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Gran Santo Domingo: crónica de una metrópoli anunciada

Es necesario definir el ámbito de esta nueva metrópoli, que es más que la provincia de Santo Domingo

SANTO DOMINGO. La hoy metrópoli en ciernes Gran Santo Domingo creció casi a espaldas de sus ciudadanos, hasta contar con más de tres millones de habitantes fijos y unos dos millones flotantes, aproximadamente. Su tamaño aumentó sin que todavía los que están de alguna manera relacionados con este crecimiento desbordado se hayan percatado de que su ciudad ya no es el Distrito Nacional.

El territorio metropolitano se va conformando por escalas espaciales correspondientes a niveles de planificación y actuación (urbana-local-regional-metropolitana) de distintas categorías que determinan un tratamiento y enfoque distinto de su desarrollo planificado, desde la arquitectónica, relacionada con espacio-tiempo-materiales-estructura (1:50), hasta la geopolítica (1:500,000,000), relacionada con las interacciones de los grandes bloques habitados del mundo; pasando por el diseño urbano (1:500), relacionado con el espacio externo, los volúmenes, la ingeniería y la semiótica; la planificación urbana (1:5000), relacionada con los usos del espacio y el ambiente; la planificación regional (1:50,000), relacionada con la economía, sociología, infraestructuras y ambiente; el desarrollo nacional (1:500,000), relacionado con las políticas nacionales, la economía y la sociología; la geografía, el ambiente y las políticas regionales-continentales (1:5,000,000) establecidas (ONU-OEA-BID-BM), las cuales tienen un tratamiento y soluciones distintas para la planificación de su desarrollo.

Antecedentes

La ciudad de Santo Domingo ha pasado por distintas escalas/etapas de crecimiento desde su núcleo central histórico (Ciudad de Ovando) hasta convertirse en una metrópoli, mediante un proceso estrechamente vinculado con el crecimiento económico del país y de la ciudad -a lo largo de las terrazas de la plataforma geomorfológica del Caribe-, acorde con la impronta que cada gobierno y grupos de poder fueron imprimiéndole a este desarrollo, sin una gestión urbana continua y coherente. Ello, a pesar de que desde 1938 el ingeniero José Ramón Báez López-Penha ejecutó el primer esbozo para un plan maestro que llamó "Plano de la Ciudad Trujillo y su futura urbanización", para reestructurar lo que quedó de la villa de Santo Domingo después del ciclón de San Zenón.



Desde ese momento, la forma de apropiación del territorio estuvo estrechamente vinculada con los acontecimientos políticos y económicos nacionales e internacionales que indujeron a trazar el Plan Solow-Vargas Mera (1954) y más tarde, con el comienzo del proceso de la planificación nacional (1992), el Plan Lombardi (1993), un plan maestro de desarrollo urbano (plan director) para un nuevo ordenamiento de la estructura de la ciudad. Se haría mediante la gestión municipal, para un crecimiento cuyo desarrollo se planteó a través de un plan de uso del suelo que incluía los servicios e infraestructura urbana en un "proceso dinámico de interacción entre las líneas guías y normativas establecidas y los proyectos específicos de interacción sometidos por promotores públicos y privados".

Esta propuesta nunca fue formalmente implementada, debido a que su alcance no fue aceptado porque implicaba coordinaciones y gestiones interinstitucionales que por razones políticas, administrativas y financieras se fueron disolviendo en normativas para el uso del suelo (densidad y alturas) sólo de aquellos polígonos del Distrito Nacional donde se concentraron las actividades edilicias de bienes raíces, además de las económicas (banca y otras) y comerciales (malls, tiendas por departamentos, supermercados, etc) sin contar con un plan director que le sirviera de contexto a las infraestructuras necesarias para una verdadera gestión integral del desarrollo de una ciudad que creció sin controles, desestructurada y con una funcionalidad deficiente, así como un crecimiento donde se reproducían las distorsiones y disfunciones generadas por procesos políticos neoliberales, a medida que el capital privado descubría nuevos nichos para sus negocios de bienes raíces y otros.

Así se desarrollaron las urbanizaciones (unidades territoriales) y barriadas a ambos lados de los ríos Isabela y Ozama, y sus afluentes, arroyos y cañadas, convertidos en barrios marginados, y para cuya defensa se propuso un "cinturón verde" con carácter sólo de protección y conservación de sus riveras a medida que el éxodo del campo y ciudades intermedias se volcaba a vivir en la ciudad como resultado de la concentración de las actividades económicas en lo que fue hasta ayer "Santo Domingo y el Distrito Nacional", además de otras áreas verdes (parques metropolitanos) desconectadas entre sí.

Ventana abierta al desarrollo

El siglo XXI llega con una dinámica de crecimiento sin desarrollo, sin contar, primero, con una estructura planificada; segundo, una funcionalidad definida, y tercero, una gobernanza integrada a través de instituciones públicas y privadas que realmente funcionen coordinadas, para lograr una gestión posible para el desarrollo sostenible, como configuración relacional determinada culturalmente como proceso de generación de territorialidad, que a su vez genere relex de redes de relaciones funcionales para una ciudad próspera.



