Otra vez la carretera

Los agentes de Amet en 14 puestos de control de velocidad ha sido la respuesta a los dos graves accidentes ocurridos en la carretera entre Samaná y Santo Domingo, cuyos problemas vienen arrastrándose desde hace varios años. Es de esperar que no suceda como en otros casos de situaciones en los que de vez en cuando ocurre algo que atrae atención sobre el asunto, se convierte en noticia pasajera, y luego se le vuelve a olvidar hasta una próxima ocasión.

Desde el ángulo económico, habiendo pagado ya en forma de subsidio más de lo que la carretera costó, en sólo cuatro años, el asunto ilustra las deficiencias analíticas que sirvieron de base a la contratación de la obra. El esquema utilizado, por el cual el Estado compensa a la empresa por la diferencia entre el ingreso real por peaje y el requerido para que obtenga la rentabilidad pactada, es aplicado en otros países también para atraer inversionistas y lograr que se construyan más obras que las que pueden hacerse con los recursos públicos disponibles. Pero ese tipo de contratos se firman luego de que estudios bien elaborados determinan que el monto de la compensación será manejable y declinante, desapareciendo después de un tiempo razonable. En nuestro caso el subsidio luce indefinido y, con el peaje más caro de toda la red de carreteras, el tráfico de vehículos no da señales de que crecerá lo suficiente.

Con los 8,000 millones gastados desde el 2011 podrían haberse hecho muchas cosas, pero ha servido para subsidiar a un consorcio privado y a los conductores que transitan por la carretera, estos últimos a razón de poco menos de tres mil pesos por viaje. Mientras tanto, hay zonas productivas cuya producción se deteriora por falta de vías de acceso.

Esa situación ha tenido el lamentable efecto colateral de desprestigiar las concesiones de obras públicas al sector privado, cerrándole al país una útil alternativa de financiación.

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Gustavo Volmar