El Prosoli, más allá de la dádiva social, ha capacitado a 181 mil familias y el 50% está en el mercado laboral

SANTO DOMINGO. En los dos años de la actual gestión gubernamental, el Programa Progresando con Solidaridad (Prosoli) ha capacitado a 181,000 familias, de las cuales un 50% se ha integrado al mercado laboral: un 10% con negocios propios y un 40% está en distintas plazas laborales, lo cual viene a ofrecer un aporte a la meta que tiene el gobierno de crear 400,000 empleos en este período presidencial.

Prosoli trabaja en varios componentes para la generación de ingresos: la seguridad alimentaria y la formación humana de las personas que tiene en su lista de beneficiarios, para lo cual tiene 35 centros de capacitación a nivel nacional para el empleo y la producción. A través de estos componentes, el Gobierno apuesta a una mejor calidad de vida de las personas más necesitadas del país.

Para esos fines en el país se desarrolla una estrategia de agricultura familiar a través de la cual promueve la creación de huertos familiares e impulsa el cooperativismo para fortalecimiento y desarrollo agrícola. Así también ofrece apoyo a la comercialización de sus productos, a través de la red de abasto social que maneja la Administradora de Subsidio Sociales (Ades), empresarios aliados y de cinco tiendas que tiendas que maneja la institución.

“Hay otro componente fuerte, que es el de formación humana y conciencia ciudadana para hacer sostenibles las intervenciones con un enfoque de formación en valores y desarrollo humano. En ese marco se ubica el acompañamiento que se da a las familias a través de 16,000 enlaces voluntarios de las mismas comunidades y parte de las familias que son capacitadas por nosotros y que visitan mensualmente a las familias beneficiadas por un período de dos años”, indicó Altagracia Suriel, directora de Prosoli.

Explicó que estos trabajos se realizan para orientar a las familias sobre cada uno de los componentes de los programas, a la vez que buscan la motivación de los beneficiarios para que realicen acciones integrándose a los servicios del Estado y para que participen en las actividades de su comunidad en pro de su propio desarrollo. “Y hay un último componente, que es la habitabilidad y ahí lo que propulsamos es que las familias ahorren para mejorar o reparar sus viviendas y se integren a acciones de protección al medio ambiente”, indicó Suriel.

Durante su participación en el espacio Diálogo Libre de este diario, en el cual también participaron Matilde Chávez, directora del Sistema Único de Beneficiario (Siuben), y Rosa María Suárez, directora técnica del Gabinete de Políticas Sociales, Suriel también destacó la importancia de las transferencias monetarias condicionadas, el acompañamiento socio familiar y la vinculación a los servicios del Estado, acciones que define como estrategias claves de Prosoli.

La funcionaria afirmó que durante los dos años del gobierno encabezado por Danilo Medina, el Prosoli se ha fortalecido y resaltó que, a la llegada de esta administración, había una capacidad de verificación de 40%, y fue incrementada a 95%, lo cual ha sido confirmado por auditorías del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM).

A quienes no cumplen

“Lo que nosotros hacemos es que las personas que no cumplen con sus responsabilidades de salud y educación están sujetas a que se les suspenda el subsidio o la transferencia monetaria condicionada”, dijo Suriel, tras especificar que no se les suspende definitivamente, sino temporalmente, hasta que cumplan con el programa.

Además, Suárez dijo que para no penalizar a las familias en el no cumplimiento de esa condicionalidad, el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, dirigido por la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, realizó una alianza con el Ministerio de Salud Pública para cerrar la brecha de oferta de servicios médicos. “De forma tal de que no se penalice a una familia que ha hecho el esfuerzo de poder ir a vacunar o de controlar su embarazo porque no existe la oferta”, indicó.

Enfatizó que desde el gabinete se están realizando actividades de cierre de brecha y en los últimos dos años se ha trabajado en la rehabilitación de más de 500 centros de atención primaria y la construcción de otros 24 en lugares donde no existía la oferta de esos servicios.

También destacó que están trabajando en coordinación con la Junta Central Electoral (JCE) y ya se han creado cuatro oficialías para la dotación de documentos, ya sean cédulas o actas de nacimiento para que esta problemática no sea una barrera que impida el acceso de los pobres a los beneficios del programa.

Diario Libre