El gobierno colombiano se prepara para implementar el acuerdo de paz

El acuerdo allana el camino para que los rebeldes de las FARC depongan las armas y entren a la arena política.

El gobierno de Colombia prometió el jueves que implementaría rápidamente un acuerdo de paz, luego de que el Congreso aprobó una modificación del acuerdo con rebeldes marxistas dos meses después de que los votantes rechazaron el acuerdo original en un referéndum.

La cámara baja aprobó por unanimidad el nuevo acuerdo el miércoles, un día después de que el Senado diera su apoyo. “Ahora necesitamos certeza, acción, y pasar a la implementación”, dijo el negociador y comisionado de paz, Sergio Jaramillo.

La semana pasada, el gobierno llegó a un acuerdo sobre los términos revisados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para ponerle fin a una guerra de 52 años, después de que la oposición exigió cambios al acuerdo original que consideraba demasiado indulgente para con los rebeldes

El Presidente Juan Manuel Santos, quien en octubre fue galardonado con el Premio Nobel de la paz, acogió con beneplácito el “histórico respaldo” al acuerdo, el cual allana el camino para que los combatientes rebeldes depongan sus armas y entren en la arena política.

“Gratitud con Congreso por histórico respaldo a esperanza de paz de los colombianos”, dijo el Sr. Santos después de la votación del miércoles.

“La paz ha comenzado su marcha irreversible en Colombia”, escribió en Twitter un negociador rebelde conocido como Iván Márquez.

Algunos miembros de la oposición encabezada por el ex presidente Álvaro Uribe se abstuvieron de votar. El Sr. Uribe desestimó el pacto modificado y criticaron la negativa del Sr. Santos a celebrar otro plebiscito.

“Es triste eludir el voto popular porque el gobierno teme la presión de las FARC”, dijo. El gobierno ha advertido que otro plebiscito podría dividir aún más a los colombianos y poner en peligro el frágil alto al fuego.

“No podemos olvidar lo que estamos haciendo”, dijo el Sr. Jaramillo. “Estamos intentando ponerle fin a una guerra que ha durado más de 50 años”.

Pero la decisión de recurrir a la vía legislativa, en lugar de arriesgarse a otra votación, planteó la posibilidad de que el acuerdo proporcione una plataforma unificadora para rivales conservadores en las elecciones presidenciales de 2018, lo cual obstaculizaría una implementación sin contratiempos.

Los críticos como el Sr. Uribe dicen que el nuevo acuerdo es prácticamente igual al que fue rechazado en el referéndum de octubre. Una preocupación particular es que la participación de los líderes de los grupos rebeldes en la política no ha sido cambiada.

El principal negociador del gobierno Humberto de la Calle argumentó que de los 60 cambios propuestos, 57 han sido incluidos en el nuevo acuerdo que persigue un fin permanente a una guerra que ha cobrado más de 250,000 vidas.

El Sr. Uribe, quien es senador, podría causar problemas para la implementación del acuerdo, entre otras cosas, oponiéndose en el congreso a las propuestas de reforma fiscal para compensar la pérdida de ingresos derivados del petróleo tras la caída de los precios de la energía. El gobierno necesita esta reforma políticamente cargada para apuntalar las cuentas públicas para costear la paz y mantener su calificación crediticia de grado de inversión.

En las próximas semanas, los aproximadamente 7,000 rebeldes de las FARC tendrían que abandonar sus campamentos en la selva y trasladarse a un conjunto predeterminado de sitios en todo el país, donde los inspectores de las Naciones Unidas supervisarán el desarme.

Los comandantes de las FARC han dicho que están esperando a que la ley les conceda una amnistía a los combatientes antes de pasar a las zonas de desmovilización. Para finales del año, todos los miembros de las FARC deben estar reunidos en dichos sitios.

La consultoría de riesgo Eurasia Group ha advertido que un riesgo para el proyecto se deriva de “un proceso de reintegración que resultará extremadamente difícil y que, si no tiene éxito, podría dar como resultado que algunos guerrilleros recurran nuevamente a actividades ilícitas”.

Por Andres Schipani (c) 2016 The Financial Times Ltd. All rights reserved

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