Dos caras del asunto

A veces, en asuntos económicos, se dan situaciones que presagian que algo va a pasar, y que el impacto de lo que sucederá puede ser grande. Cada sector trata en tales coyunturas de fijar posiciones a fin de evitar que ese impacto les perjudique. Las declaraciones del Conep en relación con el endeudamiento público se encuadran en una situación de ese tipo. Habiendo llegado a la conclusión de que el ritmo de crecimiento de la deuda es insostenible, el Conep aboga por racionalizar el gasto público.

La dificultad de seguir contratando nuevos préstamos se hace evidente al examinar los compromisos de gasto del gobierno. El servicio de la deuda, la educación, las tarjetas de ayuda social, la nómina y el subsidio a la electricidad absorben la mayor parte de los ingresos, quedando poco para otros menesteres. Elevar aún más la deuda puede ser un paliativo transitorio, pero agrava en realidad el problema debido a su costo en intereses.

Delineando el contorno del debate que tendrá lugar, esa situación fiscal está siendo vista desde ángulos distintos. Opuestos al criterio empresarial, centrado en la eficacia del gasto, círculos de opinión cercanos al gobierno perciben la situación como prueba de que la solución no está en el gasto sino en aumentar las recaudaciones. Y ya que proponer nuevos impuestos no es políticamente inteligente, el camino de reducir las exenciones luce más potable y expedito, lo que no impide que posteriormente se puedan añadir medidas para hacer que la carga sea más “progresiva”.

Desde esa óptica, y ante tantos reclamos insatisfechos por salud, seguridad y obras públicas, la cifra del 6.7% del PIB atribuida a las exenciones y deducciones de impuestos parece ser un exceso que debe ser enmendado. Pero en el otro lado piensan diferente y ven dicho gasto tributario en términos de las inversiones privadas, el crecimiento económico, la creación de empleos y el costo de la vida.

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Gustavo Volmar