El director Aduanas, en rebelión contra el decreto presidencial

SANTO DOMINGO. Juan Fernando Fernández Cedeño, director de Aduanas desde el 16 de agosto del 2012, en una rueda de prensa realizada este jueves pregunta repetidamente ante los periodistas presentes: "¿Quién ha exonerado del ITBIS?", y "¿cuál ley ha exonerado del ITBIS?".

El funcionario se refiere a la exoneración del impuestos a los compras por internet de artículos, cuyos precios están por debajo de US$200.

La respuesta a la primera pregunta es la siguiente: Dos presidentes constitucionales de la República, Leonel Fernández, en julio de 2005, y Danilo Medina, en noviembre de 2012. La respuesta a la segunda: el decreto número 402-05 que aprueba el Reglamento para el Despacho Expreso de Envíos, emitido por Fernández el 26 de julio de 2005, cuyo artículo 4 establece que están libres del pago de derechos e impuestos las mercancías que se importan vía despacho de expresos de envíos por un valor FOB igual o inferior a US$200.

Pero el proceso de la reforma tributaria de octubre y noviembre de 2012 terminó gravando estos artículos. La resultante Ley 532-12 sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado, en su artículo 49 dice literalmente: "A partir de la entrada en vigor de la presente ley, toda mercancía incluida en el artículo 4, categoría B, sobre envíos de bajo valor, libres del pago de derechos e impuestos, del Decreto No. 402-05, del 26 de julio de 2005, importada mediante despacho expreso de envíos (Couriers), pagará los impuestos correspondientes".

La reacción social contra este gravamen no se hizo esperar. En respuesta, el presidente Danilo Medina justificó y solicitó al Congreso su derogación, mediante un proyecto de ley que sometió el 12 de noviembre de 2012.

En la carta que le remitió a Abel Martínez Durán, presidente de los diputados, el mandatario afirmó que el gravamen a los artículos que se adquieren a través de internet, "podría generar una situación de grave desigualdad en perjuicio de los consumidores que utilizan para su compra dicho instrumento, importándolos a través de los despachos expreso de envíos (couriers)".

Medina expresó también que "importantes sectores de la vida nacional han manifestado la posibilidad de que impuesto de tal naturaleza pueda alterar en forma sensible las relaciones derivadas del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y el Caribe".

El proyecto fue aprobado dos días después por el Congreso, y promulgado cinco días después por el presidente Danilo Medina. La Ley, No. 277-12, tiene un solo artículo, que deroga el artículo 49 de la Ley 253-12. Esta derogación restablece la fuerza de Ley del decreto presidencial 402-15, lo que completa la respuesta a la pregunta del director de Aduanas de "¿cuál ley?".

El abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez cuenta las "infracciones legales y constitucionales" de la decisión de Aduanas. Explica que "vulnera" los artículos 139, 100, 169, 243 y 6 de las Constitución, entre los cuales está el tema de la seguridad jurídica, el de los principios rectores de la administración pública.

También observa que violenta los artículos 3 y 4 de la Ley 107-13 sobre deberes de las personas en sus relaciones con la administración, y el artículo 21 de la Ley de Libre acceso a la información pública. "Lo anterior abre un importante abanico de opciones para atacar judicialmente la decisión de la DGA", concluye.

Mientras que la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), calificó como "abusiva, ilegal y arbitraria" las intenciones de Aduanas. Para este lunes, Trajano Potentini, presidente de la entidad, anunció en su contra un sometimiento de acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo. Eso ya lo había pronosticado Fernando Fernández, cuando los periodistas le preguntaron sobre la validez del decreto presidencial. Respondió: "Eso se lo dejo a la Justicia"

El director de Aduanas considera que el gravamen "no es un problema de discusión legal", porque lo que se ha presentado es un problema de la economía dominicana. Proyecta que en 2014, el fisco dejará de recibir RD$5,600 millones en impuesto de una actividad "que crece cinco veces más que la economía".

Pero los desencuentros están también en la economía. En el Presupuesto del 2014, el gasto tributario estimado por esas exenciones es de sólo RD$2,701.7 millones, de los cuales, RD$1,879.6 millones corresponden al TBIS, y RD$227.5 millones al arancel a las importaciones. Este total sólo representa el 38% de la cifra que con tono de alarma divulga el titular de Aduanas.

Recuerdan facultad Congreso

El senador Wilton Guerrero recordó que es facultad exclusiva del Congreso Nacional establecer impuestos a través de leyes, y recordó que la Constitución está primero que una ley, que está primero que un decreto, y éste último, que los reglamentos. Coincide con el senador Julio César Valentín, quien abogó porque Aduanas y otras instituciones vigilen los manejos inescrupulosos que tienen empresas de camuflajear sus importaciones por encima de los US$200 y fragmentar sus facturas, lo que se debe sancionar.

Edwin Ruiz