Gobernador firma ley para subida generalizada de impuestos en Puerto Rico
A partir de julio, el Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) ascenderá del 7 % actual, al 11,5 %.
Diario Libre
SAN JUAN.- El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, firmó ayer la ley que establece una subida generalizada de impuestos en la isla a partir del próximo 1 de julio, una medida con la que se busca dar una inyección a las asfixiadas cuentas públicas.
"En el día de hoy el gobernador firmó el proyecto 2482", confirmó este viernes por la tarde el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, en un escueto comunicado, en el que insistió en que con esta medida se busca "mitigar la difícil situación fiscal que enfrenta el Gobierno".
Añadió que "ahora corresponde completar la presentación de un presupuesto balanceado y la implementación de medidas de austeridad para garantizar los servicios y proyectos esenciales para nuestro desarrollo como pueblo".
La polémica subida generalizada de impuestos ha estado meses negociándose en las cámaras legislativas, hasta que finalmente esta semana fue aprobada una versión muy distante de la reforma tributaria inicialmente propuesta por el Gobierno.
Según lo aprobado, a partir del próximo 1 de julio, cuando comienza un nuevo ejercicio fiscal, el Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) ascenderá del 7 % actual, al 11,5 %.
El proyecto aprobado establece una transición del IVU a un IVA del 14 % a lo largo de nueve meses a partir también del 1 de julio.
Los sectores de la educación, la medicina, las materias primas, rentas comerciales y residenciales y alimentos quedan excluidos del IVA.
Se calcula que con esta subida de impuestos se podrían recaudar 1.200 millones de dólares más para el próximo año fiscal.
La subida de impuestos que incluye el proyecto y el restrictivo presupuesto presentado por el Gobierno para el próximo ejercicio fiscal (que aún tiene que ser aprobado por el Legislativo) son las apuestas del Ejecutivo que encabeza Alejandro García Padilla para recuperar la confianza de los mercados de deuda.
El Gobierno quiere volver a recurrir a ellos para obtener fondos con los que financiarse de forma inmediata y evitar así un cierre gubernamental en los próximos meses o un aplazamiento en el pago de una deuda que oficialmente ronda los 73.000 millones de dólares y que asfixia las cuentas públicas.
"En el día de hoy el gobernador firmó el proyecto 2482", confirmó este viernes por la tarde el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, en un escueto comunicado, en el que insistió en que con esta medida se busca "mitigar la difícil situación fiscal que enfrenta el Gobierno".
Añadió que "ahora corresponde completar la presentación de un presupuesto balanceado y la implementación de medidas de austeridad para garantizar los servicios y proyectos esenciales para nuestro desarrollo como pueblo".
La polémica subida generalizada de impuestos ha estado meses negociándose en las cámaras legislativas, hasta que finalmente esta semana fue aprobada una versión muy distante de la reforma tributaria inicialmente propuesta por el Gobierno.
Según lo aprobado, a partir del próximo 1 de julio, cuando comienza un nuevo ejercicio fiscal, el Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) ascenderá del 7 % actual, al 11,5 %.
El proyecto aprobado establece una transición del IVU a un IVA del 14 % a lo largo de nueve meses a partir también del 1 de julio.
Los sectores de la educación, la medicina, las materias primas, rentas comerciales y residenciales y alimentos quedan excluidos del IVA.
Se calcula que con esta subida de impuestos se podrían recaudar 1.200 millones de dólares más para el próximo año fiscal.
La subida de impuestos que incluye el proyecto y el restrictivo presupuesto presentado por el Gobierno para el próximo ejercicio fiscal (que aún tiene que ser aprobado por el Legislativo) son las apuestas del Ejecutivo que encabeza Alejandro García Padilla para recuperar la confianza de los mercados de deuda.
El Gobierno quiere volver a recurrir a ellos para obtener fondos con los que financiarse de forma inmediata y evitar así un cierre gubernamental en los próximos meses o un aplazamiento en el pago de una deuda que oficialmente ronda los 73.000 millones de dólares y que asfixia las cuentas públicas.
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