Proceso migratorio

La OEA llegó y se fue, pero hay preguntas sobre el proceso migratorio que siguen sin respuesta. Se desconoce el efecto que la salida de los indocumentados tendrá sobre la economía dominicana, en aspectos tales como costos de construcción y producción, nivel de salarios, demanda de alimentos y otros bienes, el uso de los servicios públicos, la salida de divisas, la inflación, el comercio, la agricultura y demás sectores. Y no hay cifras fidedignas porque no se sabe hasta dónde llegarán, o si se harán, las deportaciones de quienes no hayan regularizado su presencia en el país.

Hay que observar que aparte de resaltar la solidaridad dominicana y proclamar la soberanía nacional, la defensa del país ante las críticas señala que éstas son injustificadas porque mencionan deportaciones que en realidad no han ocurrido. Pero el punto esencial de todo el proceso son, precisamente, esas deportaciones, y es de suponer que las autoridades sopesaron sus implicaciones al momento de tomar sus decisiones.

Si se hubiera dudado de llevarlas a cabo, habría sido irracional incurrir en los costos de la regularización y haber expuesto al país a la censura de organismos internacionales y gobiernos extranjeros.

No importan los costos económicos, podrían decir los abanderados del proceso, añadiendo que hay que llevarlo hasta sus últimas consecuencias pues en juego está la supervivencia de la nación dominicana, la que está por encima de cualquier otra consideración. Aún si así fuera, sin embargo, sería conveniente evaluar los efectos de un eventual, y hasta ahora incierto, programa de deportaciones, pues es mucho mejor conocerlos de antemano que ignorarlos como si no existieran.

Un detalle de costos y beneficios dejaría ver quiénes serán los más afectados, y puede que revele que el apoyo a la dignidad nacional no es tan incondicional como se podría deducir de las declaraciones públicas de los sectores involucrados.

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Gustavo Volmar