Canal de Panamá enfrenta nuevos reclamos multimillonarios
El grupo puso en aprietos el proyecto de ampliación a inicios del 2014
Diario Libre
PANAMA. El grupo de empresas europeas a cargo de la construcción de las nuevas esclusas para la ampliación del Canal de Panamá entabló dos nuevos reclamos que suman 748 millones de dólares por supuestos sobrecostos y hasta por daños de imagen.
"Estamos evaluando, como hemos hecho antes, para ver si existe algún mérito y defender nuestra posición al respecto", señaló el administrador del canal, Jorge Quijano, en un encuentro con periodistas. "Vemos que así a simple vista son temas que van a ser muy difíciles para la contraparte poder justificar y nosotros nos defenderemos a capa y espada".
Grupo Unidos por el Canal, un consorcio de cuatro empresas que lideran la española Sacyr y la italiana Impregilo, presentó los reclamos a inicios de esta semana y se suman a los que planteó hace casi un año también por presuntos sobrecostos que totalizaban 1.600 millones de dólares. Los primeros, que llevaron a una paralización de los trabajos en la ampliación del canal por dos semanas en febrero, ya están en el proceso de disputa.
Hasta el momento, los reclamos del grupo suman 2.348 millones de dólares, lo que duplica el precio por el cual se adjudicó la construcción de las nuevas esclusas, el segmento más importante de la ampliación, que tiene un costo global de 5.250 millones.
La vicepresidenta de Ingeniería y Administración de Proyectos de la Autoridad del Canal, Ilya de Marotta, dijo en la reunión que uno de los reclamos nuevos es por 333 millones de dólares y que tiene que ver con presuntos incrementos en el costo de construcción de las nuevas compuertas.
"Ellos alegan que el diseño de las compuertas cambió un poco y les costó más", señaló.
De acuerdo con De Marotta, en el otro reclamo, por 415 millones, el grupo alega que una fase decisiva de excavación seca del cauce de acceso por el Pacífico no va a estar lista a tiempo y les afectará las pruebas del nuevo carril de esclusas en esa zona. Unos mil trabajadores realizan un paro en esa obra desde el martes por presuntos maltratos y falta de seguridad. Estos trabajos están a cargo de un consorcio de tres empresas extranjeras.
"También dicen que la ACP (Autoridad del Canal de Panamá) con sus comunicados de prensa durante la crisis pasada afectó su imagen", entre otros argumentos, añadió.
El grupo puso en aprietos el proyecto de ampliación a inicios del 2014, al reclamar supuestos sobrecostos por 1.600 millones de dólares y que derivaron en una huelga de dos semanas en febrero. La obra se reactivó tras un acuerdo posterior en que el canal y el grupo accedieron a inyectarle entre ambos 200 millones de dólares, utilizar 400 millones de una fianza y extender los plazos para el pago de adelantos multimillonarios concedidos por el canal para el arranque de los trabajos.
El grupo cumplió luego de resuelto el conflicto con el traslado de 12 de 16 compuertas que faltaban por trasladar desde Italia a Panamá.
El proyecto "va adelantado enormemente", declaró Quijano, estimando su avance general en 84%. De acuerdo con las proyecciones oficiales, el canal ampliado estaría en operación plena en el primer trimestre del 2016, aunque con un retraso de algo más de un año según lo previsto originalmente.
"Estamos evaluando, como hemos hecho antes, para ver si existe algún mérito y defender nuestra posición al respecto", señaló el administrador del canal, Jorge Quijano, en un encuentro con periodistas. "Vemos que así a simple vista son temas que van a ser muy difíciles para la contraparte poder justificar y nosotros nos defenderemos a capa y espada".
Grupo Unidos por el Canal, un consorcio de cuatro empresas que lideran la española Sacyr y la italiana Impregilo, presentó los reclamos a inicios de esta semana y se suman a los que planteó hace casi un año también por presuntos sobrecostos que totalizaban 1.600 millones de dólares. Los primeros, que llevaron a una paralización de los trabajos en la ampliación del canal por dos semanas en febrero, ya están en el proceso de disputa.
Hasta el momento, los reclamos del grupo suman 2.348 millones de dólares, lo que duplica el precio por el cual se adjudicó la construcción de las nuevas esclusas, el segmento más importante de la ampliación, que tiene un costo global de 5.250 millones.
La vicepresidenta de Ingeniería y Administración de Proyectos de la Autoridad del Canal, Ilya de Marotta, dijo en la reunión que uno de los reclamos nuevos es por 333 millones de dólares y que tiene que ver con presuntos incrementos en el costo de construcción de las nuevas compuertas.
"Ellos alegan que el diseño de las compuertas cambió un poco y les costó más", señaló.
De acuerdo con De Marotta, en el otro reclamo, por 415 millones, el grupo alega que una fase decisiva de excavación seca del cauce de acceso por el Pacífico no va a estar lista a tiempo y les afectará las pruebas del nuevo carril de esclusas en esa zona. Unos mil trabajadores realizan un paro en esa obra desde el martes por presuntos maltratos y falta de seguridad. Estos trabajos están a cargo de un consorcio de tres empresas extranjeras.
"También dicen que la ACP (Autoridad del Canal de Panamá) con sus comunicados de prensa durante la crisis pasada afectó su imagen", entre otros argumentos, añadió.
El grupo puso en aprietos el proyecto de ampliación a inicios del 2014, al reclamar supuestos sobrecostos por 1.600 millones de dólares y que derivaron en una huelga de dos semanas en febrero. La obra se reactivó tras un acuerdo posterior en que el canal y el grupo accedieron a inyectarle entre ambos 200 millones de dólares, utilizar 400 millones de una fianza y extender los plazos para el pago de adelantos multimillonarios concedidos por el canal para el arranque de los trabajos.
El grupo cumplió luego de resuelto el conflicto con el traslado de 12 de 16 compuertas que faltaban por trasladar desde Italia a Panamá.
El proyecto "va adelantado enormemente", declaró Quijano, estimando su avance general en 84%. De acuerdo con las proyecciones oficiales, el canal ampliado estaría en operación plena en el primer trimestre del 2016, aunque con un retraso de algo más de un año según lo previsto originalmente.
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