¿Realmente reduce el hambre la distribución de alimentos que hacen los gobiernos?
Experto cuestiona el alcance de esta política en la India, donde 195 millones de personas pasan hambre
EFE
ROMA. El experto y activista indio Harsh Mander cuestionó hoy en Roma el alcance que tiene la política de distribuir alimentos como una forma de protección social para los más pobres en su país, donde 195 millones de personas pasan hambre.
En una conferencia celebrada en la sede de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Mander presentó su libro “Provisión estatal de alimentos como protección social”, en el que expone las ventajas e inconvenientes de una política que no ha logrado reducir el hambre como se esperaba.
Según cálculos de la ONU de 2015, unos 195 millones de personas siguen padeciendo subalimentación crónica en la India (una cuarta parte del total en el mundo), lo que representa un 15 % de la población.
Mander, director del Centro para Estudios de Equidad de la India, destacó la necesidad de abordar otras cuestiones complementarias como la igualdad de género y el derecho a la educación, a la atención médica y a un trabajo digno para mejorar la situación.
“Son derechos incompletos que tenemos que ver en conjunto para ver la imagen de la persistencia del hambre”, afirmó.
Junto con otros individuos y organizaciones, el activista promovió una campaña en 2001 para que el país reconociera el derecho a la alimentación y el caso llegó hasta la Corte Suprema, que estableció la obligación del Estado de implementar una política de distribución de alimentos.
En 2013, tras un proceso legislativo y de consulta, salió adelante la ley de seguridad alimentaria por la que se obliga a los poderes públicos a extender la protección social de la población india con medidas como proporcionar cada mes raciones casi gratuitas de arroz y cereales al 75 % de la población rural y a la mitad de la urbana.
Mander consideró que esa ley “otorga un instrumento democrático para que la gente fuerce al Gobierno a cumplirla” y enfatizó que “la protección social debe continuar mientras no se resuelvan las causas del hambre y la malnutrición”.
En un país con grandes recursos naturales y con un crecimiento económico “desigual”, defendió que el suministro de alimentos “no es caridad, sino que establece un modelo de lo que debe ser una buena sociedad”.
El especialista destacó que la promoción del trabajo digno es “imprescindible”, así como un mayor acceso a la educación y a los recursos en un país en el que la pobreza se concentra en el campo, donde el 56 % de los hogares carecen de tierra y dependen del trabajo para subsistir.
Reconoció que ciertos sectores se niegan a reconocer que el hambre sigue siendo un problema para el país y relató las dificultades que pasan los grupos más vulnerables.
Entre ellos, afirmó, los parias (clase social más baja) enseñan a sus hijos a dormir con hambre, comen sustancias que -sin ser nutritivas- les sirven para “engañar” al cuerpo necesitado de alimentos y toman medidas aún más desesperadas como emigrar o incluso suicidarse con tal de olvidarse de ese sufrimiento.
EFE
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