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El choque tripartito sobre el Código Trabajo será a finales de mayo

La "carga de la prueba" es un tema que enfrentará a las partes

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El choque tripartito sobre el Código Trabajo será a finales de mayo
Imagen de la reunión tripartita del Comité Nacional de Salario, realizada en julio de 2013.

SANTO DOMINGO. En los últimos días de mayo, el reloj marcará la cuenta regresiva del tortuoso proceso de la reforma al Código de Trabajo. De cara a cara se verán los representantes sindicales y empresariales, invitados por un Gobierno que extrañamente se dice neutral, para discutir y tratar de imponer cuál será la suerte de los derechos laborales de 1,775,658 personas empleadas por las empresas del sector formal.

Rafael (Pepe) Abreu, presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), revela que después de la marcha sindical, realizada el pasado primero de mayo, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, se reunió con las partes, por separado. "Montalvo se reunió con nosotros, y luego con los empresarios", dijo.

El funcionario le informó a los sindicalistas que recibió la propuesta preparada por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), en reacción al informe preliminar que sobre la revisión del Código de Trabajo preparó la Comisión Especial para la Revisión y Actualización del Código de Trabajo.

Ahora está pendiente la realización de los encuentros tripartitos, en los que participarán los representantes de los trabajadores, de los empresarios y del Gobierno. Se tiene previsto que se inicien a finales de mayo. Sin embargo, aún no se ha escogido quién dirigirá esos encuentros.

Sobre la revisión, Montalvo repitió el mantra oficial: "El Gobierno no tiene favorito, y serán los sectores los que decidirían", revela Abreu.

El 23 de abril pasado, el CONEP dio a conocer su campaña "Imagina", que consiste en un conjunto de acciones orientadas a informar sobre las propuestas del sector empresarial sobre la reforma laboral.

En rueda de prensa, el presidente del CONEP, Manuel Diez Cabral, reiteró los argumentos en defensa de la propuesta de Copardom, su ala patronal, sobre la revisión del Código de Trabajo. Se refirió a "las distorsiones que ha generado en la economía nacional el actual código, y su vinculación con el aumento del empleo informal y la desaparición de miles de PYMES".

Entre las principales propuestas del CONEP y Copardom, están la ampliación de a jornada laboral a 48 horas semanales y, en el caso de empresas de funcionamiento continuo, a 56 horas. Además, plantean ampliar a 6 meses el período de prueba para un nuevo empleado. También proponen un tope de la cesantía hasta 3 años, y cuatro salarios cotizables, y cambios en lo relativo a la carga de la prueba.

El CONEP justifica sus propuestas en la necesidad de generar empleos formales, y reducir la informalidad, que en términos económicos alcanza hasta un 55.6% de la mano de obra del país, según sus propias estimaciones.

Pero la postura empresarial no es monolítica. Víctor Castro, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH) considera que "andan por la ramas" quienes piensan que ese mal puede ser encarado solamente a partir del de una reforma del Código Laboral, dejando intacto "el sistema rentista y clientelar prohijado por el mismo sector privado".

De esa forma alude a la postura del CONEP, y con tono disidente atribuye la informalidad al modelo económico repartidor de pobreza y excluyente, "que los mismos empresarios no nos atrevemos a enfrentar".

Mientras que las organizaciones, además de oponerse a la ampliación de la jornada laboral y a los topes a la cesantía, plantean que se prohíba mencionar en una oferta de empleo el sexo, la edad, la apariencia, física, la situación personal o familiar del candidato buscado. De esta forma buscan eliminar "la discriminación, exclusión o preferencia", basada en estos requisitos, como sucede en el presente.

Incluso, el oficialista PLD declaró ayer que "las conquistas laborales, lejos de disminuirse, deben ser ampliadas", y que los cambios deben ser por consenso. "La competitividad, bajo ningún motivo, puede darse en desmedro de las condiciones laborales", dice el partido gubernamental.

La carga de prueba

En el actual Código, los trabajadores están exentos la carga de la prueba, que consiste en la obligación de probar un determinado hecho ante los tribunales. Esta responsabilidad recae en el empleador. Esto es así, pues a diferencia del empleador, el empleado "desconoce los datos más elementales concernientes a las condiciones en que presta sus servicios", explica Rafael Alburquerque, jurista, ex ministro de Trabajo y ex vicepresidente de la República. La propuesta empresarial de limitar la excepción en la carga de la prueba es otro tema que se discutirá en las reuniones tripartitas.