ACTUALIDAD|22 feb 2013, 12:00 AM|7|POR Tania Molina

Mayoría en Pedernales busca su "tajada", y admite hubo fraude en reparto de tierras

Bornes como éste delimitan las tierras en las cercanías de Bahía de las Águilas, sobre todo en Cabo Rojo y en La Cueva.

PEDERNALES. Las tierras de La Cueva, antesala a la playa de Bahía de las Águilas en Pedernales, tienen marca de propiedad privada. Bornes de madera y cemento limitan las porciones de terreno de la costa, huella del reparto irregular que se hicieron personas propias y ajenas al lugar, y que en más de 15 años de litis judicial, no logra una solución definitiva.

Como salida al conflicto, el gobierno de Danilo Medina planteó llegar a acuerdos con los tenedores de los títulos de propiedad, personas que han sido denunciadas hasta la saciedad por la presunta forma "fraudulenta" en que obtuvieron dichos documentos.

La propuesta del Presidente, que implicaba repartir los beneficios de las ventas de los terrenos, 55% para el Estado y 45% para los titulados, ha caldeado los ánimos de los habitantes de la provincia y desde diferentes frentes se elevan voces en defensa de alegados derechos adquiridos. Los pedernalenses, que se dicen llamar ocupantes de los terrenos, también quieren su parte en el reparto, y amenazan hasta con "derramar sangre", si el Gobierno no los toma en cuenta.

Todos comparten el deseo de desarrollo de su provincia, que según el Atlas de Pobreza de República Dominica, elaborado en el 2005, se encuentra entre las más pobres del país, con un 26.8% de su población en pobreza extrema.

Algunos coinciden también en que se tiene que respetar las áreas protegidas que conforman el Parque Nacional Jaragua, incluida Bahía de las Águilas, y donde admiten están parte de las parcelas que fueron ilegalmente tituladas.

Sin embargo, cada frente difiere sobre la forma en que debe hacer las cosas, y las opiniones en las calles abundan tanto como los letreros de "apoyo a la posesión" que se observan en una esquina y otra.

"Lo que estamos reclamando es que al pueblo hay que darle lo que le corresponde, y que el Gobierno no debió negociar con los falsificadores que lo han sumido en la pobreza y miseria durante tanto tiempo, y que han impedido el desarrollo de Pedernales", manifiesta Juan Rodríguez, un abogado que dice representar a varios ocupantes, que según él, llevan hasta 50 años trabajando esas tierras.

En su oficina, Rodríguez tiene documentos que revelan el modo fraudulento en que fueron adquiridos los títulos, y en los que se apoya para pedir su nulidad. Refiere unos 20 casos de personas que aparecen con títulos a su nombre, pero con la cédula de otras, algunos que ni siquiera sabían que tenían tierras en Pedernales, o que obtuvieron el título y luego vendieron a terceros antes de enterarse siquiera que tenían tierras.

"El Presidente debe venir aquí y anular eso que hizo. Y todo el mundo está pidiendo a gritos la anulación, porque sabe que el origen viene de una falsificación", sostiene a la vez que demanda, a modo de indemnización a sus defendidos, el 25% del valor de las tierras y que el Estado se quede con el 75% restante.

Vendió y no se enteró

Entre los casos que lleva el abogado Rodríguez se destaca el de la señora Francis Reyes Pérez, quien se enteró que había sido beneficiada con un título de una parcela el 29 de diciembre del 2008, cuando le llegó una citación para que acudiera al Tribunal de Tierras, en Santo Domingo. La señora dice que acudió a la audiencia no sabe a qué, pues se pasó el día sentada en el tribunal, hasta que en horas de la tarde le dijeron que podía marcharse, y que nadie le dijo nada más.

Lo que sí sabe bien, es que ella no tiene ninguna tierra, a pesar de que le han dicho que tiene un título registrado y que vendió los derechos sobre esa propiedad en unos RD$30 millones. Poco interesada en un "lío" que ella no entiende mucho, Francis continúa su vida tranquila vendiendo fritura en la escuela para ganarse su sustento, aunque no le parece mal que si están repartiendo le den su "parcelita".

Nuestro porcentaje

Otro de los frentes abiertos en Pedernales lo dirige el abogado Rubén Manuel Matos, también representante de ocupantes de antaño.

