Tres de once

Todos usualmente conocemos a algunos de ellos, sabemos cómo localizarlos, estamos enterados de lo que hacen para vivir, y puede ser que hayamos utilizado sus servicios directa o indirectamente en algún momento. Pero por conveniencia, solidaridad o compasión, preferimos convivir con ellos, dejándolos que subsistan y ayuden a sus familias. Sobre ellos descansan varios tipos de actividades de bajo nivel, poco atractivas por su dureza física y su limitada remuneración, lo que les hace ser parte integral del funcionamiento de importantes sectores de la economía.

Sería absurdo pensar que las autoridades, aquí con los haitianos y en los EE.UU. con mexicanos y personas de otras nacionalidades, no están en condiciones de identificar, ubicar y, eventualmente, deportar a los extranjeros ilegales. En los EE.UU., por ejemplo, se calcula que viven unos once millones de personas en situación migratoria irregular. Es evidente que si hubieran querido apresarlos y expulsarlos del país lo habrían podido hacer desde hace mucho tiempo.

Durante los ocho años del gobierno del presidente Obama, fueron deportados de los EE.UU. dos millones y medio de ilegales, sobre todo durante su primer período de cuatro años, lapso en que 1.5 millones fueron expulsados. Las cifras de deportados crecieron continuamente desde el 2008 al 2012, pero a partir de ahí fueron declinando. Poco más de la mitad de ellos tenía expedientes delictivos, y a nuestro país tocó recibir a muchos dominicanos con antecedentes criminales expulsados después de cumplir sus condenas.

Donald Trump considera que de los once millones de ilegales, dos o tres millones son delincuentes. Es una cifra necesariamente imprecisa y probablemente exagerada, pero indicativa de una percepción peligrosa para quienes desempeñan labores honestas, aunque estén en situación irregular. En cualquier proceso de deportación masiva, muchos individuos inocentes pueden ser perjudicados.

gvolmar@diariolibre.com

Gustavo Volmar