Los objetivos de esta ciudad deben ser calidad de vida, productividad, infraestructuras integradas, equidad y sustentabilidad ambiental, propuestos como metas que sustenten el desarrollo sostenible mediante una planificación entendida como estrategia de selección de alternativas posibles que generen el proceso de toma de decisiones que deberá tener como objetivo mantener las relaciones sociedad-naturaleza, que permitan generar territorialidades compatibles con sus usos y funciones para asegurar la gobernabilidad que la sustente.

Como consecuencia del modelo neoliberal asumido por los gobiernos a partir de esos años, sin una planificación nacional ni regional realmente operativa -a pesar de contar con un Sistema Nacional de Planificación que sólo servía para obtener los beneficios de préstamos internacionales-, ha sido imposible la adopción de políticas territoriales que tomen en cuenta las deficiencias y los aspectos ambientales y socioculturales de problemas como la exclusión social, lo que se tradujo en disfuncionalidades territoriales; por lo cual, ese es el objetivo principal que deberá adoptar cualquier propuesta para un proyecto de ciudad metropolitana que funcione como tal, y tomando en cuenta las premisas adoptadas por la Ley 64-00, donde se asume el Ordenamiento Territorial "para prevenir y mitigar los efectos ambientales y socioculturales que generan las actividades económicas en el territorio", que nunca se asumió, aunque algunos sectores realizaron sus propuestas de proyectos en el marco de Planes de Ordenamientos Territorial (POTT) como el hoy MITUR, y los Planes de Manejo de Cuencas entre otros.

Desde hace más de una década se señala la necesidad de un instrumento operativo para estructurar la figura jurídica de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, que consta de 8 municipios y el Distrito Nacional, que en la actualidad no cuenta con la posibilidad de su operatividad, debido a que existen otras instancias que no parecen ponerse de acuerdo en cómo manejar la gestión de esta mancomunidad y/o cualquiera otra instancia de gestión territorial de forma integral, así como la necesidad de coordinar esta gestión mediante un plan de desarrollo que desde ya se prevé a escala regional por sus implicaciones como centro del sistema urbano nacional y región metropolitana a nivel nacional de una ciudad que consta de varias centralidades no definidas y sin las debidas coordinaciones, además de un sistema de tránsito y transporte y otros sistemas, como las infraestructuras de servicios sanitarios, que no han sido diseñados como tal, ni adoptados en el contexto de un plan regional para la actual ciudad, que todavía funciona como núcleos aislados municipales.

En ese sentido, tampoco ha contado con un marco de políticas ni referencias contextuales con los mecanismos vigentes de planificación nacional-regional y/o local, como la Estrategia Nacional de Desarrollo y/o las Regiones de Planificación, y otras como la Ley de Municipios y del Distrito Nacional, que le sirvan de soporte para la toma de decisiones consensuadas para la gestión estratégica como instrumento para la gobernanza de una metrópoli (¿anunciada?) en franco crecimiento que deberán ser asumidas en esos contextos por la máxima autoridad del gobierno debido a su carácter de políticas nacionales (Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo), en coordinación con las demás instancias del gobierno en los distintos niveles de la planificación nacional-regional y local.

Planificación estratégica para metrópolis

En ese contexto, como indica Krugman (La Organización Espontánea de la Economía), se señala "el modo que tienen las ciudades de generar una estructura de espacios diferenciados de una manera espontanea , ya que la auto organización económica del espacio es algo que todos podemos relacionar con nuestra experiencia inmediata", y esto requiere de un análisis para entender este proceso que denominan " edge cities", que genera el policentrismo de las metrópolis, además de su gentrificación, que hace imposible seguir pensando en una ciudad metropolitana que -debido a la falta de planificación de su desarrollo en todas sus instancias- cuenta con varios centros desarticulados entre sí -Ciudad Colonial y el Distrito Nacional- que actúan de manera autónoma, desligado de los demás, sin tomar en cuenta su poder de atracción por ser la sede del gobierno central y de la mayor parte de sus ministerios, además de la banca y los mayores centros comerciales.



Esto lo ha convertido en una centralidad que no está preparada para asumir su función con eficiencia y eficacia, generando un caos en el tránsito y transporte que no funcionan como sistema, además de una densidad no prevista de construcciones que no cumplen con las normativas de uso de suelo -así como graves fallas de sus sistemas sanitarios y energéticos, que tampoco están diseñados como tal-, que hace insostenible su funcionamiento y gobernabilidad, así como su rol para nuclear los demás centros aledaños, como tampoco los de cada municipio que conforman el Gran Santo Domingo, que no puede seguir ignorando su verdadero carácter y su necesaria organización de espaldas a una realidad agobiante, que además es muy poco comprendida, porque se confunde con problemas de tipo arquitectónico-urbanístico, que es una escala menor a la que se requiere para soluciones de problemas a escala metropolitana , regional y nacional.

