Todos a favor del pacto eléctrico, pero nadie habla de los detalles

SANTO DOMINGO. Monseñor Agripino Collado confía en lo que considera el mejor ingrediente para que el recién convocado Pacto Eléctrico, por el presidente Danilo Medina, termine con un final feliz: “La buena voluntad”.

Cree que en el marco del Consejo Económico, Social e Institucional (CESI), que es donde se discutirá ese acuerdo nacional, se logrará un consenso. Revela que todos los generadores y el resto de los sectores involucrados en el negocio energético se han acercado con mucho interés de que se inicie el diálogo que busque los consensos necesarios. Remacha: “Yo tengo la esperanza que algo bueno tiene que lograrse”.

Pero la esperanza del presidente del CESI tiene que pasar la prueba de fuego de una realidad marcada por fuertes intereses económicos en pugna y visiones contrapuestas sobre la competencia del Estado con las empresas de generación privadas por el control del negocio eléctrico.

El 19 de agosto pasado, Rubén Bichara, vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), declaró que en 2017 entrará en operación la primera de las dos plantas de la central a carbón que el Gobierno construye en Punta Catalina, Baní, con una capacidad conjunta de 720 megavatios.

Una vez inicien sus operaciones, todas las plantas que funcionan a base de fuel oil saldrían del sistema, si no se reconvierten antes. “Cuando Catalina entre, alguien tendrá que salir”, dijo, en referencia a esas plantas.

Aunque no acusó específicamente a ningún sector, en esa ocasión afirmó que la idea de algunos sectores era “bloquearnos el financiamiento”.

Sin embargo, en referencia a la participación directa del Estado en la generación de electricidad a base de carbón, una entidad como la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) aclara que “siempre ha estado de acuerdo con la diversificación de la matriz”.

Su presidente, Laura Peña Izquierdo, explica que como sector privado su interés consiste en conseguir energía con mejores precios, más competitivos y de mayor calidad”. Sobre el tema de la participación del Estado “tampoco estamos en desacuerdo, cuando sea una competencia leal”, aclara.

Esa aclaración está referida a su posición de julio de 2014, cuando ese gremio empresarial consideró “ilegal” una iniciativa en curso que eximía a las distribuidoras de electricidad de licitar la compra de la energía cuando esa compra se le hiciera a la estatal CDEEE, futura operadora de las plantas a carbón de Punta Catalina.

La Asociación Dominicana de la Industrias Eléctrica (ADIE), que agrupa a las empresas privadas de generación, considera que el Pacto Eléctrico debe perseguir “una solución integral” a los problemas del sector, que se manifiestan en los aspectos institucionales, financieros, de generación, distribución, y transmisión.

Observa que el cumplimiento de la ley general de electricidad “es fundamental”, y que se debe diseñar y ejecutar un plan para aumentar la oferta de electricidad hasta cubrir la demanda total “sin las restricciones actuales que tiene el mercado”. Platean esa condición a pesar de que desde principio del 2013, el Gobierno ejecuta lo que debería ser un único y nacional “Plan Estratégico Integral para el Sector Eléctrico”.

Piden que se aborde el déficit financiero del sector, que atribuyen a la incapacidad de cobro de las distribuidoras. En contradicción a eso, el Gobierno atribuye ese déficit principalmente a los altos costos privados de parte de la generación.

Mientras que el empresario privado Celso Marranzini, antecesor de Bichara en la CDEEE, dice dar la bienvenida a este pacto, del que espera que “que como sociedad podamos sacar lo mejor posible”. Propone que se discuta el cambio de la matriz energética, y los problemas en las redes de transmisión y distribución y distribución.

En el marco del mismo CESI, en el pasado, cuando se discutía una de las tantas reformas tributarias, bajo la proclama empresarial de “una reforma fiscal integral”, una empresaria le explicó a este reportero “que en los detalles es que está el Diablo”. Se refería a la imposibilidad de lograr un acuerdo sobre ese tema.

El analista del sector eléctrico, Bernardo Castellano, se refiere a esos espinosos detalles: en 2016, los contratos de generación que se vencen no deben ser renegociados, deben licitarse, la reducción drástica de las nóminas de las empresas eléctricas estatales, las plantas a carbón de Las Catalinas, son un hecho consumado, y se debe aplicar la tarifa técnica a los usuarios regulados, entre otros detalles.

Edwin Ruiz