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CDEEE habría suscrito un acuerdo para instalar otra planta a carbón de 600 megavatios

El supuesto acuerdo es de 2013 y la última mención oficial es de abril de 2014; la central debería entrar a operar en marzo de este año

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CDEEE habría suscrito un acuerdo para instalar otra planta a carbón de 600 megavatios
El vicepresidente Ejecutivo de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara. (ARCHIVO.)

SANTO DOMINGO. La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) habría firmado un acuerdo en 2013 para la instalación de otra central a carbón con capacidad nominal para generar 600 megavatios con la empresa Pinegy Commercial Group, S.R.L. La planta estaría ubicada en un “parque energético en Punta Catalina, Baní, Provincia Peravia”, en un terreno contiguo a la Central Termoeléctrica Punta Catalina, según el artículo séptimo del documento.

El presunto acuerdo “de potencia”, firmado el 27 de diciembre de 2013, contempla la venta de la energía generada a la CDEEE e incluye la posibilidad de que las partes pacten una sociedad para que el Estado sea co-propietario de la generadora. El documento de 30 páginas que sustenta la denuncia fue entregado a Diario Libre por Fernando Peña (Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo), Joaquín Luciano (Fundación por los Derechos del Consumidor), Clara Sánchez (también del Observatorio), Bienvenido Mejía (Fundación “Grupo de Energía y Medioambiente”), e Ynés Rossó (Articulación Nacional Campesina).

Entre los documentos, que también fueron entregados en el Consejo Económico y Social (entidad que coordina el Pacto Eléctrico), hay un presunto “poder especial”, fechado del 28 de marzo de 2014, que habría otorgado el presidente Danilo Medina al vicepresidente Ejecutivo de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, ratificando el “acuerdo de potencia” con una duración de 25 años desde la instalación y puesta en operación de la Central, lo que se produciría en un período máximo de 24 meses. Así, la supuesta generadora debería estar en fase final para entrar a operar a finales de marzo de 2016. Este “poder especial” fue remitido a Jiménez Bichara por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio el 3 de abril de 2014. Esta es la fecha más reciente entre los documentos entregados por los denunciantes.

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