Convencido de que no habrá una salida pronta a la litis legal por la propiedad de la tierra, y con el deseo de desarrollo de la zona, se conforma con una repartición tripartida entre Estado, titulados y ocupantes. Hablando en representación de un grupo de alrededor de 30 personas que lo acompañan, califica de atinada la decisión del presidente Medina de negociar las tierras con los que tienen el título, y se siente confiado en que también a ellos los llamaran para darles su porcentaje.

Sin embargo, de entre el grupo se escucha la voz de Humberto Matos, un anciano de 94 años que dice llevar 50 en las tierras, y a quien no le gusta la fórmula 55-45. "A mí lo que me desagrada es decir 55 y 45 sin mentar a más nadie. No me gusta eso. Porque él (el presidente) tiene la facilidad de decir 'un 15, un 40 y lo otro es para los pobres', pero no ha dicho eso. A mí no me gustó nada de eso", concluye con gesto de enojo.

Julio César Díaz, otro del grupo, dice que el pueblo se va a organizar y a elevar su protesta, no para que se paralice el proyecto, pues quieren el desarrollo, sino para que se dé participación a los ocupantes que están ahí igual que a los titulados. La ex alcaldesa Adalgisa Matos agrega que "estamos dando un tiempo al gobierno para que dé una respuesta o si no vamos a salir a las calles".

Todos coinciden en que lo molesto de la situación, no es que se reconozca a los titulados, sino el que no los haya tomado en cuenta a ellos.

En el parque de Pedernales, frente a un letrero que reza "25% a los ocupantes", Gerson Féliz Pérez advierte que si no los toman en cuenta habrá problemas. "Si la forma de desarrollar el turismo es dándole a los que tienen títulos, estamos de acuerdo, pero dándome lo mío", aclara.

Fernando Medina, del Comité Pro Desarrollo de Juancho, también propugna el "desarrollo", pero advierte que si no se reconoce a los ocupantes, "por la carretera no pasa nadie".

Francisco Arache, en la localidad de Oviedo, también hace su advertencia. "Esa gente (los que tienen títulos) no tienen tierra por aquí. Que no vengan, que los estamos esperando", y junto a otros que le acompañan, comenta que puede volver a pasar lo que una vez le ocurrió a la Familia Mota, que envió a un abogado a reclamar unos terrenos y el pueblo lo secuestró por un día completo hasta que un fiscal con agentes policiales pudo liberarlo.

Con una postura más sosegada se expresa Erminio Moquete, quien se desempeña como Tesorero del Ayuntamiento de Pedernales. "No es que uno no esté de acuerdo con el desarrollo, no es eso. Con lo que personas como yo no estamos de acuerdo es la forma en cómo el Gobierno decidió transarse. Porque pudo haberlo mediante la expropiación de esos terrenos que originalmente eran del Estado".

Confiados

El gobernador de Pedernales, Ángel Odalis Zabala, reconoce que ya ha habido protestas por el reparto de las tierras, pero no cree que haya mayores problemas. Entiende que con la iniciativa del Presidente se da una solución a un tema que es "muy penoso y que no se había enfrentado con la gallardía y voluntad política necesaria desde que inició el conflicto en 1995". Asegura que el gobierno está abierto para escuchar a la comunidad en un diálogo que él no sabe ni el momento y el lugar para efectuarse. Sí los títulos de las tierras se consiguieron con fraude o no, lo deja en manos de los abogados del gobierno para que sean quienes lo determinen. "Yo me debo al Gobierno y me acojo a la determinación del Presidente de la República", dice.

El director provincial de Medio Ambiente en Pedernales, Leovigildo Méndez, tampoco es mucho lo que sabe de los acuerdos del gobierno, pues igual que Zabala, admite que no participó de la comisión que se nombró para tratar las tierras en la jurisdicción que dirigen.

"Yo debo decir que Bahía de las Águilas no será tocada, y lo ha dicho el ministro de Medio Ambiente y yo creo en él, y creo que así será, pues Bahía de las Águilas es un patrimonio, no solo nacional, sino mundial".

Sin embargo, el funcionario reconoce que dentro de las parcelas tituladas hay algunas que pertenecen al Parque Nacional Jaragua. "Pero esos dueños no se van a reconocer, pues eso es un parque nacional".

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