Es necesario, en ese sentido, tomar en cuenta que en la actualidad el Distrito Nacional cuenta con un millón de habitantes, además de su población flotante aún no calculada por la falta de un plan urbano (plan director), de un Plan Regional Metropolitano para el Gran Santo Domingo, que permita asumir soluciones coherentes en el marco de la imagen-objetivo adoptada por el Estado (Estrategia Nacional de Desarrollo) con políticas territoriales establecidas en ese contexto para los distintos niveles de la planificación para el desarrollo sostenible.

La idea de un sistema integrado de planificación que facilite la gestión necesaria para lograr una ciudad cuya estructura y funcionamiento permita su operatividad, requiere de una gobernanza como forma de gestión, donde el sector público y el privado, así como los demás estamentos de la sociedad, adopten unos objetivos claros, medibles y viables desde cualquier ángulo, lo que implica un cambio en la concepción respecto de lo que significan las decisiones, porque la unidad administrativa de gestión "en ese caso emerge con o como un modo de organización cuyo contexto está dado por formas de comunicación donde el modelo de organización emergente y la estructura permite entender la planificación, no como una serie de operaciones o métodos prescriptivos, sino como la enunciación de criterios que permiten generar una estrategia proscriptiva, abierta al cambio" (Cognición y Territorio/Leonardo Lavanderos y Alejandro Malpartida).

Se trata en última instancia de proyectar la toma de decisiones que necesariamente son selectivas, para generar y/o simular los procesos que se desencadenan en ella, y donde el concepto de estrategia abre el muchas veces rígido entorno de la planificación determinista a la toma de decisiones que son conservativas de la estabilidad del sistema cuyo objetivo principal es el mantenimiento de la identidad del territorio en el seno de su cultura, en una perspectiva relacional que define la región y/o el barrio en relación con su proceso de diferenciación, como la red de relaciones que la genera en un entorno que le es propio (sociedad/naturaleza) en la medida que lo interviene para su provecho, y esto no es un asunto medible mediante estadísticas sino de relaciones funcionales que determinan su efectividad y viabilidad para un desarrollo sostenible y sustentable .

Meta común: una metrópoli próspera e inclusiva

Es por esta razón que se debe asumir el funcionamiento de la metropolización del Gran Santo Domingo, tanto en su contexto nacional como regional y local (municipal), acorde con las políticas territoriales adoptadas para cada nivel/escala de su planificación, mediante mecanismos gerenciales para cada nivel, según lo establecido en el marco legal vigente, así como las decisiones que se adopten del tipo de manejo que se asuma, que puede ser desde un Desarrollo Orientado al Transito (TOD) hasta un sistema integrado de centros bajo premisas territoriales como el modelo Metro-Matrix (The Art of Shaping the Metropoli/ Pedro Ortiz, arquitecto senior del Banco Mundial), utilizado hoy por muchos países en vías de desarrollo, como Colombia, lo que permitiría lograr la coherencia /cohesión socioeconómica que haga factible y viable la toma de decisiones para mantener una red de relaciones productivas para un ordenamiento inclusivo del territorio como viabilidad para alcanzar la meta propuesta mediante zonas con un carácter determinado que permita su gestión integral para una sostenibilidad territorial que incluya todos los subsistemas que conforman el sistema metropolitano.

Para poder alcanzar los objetivos señalados es necesario anular los mitos del pasado -que todavía siguen asomando sus cabezas- y definir el ámbito de esta nueva metrópoli, que es más que la provincia de Santo Domingo, porque se ha producido un proceso de conurbación con otros municipios aledaños, además de la Región Metropolitana, en el contexto de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, y que determine su ámbito de acción y sus límites para asumir su rol como maquinaria del crecimiento económico y social propuesto en la Estrategia Nacional de Desarrollo como un proceso inclusivo y próspero (calidad de vida, productividad, sistemas de infraestructuras y equidad), según los lineamientos de las leyes sustantivas actualmente propuesta como pilares de las políticas territoriales en estas, que privilegian un desarrollo ambientalmente sustentable, que incluye sistemas de tránsito-transporte, de acueducto y alcantarillado, eléctrico y ambiental, a partir de un esquema territorial de planificación urbana/regional que asegure su conectividad con el resto del país y los demás países de la región del Caribe y del mundo, con el carácter que se le asigne (centro tecnológico y centro de negocios, además de su carácter turístico), que requerirá replantear entre otras cosas, lo que fuera su cinturón verde, rescatándolo como zona de atractivo múltiple para usos recreativos y deportivos que sirvan para integrar espacios aledaños, donde cada área tenga una funcionalidad definida según su vocación, como las riveras de los ríos Ozama, Isabela y Haina, que deberán ser liberadas en el contexto de un plan de manejo de esas cuencas para integrarlas a la metrópoli como tentáculos para regular su desarrollo en el contexto geográfico-geomorfológico, en el mediano y largo plazo, y en escalas y tiempos definidos mediante un plan estratégico de desarrollo del Gran Santo Domingo a largo plazo (30 años).



* Grethel Castellanos es arquitecta y planificadora territorial-ambiental