HSBC alcanza un acuerdo de 470 millones sobre los abusos bancarios en Estados Unidos
El arreglo también obliga al banco a mejorar los estándares en la forma en que concede préstamos
AP
WASHINGTON. El gigante bancario HSBC alcanzó un acuerdo de 470 millones de dólares con el gobierno federal de Estados Unidos y con casi todos los estados de la nación para resolver demandas por abusos con préstamos y ejecuciones hipotecarias que ayudaron a intensificar la crisis financiera de la nación, anunció el viernes el Departamento de Justicia.
El acuerdo requiere que el banco pague 100 millones de dólares y que proporcione otros 370 millones de dólares más para el alivio financiero de consumidores y propietarios de viviendas, incluyendo la reducción de las tasas de interés hipotecarias así como el principal de las hipotecas para los propietarios de inmuebles que están en riesgo de impago.
El arreglo también obliga al banco a mejorar los estándares en la forma en que concede préstamos y maneja las ejecuciones hipotecarias.
Las autoridades dijeron que esos cambios buscan desalentar las prácticas bancarias aplicadas anteriormente, como las firmas automatizadas y la concesión de préstamos de mala calidad, que exacerbaron una crisis financiera que comenzó en 2007 y en la cual millones de estadounidenses perdieron sus viviendas por ejecuciones hipotecarias.
Bajo un acuerdo en 2013 con la Reserva Federal y la Oficina del Contralor, HSBC acordó pagar 249 millones de dólares para resolver las quejas federales relativas a que su división en Estados Unidos ordenó injustamente ejecuciones hipotecarias contra propietarios de viviendas que debieron recibir la autorización de permanecer en sus hogares.
“Este acuerdo ilustra el compromiso continuo del departamento para garantizar servicios hipotecarios responsables”, declaró en un comunicado Benjamin Mizer, jefe de la división civil del Departamento de Justicia. “El acuerdo es parte de nuestro esfuerzo continuo para abordar las causas profundas de la crisis financiera”.
El acuerdo involucra a los departamentos de Justicia y de Vivienda y Desarrollo Urbano, así como a la Oficina de Protección Financiera al Consumidor. Los fiscales generales de 49 estados y el Distrito de Columbia también lo firmaron.
AP
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