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Crisis venezolana
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Las falsas elecciones presidenciales de Venezuela

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Las falsas elecciones presidenciales de Venezuela
Nicolás Maduro. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

Los venezolanos ya no pueden comprar copos de maíz. Kellogg, la compañía fabricante de cereales, se convirtió esta semana en la última compañía occidental en abandonar el país. La mayoría de los venezolanos tampoco pueden obtener medicamentos, alimentos básicos, a veces ni siquiera agua. Con el aumento de la desnutrición, alrededor de 2 millones de personas han abandonado el país en dos años. La hiperinflación se está acelerando y la producción de petróleo, casi la única exportación de Venezuela, está cayendo en picada.

El gobierno también enfrenta múltiples demandas y confiscaciones de activos por parte de compañías petroleras y tenedores de bonos a quienes no se les ha pagado. La situación es tan terrible que, sin dudas, el cambio está próximo. Sin embargo, como siempre, la pregunta es cómo podría ocurrir ese cambio — teniendo en cuenta cómo el régimen socialista se ha afianzado en su búnker — y cuándo. Tomemos, por ejemplo, las elecciones presidenciales del próximo domingo. A pesar de las múltiples crisis y de su creciente impopularidad, el presidente Nicolás Maduro tiene casi garantizado el triunfo.

Por supuesto, la votación es una farsa. El apoyo se compra mediante las tarjetas de racionamiento que se les dan a los trabajadores estatales bajo la amenaza implícita de que tanto el trabajo como la tarjeta están en peligro de desaparecer si votan contra el gobierno. Mientras tanto, a los principales líderes de oposición del país se les prohíbe postularse, ya sea desde el exilio o bajo arresto.

Con la intención de dar una semblanza de democracia, Maduro ha permitido que se presenten dos figuras independientes: Henri Falcón, un ex gobernador estatal, y Javier Bertucci, un pastor evangélico. Algunas encuestas sugieren que podrían ganar. Pero incluso si uno de los independientes obtiene la mayoría de los votos, Maduro puede arreglarlo fácilmente. En julio pasado, en una elección para instaurar un parlamento falso, la compañía que diseñó las máquinas de votación electrónicas de Venezuela declaró un fraude masivo.

La verdadera crisis vendrá después de las elecciones. EEUU, Canadá, Europa, Japón y los países más grandes de América Latina ya han dicho que no reconocen las elecciones. Las sanciones multilaterales a altos funcionarios probablemente vendrán inmediatamente después.

Estas sanciones eventualmente podrían llegar a convertirse en la mencionada amenaza de una prohibición de la venta de los 500,000 o más barriles de petróleo que Venezuela le vende a EEUU diariamente. Esta llamada “opción nuclear” cortaría de golpe la mayor fuente de ingresos de Venezuela.

Pero quizás, ni siquiera esta medida drástica conduzca a la destitución de Maduro. Venezuela se está ahorrando aproximadamente US$8 mil millones al año al no pagar las deudas incumplidas. Las exportaciones de petróleo también pueden redirigirse a nuevos mercados. Además, si las sanciones sobre el petróleo “fracasan”, ¿entonces qué? Habrá una implosión social, en lugar de una explosión política.

Más bien, la mayor amenaza para el Gobierno viene de adentro. Se le podría permitir ganar al Falcón. Eso plantearía la pregunta de qué debería hacer entonces la comunidad internacional: ¿reconocer a un candidato independiente que ganó unas elecciones falsas? Alternativamente, podría haber un golpe de palacio, apoyado por los militares, un “escenario tipo Zimbabue”. Por último, las crecientes protestas sociales y el caos podrían conducir al derrocamiento de Maduro y a un gobierno interino, lo cual es esencialmente lo mismo.

En algún momento, y parece que va a ser pronto, habrá cambios. El objetivo no es el cambio de régimen en sí, sino una administración que respete la constitución, estabilice la economía, permita elecciones libres y libere a los presos políticos. Después podrían venir el reconocimiento multilateral y la ayuda humanitaria. La transición posterior puede requerir negociaciones con los funcionarios y los oficiales militares actuales, en las que incluso se incluya algún tipo de amnistía para ellos.

Aunque esta perspectiva parezca poco atractiva, no equivale a un apaciguamiento. A pesar de la retórica beligerante de Washington, es lo que Juan Cruz, el principal asesor de seguridad del presidente estadounidense Donald Trump para la región, ha sugerido públicamente. También es una evaluación realista de una situación desespera.

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