ACTUALIDAD|22 nov 2012, 09:15 AM|POR Ana Arana y Daniela Guazo, Fundación MEPI
Fundación MEPI

La narco-guerra se intensifica y asesina al periodismo

El reloj marcaba 38 minutos del primer tiempo, del partido Santos contra Monarcas, en el estadio Territorio Santos Modelo, a 442 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, cuando los jugadores dejaron de perseguir el balón y corrieron hacia los vestidores. Había una balacera. El sonido de las balas interrumpió a los cronistas. Millones de espectadores mexicanos frente a la televisión observaron cómo se desarrollaba un enfrentamiento entre uno de los carteles más sanguinarios de México y la policía municipal de la ciudad industrial de Torreón, Coahuila.
 
 

La cámara mostró a niños, ancianos, mujeres y hombres aterrorizados, escondidos debajo de los asientos. Televisión Azteca detuvo la transmisión. Pero el canal internacional ESPN siguió al aire, rompiendo su record mundial de audiencia en un juego de futbol local.

Por primera vez la violencia relacionada con el narcotráfico se mezclaba con el deporte tradicional por excelencia en México. Pero esas agresiones también se viven dentro de los medios regionales mexicanos: grupos criminales continúan amenazándolos cuando reportan sobre la guerra contra el narcotráfico en el país, que ya suma más de 60 mil muertos desde que el Presidente saliente, Felipe Calderón Hinojosa, tomó posesión en 2006.



Las amenazas y un vacío de información oficial complican el trabajo de los reporteros, de acuerdo con una investigación sobre autocensura en la prensa regional realizada por Fundación MEPI, una organización de periodismo de investigación basada en la Ciudad de México.

En la redacción del periódico regional El Siglo de Torreón los editores y reporteros debatieron la noticia. Entendían su importancia, pero dudaban sobre publicar las fotos en primera plana. La balacera había sido entre el grupo criminal Los Zetas y un contingente de la policía municipal destacado cerca del estadio.

"Sabíamos que si las publicábamos (las fotos) íbamos a incurrir en mucho peligro", dijo Javier Garza, director editorial del diario. Su preocupación estaba fundamentada. Desde 2009, las oficinas del diario han sido atacadas en dos ocasiones por hombres armados. Los periodistas de El Siglo han recibido amenazas y advertencias de criminales a los que disgusta su cobertura sobre narcotráfico y violencia.

México fue el país más peligroso del mundo para un reportero en 2011, según el Instituto Internacional de la Prensa (IPI). Diez periodistas fueron asesinados el año pasado y la tendencia continúa en 2012. El miedo constante de ser blanco de represalias del crimen organizado ha profundizado el sentido de autocensura en los medios regionales mexicanos, de acuerdo con la investigación de MEPI.

En dicha investigación, que duró seis meses, se monitorearon periódicos en 14 de los 31 estados de la República Mexicana, como continuación de otro estudio realizado por MEPI en 2010. Este nuevo trabajo buscó medir cómo los contenidos de las publicaciones de esos estados, ubicados en el centro y norte del país, fueron impactados por la violencia. Se encontró que la cobertura sobre crimen organizado de estos medios regionales aumentó más del 100 por ciento en 2011 en comparación con el estudio de 2010. Las nuevas cifras indican que 7 de cada 10 historias publicadas eran sobre incidentes relacionados con el crimen organizado en tales estados. Aun así, únicamente dos de los periódicos que MEPI monitoreó -El Norte en Monterrey y El Informador en Guadalajara-contextualizaron la violencia, identificaron a las víctimas y dando seguimiento a las historias.

La nota sobre la balacera en el estadio apareció en primera plana al día siguiente. Sin embargo, El Siglo no explicó las razones del enfrentamiento entre Zetas y policías, ciñéndose así a sus políticas editoriales. Los editores saben que los criminales leen sus páginas para conocer cómo aluden a sus
organizaciones e intentan no provocarlos.
 


El espectáculo de la violencia

Una mayor cobertura en los periódicos regionales en 2011 no reflejó políticas editoriales ni trabajos periodísticos más contundentes. Respondió a un crecimiento exponencial de la violencia en México, que ese año incluyó más ejecuciones del crimen organizado, las cuales aumentaron un 9 por ciento en todo el país, según el sociólogo Eduardo Guerrero, de Lantia Asociados. En algunos municipios la cifra se disparó a más del 100 por ciento.

"Los asesinatos fueron espectaculares en tamaño y dimensión", dijo por su parte Alejandro Hope, experto en seguridad y ex analista del órgano de inteligencia civil mexicano, CISEN. "No había manera de que la prensa regional los ignorara".

