Contratistas internacionales involucrados en caso de corrupción en Brasil
Diario Libre
Los encabezados de este mes en Brasil han estado llenos de alegatos de corrupción involucrando a la compañía estatal Petrobras y a la coalición en el poder dirigida por la presidenta Dilma Rousseff del partido centro-izquierda - Partido de los Trabajadores (PT).
Sin embargo, aunque ha recibido menos atención, otro prolongado escándalo involucrando el sistema ferroviario de pasajeros en Sao Paulo está llegando a un punto crítico. En esta ocasión los contratistas internacionales y el principal partido de oposición, el PSDB, están en la luz pública.
A principios de este mes, la policía levantó cargos contra 33 personas y congeló más de R$600m ($223 millones de dólares) en activos de seis compañías, incluyendo cinco extranjeras, entre ellas Siemens de Alemania y Alstom de Francia, avergonzando al PSDB que ha manejado al estado de Sao Paulo por 20 años. La Suprema Corte está considerando si juzgar a dos opositores políticos, incluyendo uno del PSDB, José Aníbal, en relación con este caso en el que los contratistas están acusados de dirigir un cartel para ganar ofertas de construcción con la colaboración de políticos.
"Un grupo de compañías, entre ellas Siemens y Alstom, se unieron y formaron un consorcio para ganar una oferta internacional para la construcción de cinco de las estaciones del metro de Sao Paulo con la intención de disminuir competencia en una actividad configurada como un cartel", dijo el procurador general en una petición a la Suprema Corte.
La supuesta manipulación de ofertas para la construcción del sistema bajo tierra del Metro de Sao Paulo y sus líneas CPTM sobre tierra son un motivo de vergüenza para el PSDB, cuyo candidato Aécio Neves estuvo cerca de ganar las elecciones a la Sra. Rousseff en octubre.
El Sr. Neves atacó repetidamente a la Sra. Rousseff y su partido sobre el escándalo de Petrobras, en el que muchos políticos, incluyendo ministros, supuestamente colaboraron con compañías constructoras para recibir comisiones ilícitas de los contratos de Petrobras.
El escándalo se ha convertido en una crisis para la compañía más grande de Brasil, que actualmente está bajo investigación por la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU, y se ha convertido en una prueba para la Sra. Rousseff, quien está resistiendo las llamadas para que su amiga, Maria das Graças Foster, la directora de Petrobras, renuncie.
Pero el escándalo ferroviario de Sao Paulo, que aparentemente abarca 15 años de gobierno del PSDB, de 1998 a 2013, muestra que la corrupción en contratos de obra pública es un problema brasileño, no sólo el caso de un partido, dicen los analistas.
"Las condiciones en Brasil son favorables para los carteles", dijo Carlos Ari Sundfeld de FGV, una institución académica en Sao Paulo. La policía no ha hecho públicos los nombres de los 33 individuos acusados en el caso del cartel del metro.
El caso vio luz por vez primera cuando la agencia antimonopolio de Brasil, CADE, ofreció clemencia a Siemens a cambio de cooperar con sus investigaciones.
Al principio del año, CADE inició procedimientos contra 18 compañías, incluyendo Siemens, Alstom, Mitsui de Japón, Bombardier de Canadá y otras así como 109 individuos, alegando que habían coludido para ganar ofertas por la cantidad de R$9.4 mil millones a través del país.
Dio detalles de conversaciones secretas y otras comunicaciones entre supuestos miembros del cartel.
"Estas prácticas ocurrieron desde por lo menos 1998 y se extendieron hasta la intervención de la autoridad en julio de 2013", dijo CADE en la acción administrativa.
Siemens aseveró que estaba ayudando en el caso, que dijo que se había originado a partir de información donada voluntariamente a las autoridades después de una auditoría interna. Alstom dijo que también estaba cooperando con las autoridades. Los abogados del Sr. Aníbal declinaron responder a la solicitud de información.
Mitsui dijo que "si se le solicitan" colaborará con las autoridades en el caso, mientras que Bombardier dijo que guarda los "estándares éticos más altos" y que ha estado cooperando con la investigación.
La oficina del procurador general dijo a la Suprema Corte que las compañías involucradas en el caso sobornaron a funcionarios públicos.
"Subrayamos el pago de ventajas inmerecidas a agentes públicos para asegurar la victoria", dijeron.
El Sr. Sundfield de FGV dijo que el enjuiciamiento de los casos de los trenes y de Petrobras por la procuraduría de Brasil y la policía federal demostraban el desarrollo más efectivo de las instituciones que aplican la ley en el país en las últimas décadas.
Pero dijo que las políticas brasileñas siguen fomentando la formación de carteles. A las autoridades públicas se les requiere que hagan ofertas públicas, lo que significa que las compañías bajo sospecha de colusión y de fijar precios no podrían ser excluidas de los procesos de licitación.
