Estado pacta contratos de concesión sin las debidas previsiones

SANTO DOMINGO. El fracaso de negociaciones millonarias entre el Estado dominicano y empresas de capital extranjero favorecidas con obras mediante la modalidad de las concesiones ha sacado a relucir que se han pactado contratos sin la debida transparencia, la previsión y los estudios pertinentes.

Dichos desaciertos, que en la mayoría de los casos generan grandes pérdidas económicas hacen pensar a más de uno que la República Dominicana es uno de los países peor negociadores del mundo.

El otorgamiento de las concesiones actualmente está generando inquietudes de sectores que entienden deben concederse tras rigurosos estudios de factibilidad.

Es el caso de la presidenta del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), Esther Morillo, quien dice que ciertamente las concesiones son una realidad en todos los países de la región para quitarle carga al Estado, pero que aquí sucede todo lo contrario, y en ocasiones se convierten en un peso incómodo de sobrellevar.

"A nosotros como Codia nos gustaría que desde el Estado se incentive una mayor participación de las empresas dominicanas para que pudieran competir en igualdad de condiciones con las empresas extranjeras, que son las que generalmente ganan ese tipo de concesiones", refirió.

Indicó que el hecho de que sean empresas extranjeras muchas veces implica un desenfoque de la realidad dominicana, como entiende sucedió con la vía Santo Domingo-Samaná.

"A veces como son empresas extranjeras basan sus estudios en realidades que no son las nuestras, entonces una situación como la carretera Santo Domingo-Samaná evidencia una falta de previsión en los estudios que se hacen porque se prevén situaciones en función de realidades tal vez de sus propios países, y no se toman en consideración aspectos que son muy nuestros, y que tienen que ser considerados", enfatizó.

La vía a Samaná vio mermar en el 2012 su flujo vehicular por lo que el Estado debió pagarle un subsidio por RD$1,838.2 millones.

Morillo expresó que la reducción del flujo de vehículos por la vía indica que no se hicieron las previsiones de lugar. Además, precisa que conjuntamente con la carretera debió ponerse en marcha un Plan de Desarrollo para realizar una promoción agresiva del turismo interno en esa región.

También sobre ese tema opinó Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, quien asegura que las concesiones en la República Dominicana han evidenciado en los últimos tiempos grandes debilidades institucionales, en las que se entrega descuartizado el Estado a empresas de capital extranjero.

"Se impone el establecimiento de políticas públicas orientadas a mecanismos que pongan freno a esta situación, en este caso una unidad especializada de negociaciones de seguimiento, y por qué no dar prioridad, favorecer el capital dominicano en estos temas, darles las facilidades a los dominicanos de competir y participar hasta con algún grado de prioridad, sin que esto afecte los acuerdos internacionales", puntualizó.

Destacó que en términos y formas, el Estado ha negociado varios contratos en concesiones que evidencian un mal negocio.

Citó los casos de los peajes, del sector eléctrico y la expedición de documentos oficiales como la licencia de conducir, en donde las manos extranjeras se imponen.

A su juicio, "no hay dudas de que hay debilidades institucionales y hemos venido sucumbiendo. Hemos entregado todo a titulo gratuito".

Potentini afirmó que dichas debilidades quedaron expuestas con la construcción de la carretera Santo Domingo-Samaná, donde ha quedado demostrado que las negociaciones se hicieron sin estudios previos. "Se advierte que hay falta de transparencia, seguimiento y conocimiento por parte de la población y los estamentos llamados a servir como control", dijo.

Otros ejemplos

Otro caso fallido de concesión fue el contrato a 30 años del Estado con la Concesionaria Dominicana de Autopistas y Carreteras, S.A. (Codacsa), a cargo del peaje de Las Américas, el que fue rescindido mediante la resolución No. 5599 emitida por el Senado de la República en el 2008.

A raíz de ello, en mayo del 2012, el Estado dominicano fue condenado por la Cámara Internacional de Comercio de París a pagar una indemnización de US$45 millones a Codacsa por incumplimiento de contrato. Actualmente el Gobierno mantiene la administración de dicho peaje.

Otro ejemplo de desacierto es el peaje construido en la comunidad La Penda de La Vega en la autopista Duarte, que fue desmantelado parcialmente por el Ministerio de Obras Públicas.

El 15 de julio del 2011, el Congreso aprobó al Consorcio Dominicano de Vías Concesionadas (Dovicon) el contrato de concesión de dicho peaje perteneciente al proyecto Viadom.

El acuerdo fue suscrito entre el Estado dominicano y la empresa Viadom por un monto de US$ 471.9 millones, e implicaba la construcción de varias avenidas alternas, que no se construyeron.

La carretera Juan Pablo II que une a Santo Domingo con Samaná fue construida por la empresa de capital colombiano Autopista del Nordeste que, además, tiene a su cargo la administración por 30 años de los peajes.

Su presidenta Ana María Rosario, al ser consultada sobre la posibilidad de que las autoridades dominicanas revisen el contrato ante el desplome del flujo vehicular por la vía, se limitó a responder: "Nosotros no tenemos ningún comentario en este momento, muchas gracias".

Rosario no quiso entrar en ningún detalle al respecto.

Niza Campos