padres haitianos.

Otra estudiante cuenta cómo la riña entre sus padres, que no ceden para que uno u otro la declare ante una oficialía civil, la mantiene todavía en limbo legal.

El director regente de la escuela, Faustino Santana, indica que el plantel tiene una gran incidencia de niños sin actas, que puede alcanzar el 20% de la matrícula. Atribuye la cantidad de casos a la cercanía de la escuela con dos bateyes: el Estrella y el Cazabe, donde hay una alta población de nacionales haitianos, muchos de ellos sin documentos.

Pero la situación no es exclusiva de una nacionalidad, como lo comprueba el caso de Jean. Las historias tocan incluso al propio director Santana, quien refiere una hija de 14 años que no ha podido declarar, aunque depositó los documentos hace tres años, porque la madre murió y necesita que una cuñada, que vive fuera del país, acuda con él hasta la oficialía para poder seguir el trámite. El portero del plantel Héctor Manuel Peña, oriundo de Jimaní, menciona a su hijo de 17 años, también sin declarar.

Tanto Santana como la directora docente de la escuela, Manuela Carmona, responsabilizan a los padres por la falta de documentos de sus hijos. Aquí cada año se les exige que traigan el acta de nacimiento para la inscripción, pero no lo hacen", dice Carmona.

Aclara que en ningún caso se deja fuera al estudiante. "Lo que hacemos es ponerlos como oyentes, luego le damos un formulario que tiene que llenar y firmar un familiar, y así terminan hasta la secundaria. El problema es cuando van para la universidad que necesitan el documento", dice Santana.

Inexistentes

En el país no existen registros exactos de la cantidad de personas sin declarar. Un estudio realizado en el 2002 por el Gabinete Social de la Presidencia contó un total de 364 mil personas fuera el Registro Civil, sólo en los sectores empobrecidos. La cifra se asemeja a los 350 mil dominicanos que han sido declarados en los últimos seis años a través de la Unidad Central de Declaraciones Tardía de la Junta Central Electoral, según informa su encargado el juez José Ángel Aquino.

En el caso de los estudiantes, el Ministerio de Educación realizó un censo en el 2006, que establecía un total de 17 mil niños niñas y adolescentes que cursan estudios en las escuelas públicas sin contar con su acta de nacimiento. La Junta, con la colaboración de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), realizó entre 2009 y 2010 el proyecto "Fortalecimiento al Sistema de Registro Civil y de Identidad", con el que se logró dotar del documento a 8,559 estudiantes.

Los casi 9 mil restantes, explica Aquino, no fueron declarados porque no aparecían cuando los oficiales los procuraron, o porque sus padres tampoco estaban declarados y tuvieron que retrasar sus procesos, o, como en la mayoría de los casos, porque ya estaban declarados, aunque no tenían el documento en la escuela. Ante esa situación, el magistrado no se aventura a estimar siquiera la cantidad de estudiantes que quedan sin declarar.

"Hay que hacer una investigación más precisa, pues en los centros, cuando el niño no tiene el acta, se piensa que no está declarado, y en el 50% de los casos sí lo está", comenta. En el caso de los estudiantes extranjeros, el Ministerio de Educación estimó en unos 24 mil los que estaban sin actas, e incluso anunció que crearía una mesa de seguimiento para atender esos casos. La mesa aun no se ha formado, según supo DL, y las autoridades del Ministerio no respondieron el por qué, pese a que se les preguntó.

En el 2006, el Ministerio de Educación identificó un total de 17 mil niños y niñas sin actas de nacimiento en las escuelas públicas.

Diario Libre