Entre los incidentes más sangrientos de 2011 se cuentan: en Monterrey, el incendio provocado por Los Zetas en el Casino Royale, una casa de apuestas y donde murieron 52 personas. En Veracruz, al sur del país, fueron encontrados 35 cuerpos desnudos en una avenida principal. En Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México, fueron hallados 28 cuerpos hacinados en una camioneta abandonada en una calle muy transitada.

Reportes policiacos incompletos

El miedo no es la única razón de una cobertura superficial de la violencia en México., según editores y reporteros.

El flujo limitado de información oficial es el factor clave que afecta los contenidos en los periódicos. En el caso de la balacera en el estadio de Torreón, las autoridades locales no proporcionaron un reporte policiaco completo y, de acuerdo con los protocolos de seguridad de El Siglo, los reporteros solo incluyeron las versiones oficiales en sus historias.

"Ha sido un calvario obtener datos precisos de las autoridades locales", dijo Garza. Por ejemplo, la metodología usada por las procuradurías estatales para contabilizar homicidios es diferente a la utilizada por la policía municipal. "Algunas veces recibimos información de tres agencias de gobierno, y todas se contradicen entre si", precisó.

Sin información consistente de autoridades locales y federales, los medios regionales no pueden añadir contexto en sus notas, dijo Garza.

No todo es fácil de explicar. La relación entre la violencia y los medios es multifacética.

Torreón es territorio disputado por carteles del narcotráfico, y otros siete estados están en la misma situación, atrapados en un fuego cruzado entre organizaciones criminales y con poca información oficial que contextualice la violencia. En la mayoría de estos estados, tales factores inclinan la balanza en la cobertura y las actividades criminales, como decapitaciones y secuestros, predominan en los reportes periodísticos.

Una revisión de los contenidos de El Siglo de Torreon en 2011 muestra que en las historias periodísticas donde se menciona al crimen organizado, 457 eran sobre acciones policiacas frente a 713 donde se destacan las de grupos criminales.

Irónicamente, los medios de estados controlados por un grupo criminal tienden a publicar más notas sobre acciones del gobierno, como arrestos y operaciones policiacas.

Los medios en Tamaulipas, Michoacán y Zacatecas, estados influenciados por el grupo de Los Zetas, evitan escribir sobre esa organización criminal y sus actividades.

En Tamaulipas, donde el estudio de MEPI encontró el índice más alto de autocensura, el diario El Mañana rara vez cubre violencia del crimen organizado. Las pocas historias sobre crimen que publica suceden en Texas.

En ese estado los periódicos imponen códigos que restringen la cobertura, mientras que los reporteros, temiendo por su seguridad, se contienen en su manera de informar. "En Tamaulipas la prensa está cooptada", dijo Carlos Flores, experto en seguridad y autor de un libro sobre la colusión entre los gobiernos estatales y el crimen organizado en Tamaulipas. Otra preocupación para muchos periodistas son los casos de infiltración de los carteles en las redacciones, a través de colegas reporteros, de acuerdo con Flores.

Michoacán es otro estado donde la cobertura sobre crimen organizado es limitada, según el estudio de MEPI. Esto ocurre a pesar de que es abiertamente aceptado que el cartel de La Familia y otro grupo, Los Caballeros Templarios, controlan las actividades criminales. El diario monitoreado, La Voz de Michoacán, nunca menciona a ninguno de estos dos grupos en sus notas.

Sin una solución fácil

Algunas ciudades han mejorado el flujo de información gracias a la participación de la sociedad civil e iniciativas del sector privado. En Ciudad Juárez y Monterrey, por ejemplo, nuevas organizaciones han contribuido al aumento en el uso de estadísticas. La creación hace dos años de la Mesa de Seguridad de Ciudad Juárez, una entidad que trabaja con el gobierno local y la sociedad civil, ha propiciado un mejor flujo de información, según Alfredo Quijano, editor del periódico Norte. En Monterrey, un grupo privado de abogados creó al Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León, que promueve la transparencia gubernamental y en especial el tema de seguridad.

La falta de confiabilidad en el flujo de información tiene sus orígenes en la historia unipartidista de México, dijo Flores. "Durante años las autoridades no sirvieron para informar al público, sino para publicar información que favoreciera al gobierno".

No será fácil cambiar la actitud de las autoridades para que proporcionen información de calidad, según analistas de los reportes gubernamentales en México.

Muchas veces los gobiernos locales no tienen el entrenamiento para saber qué sucede en sus regiones, sostuvo Leticia Ramírez de Alba, coordinadora de estudios en tendencias criminales para la organización no gubernamental México Evalúa.