Las reglas de contenido local de Brasil que forzaban a las compañías a producir equipos en el país también limitaban el campo de competencia en los proyectos grandes, como la construcción de vías o vagones ferroviarios debido al número limitado de compañías globales con la capacidad de cumplir con esas condiciones.
(c) 2014 The Financial Times Ltd. All rights reserved
Sin embargo, aunque ha recibido menos atención, otro prolongado escándalo involucrando el sistema ferroviario de pasajeros en Sao Paulo está llegando a un punto crítico. En esta ocasión los contratistas internacionales y el principal partido de oposición, el PSDB, están en la luz pública.
A principios de este mes, la policía levantó cargos contra 33 personas y congeló más de R$600m ($223 millones de dólares) en activos de seis compañías, incluyendo cinco extranjeras, entre ellas Siemens de Alemania y Alstom de Francia, avergonzando al PSDB que ha manejado al estado de Sao Paulo por 20 años. La Suprema Corte está considerando si juzgar a dos opositores políticos, incluyendo uno del PSDB, José Aníbal, en relación con este caso en el que los contratistas están acusados de dirigir un cartel para ganar ofertas de construcción con la colaboración de políticos.
"Un grupo de compañías, entre ellas Siemens y Alstom, se unieron y formaron un consorcio para ganar una oferta internacional para la construcción de cinco de las estaciones del metro de Sao Paulo con la intención de disminuir competencia en una actividad configurada como un cartel", dijo el procurador general en una petición a la Suprema Corte.
La supuesta manipulación de ofertas para la construcción del sistema bajo tierra del Metro de Sao Paulo y sus líneas CPTM sobre tierra son un motivo de vergüenza para el PSDB, cuyo candidato Aécio Neves estuvo cerca de ganar las elecciones a la Sra. Rousseff en octubre.
El Sr. Neves atacó repetidamente a la Sra. Rousseff y su partido sobre el escándalo de Petrobras, en el que muchos políticos, incluyendo ministros, supuestamente colaboraron con compañías constructoras para recibir comisiones ilícitas de los contratos de Petrobras.
El escándalo se ha convertido en una crisis para la compañía más grande de Brasil, que actualmente está bajo investigación por la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU, y se ha convertido en una prueba para la Sra. Rousseff, quien está resistiendo las llamadas para que su amiga, Maria das Graças Foster, la directora de Petrobras, renuncie.
Pero el escándalo ferroviario de Sao Paulo, que aparentemente abarca 15 años de gobierno del PSDB, de 1998 a 2013, muestra que la corrupción en contratos de obra pública es un problema brasileño, no sólo el caso de un partido, dicen los analistas.
"Las condiciones en Brasil son favorables para los carteles", dijo Carlos Ari Sundfeld de FGV, una institución académica en Sao Paulo. La policía no ha hecho públicos los nombres de los 33 individuos acusados en el caso del cartel del metro.
El caso vio luz por vez primera cuando la agencia antimonopolio de Brasil, CADE, ofreció clemencia a Siemens a cambio de cooperar con sus investigaciones.
Al principio del año, CADE inició procedimientos contra 18 compañías, incluyendo Siemens, Alstom, Mitsui de Japón, Bombardier de Canadá y otras así como 109 individuos, alegando que habían coludido para ganar ofertas por la cantidad de R$9.4 mil millones a través del país.
Dio detalles de conversaciones secretas y otras comunicaciones entre supuestos miembros del cartel.
"Estas prácticas ocurrieron desde por lo menos 1998 y se extendieron hasta la intervención de la autoridad en julio de 2013", dijo CADE en la acción administrativa.
Siemens aseveró que estaba ayudando en el caso, que dijo que se había originado a partir de información donada voluntariamente a las autoridades después de una auditoría interna. Alstom dijo que también estaba cooperando con las autoridades. Los abogados del Sr. Aníbal declinaron responder a la solicitud de información.
Mitsui dijo que "si se le solicitan" colaborará con las autoridades en el caso, mientras que Bombardier dijo que guarda los "estándares éticos más altos" y que ha estado cooperando con la investigación.
La oficina del procurador general dijo a la Suprema Corte que las compañías involucradas en el caso sobornaron a funcionarios públicos.
"Subrayamos el pago de ventajas inmerecidas a agentes públicos para asegurar la victoria", dijeron.
El Sr. Sundfield de FGV dijo que el enjuiciamiento de los casos de los trenes y de Petrobras por la procuraduría de Brasil y la policía federal demostraban el desarrollo más efectivo de las instituciones que aplican la ley en el país en las últimas décadas.
Pero dijo que las políticas brasileñas siguen fomentando la formación de carteles. A las autoridades públicas se les requiere que hagan ofertas públicas, lo que significa que las compañías bajo sospecha de colusión y de fijar precios no podrían ser excluidas de los procesos de licitación.
Las reglas de contenido local de Brasil que forzaban a las compañías a producir equipos en el país también limitaban el campo de competencia en los proyectos grandes, como la construcción de vías o vagones ferroviarios debido al número limitado de compañías globales con la capacidad de cumplir con esas condiciones.
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