Muchos representantes de los gobiernos locales no tienen habilidades básicas de investigación policiaca, mientras que otros están coludidos con el crimen organizado, dijo. En los últimos seis años decenas de altos funcionarios en el gobierno han sido identificados por la inteligencia mexicana por sus nexos con distintos grupos del crimen organizado. Un ejemplo es el reciente arresto de 14 policías federales acusados del probable intento de asesinato, en agosto de este año, de dos oficiales de la CIA y un capitán de la Marina mexicana en una carretera cerca de la Ciudad de México. Oficiales de Estados Unidos sospechan que los oficiales detenidos tienen nexos con el crimen organizado, de acuerdo con reportes de la prensa.
 

En esta fotografía del 24 de agosto de 2012, personal militar de México revisa una camioneta en la que dos empleados del gobierno estadounidense y un oficial mexicano fueron atacados a tiros en una autopista que lleva a la ciudad de Cuernavaca. AP

Las estadísticas y los números se han vuelto herramientas importantes para medir la efectividad de programas gubernamentales anti-crimen. En 2010 el Presidente Felipe Calderón, presionado por grupos de derechos humanos, publicó la primera base de datos en línea sobre homicidios relacionados con el crimen organizado desde 2006. Por primera vez hubo disponibles números oficiales que mostraron la creciente violencia asociada al narcotráfico. La base de datos en línea fue criticada por su metodología poco rigurosa. También surgieron controversias legales sobre qué jurisdicción, estado o municipio investigaría los miles de homicidios.

La Procuraduría General de la República publicó más estadísticas en 2011, aunque contemplaba únicamente los homicidios de enero a septiembre. Aún es incierto si el presidente entrante, Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que dirigió el país durante 70 años, continuará haciendo públicas las estadísticas sobre crimen.

Mientras tanto, los estados deben proporcionar al gobierno federal números creíbles sobre las tendencias criminales. Sin embargo recientemente varias autoridades estatales han manipulado los números, para que sus estados parezcan seguros ante la opinión pública. Esta práctica es común, de acuerdo a México Evalúa.

En 2011, por ejemplo, oficiales de Torreón maquillaron las cifras criminales y desaparecieron más de 100 asesinatos de los datos oficiales, reportó El Siglo. En 2007, el gobierno del Estado de México, vecino del Distrito Federal, también manipuló sus números; redujo la tasa de homicidios violentos en un 60 por ciento, según Ramírez de Alba. Esta manipulación ocurrió cuando el Presidente electo, Enrique Peña Nieto, era gobernador de ese estado.

Falta de periodismo agudo en México

El periodismo mexicano es cobarde al indagar en las historias de violencia, dijo el periodista Marco Lara Klhar.

"Los periodistas no están entrenados para reportear historias que vayan más allá de la violencia y que describan problemas endémicos del sistema político y legal mexicano", dijo. "Como periodistas no estamos haciendo nuestro trabajo de un periodismo agudo", añadió.

A su vez, en Torreón, Garza reconoce que él, sus editores y reporteros entienden la necesidad de buscar otras estrategias para cubrir mejor el crimen organizado, de una forma segura, pero por ahora hacen lo mejor que pueden.

En marzo del 2011, 715 periódicos y estaciones de radio y televisión firmaron un acuerdo que promueve la cobertura imparcial del crimen. El documento obliga a los medios a "presentar la información en su contexto correcto y en su justa medida". El tratado también pide a los periodistas que se aseguren de que "la información que se difunda sobre el crimen organizado debe asignar a cada quien la responsabilidad que tenga sobre los hechos de violencia". El Siglo de Torreón firmó el acuerdo, pero está lejos de cumplirlo con la información publicada en sus notas sobre crimen.

Garza dijo que él sabe las limitaciones de su periódico. Aun así, sigue buscando mejores formas de escribir las noticias y sobrevivir. Ahora alienta a sus editores a construir bases de datos y a utilizar estadísticas criminales en mapas y gráficas para contar las historias.

"Pensamos que tal vez así sea la manera de evitar problemas de seguridad en el futuro", concluyó.
 

Noviembre 2011. Tres personas armadas atacaron las instalaciones del periódico. Después de prenderle fuego a un automóvil, que se encontraba frente a la puerta principal del diario, dispararon en más de 20 ocasiones con rifles AK-47 contra la oficina de ventas. MEPI
 
Fundacionmepi.org

Descargar el documento completo de la ivenstigación de la Fundación MEPI "Autocensura en México 2011" (PDF 2.8 mb) 
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