“Si no se nombra el director ejecutivo, que es el que investiga, se tranca el juego en la defensa de la competencia”
Edwin Ruiz
Santo Domingo. Diego Petrecolla, de nacionalidad argentina, es economista y una autoridad a escala internacional en defensa de la competencia. Durante los años 1999 a 2001 ocupó la presidencia del Consejo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de Argentina. Es consultor de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de República Dominicana (Pro Competencia), labor que realiza también para otros organismos homólogos de América Latina y de otras regiones del mundo.
La defensa de la competencia consiste en la labor de vigilancia para preservar el funcionamiento competitivo del mercado con el propósito de fomentar un mejor funcionamiento para que los beneficios de la economía basada en la libre competencia lleguen al conjunto de la sociedad.
La Ley General de Defensa de la Competencia fue promulgada el 16 de enero de 2008, y la entidad que tiene como función hacerla cumplir, que es Pro Competencia, ha sido creada y desarrollada.
Sin embargo, la Comisión Permanente de la Industria, Comercio y Zonas Francas, del Senado, que encabeza el senador Charlie Mariotti, no le ha dado curso a las planchas que han sido sometidas para designar a la persona que funja como director ejecutivo de Pro Competencia, una condición necesaria para que ese organismo pueda investigar los abusos de mercado.
¿Cuáles beneficios pueden esperar los consumidores de la defensa de la competencia?
El objetivo de la defensa de la competencia es justamente que los mercados funcionen de manera competitiva. Y eso tiene como resultado un beneficio a mediano y a largo plazo, y a veces al corto plazo, para el consumidor y para la economía en su conjunto. Porque mientras más competitivo son los mercados, menores van a ser los precios, mejores van a ser las calidades y más innovación tecnológica habrá. Ese es el objetivo primordial de la defensa de la competencia.
¿Aunque la defensa de la competencia no sea lo mismo que la defensa de los consumidores?
Pero a la larga esos efectos terminan beneficiando a los consumidores. Mientras más empresas entran en el mercado, más innovan para competir, y eso beneficia a los consumidores, o a través de precios o a través de mejores calidades. Entonces, el objetivo último de la defensa de la competencia en el fondo es beneficiar a los consumidores.
¿Existe alguna estimación entre antes y después de la defensa de la competencia sobre los beneficios a los consumidores?
Entiendo la pregunta, pero es muy ambiciosa. Porque lo que se puede hacer con la defensa de la competencia es analizar y solucionar los problemas de algunos mercados, no de toda la economía. Entonces, si hay un cartel, se investiga el cartel, lo sancionas, lo desarma y eso va tener como resultado menores precios en ese mercado específico.
Ahora bien, para toda la economía esa es una pregunta más macroeconómica. Si hay inflación, por ejemplo, la explicación no es por problemas de defensa de la competencia, las causas vienen dadas por la política monetaria y fiscal del gobierno.
Entonces si estás preocupado por los precios en general de la economía, el instrumento para solucionar eso es la política fiscal y monetaria. Ahora, la defensa de la competencia te ayuda a resolver los problemas en algún mercado puntual.
¿Qué ha pasado en algunos de esos mercados puntuales?
Hay estimaciones internacionales que dicen por ejemplo que en los mercados cartelizados los precios pueden ser entre un 20% y 50% más alto que en los mercados competitivos. Pero eso no quiere decir que cuando se aplica la defensa de la competencia van a bajar los precios de la economía entre un 20% y un 50%. Lo que puede ser es que encuentres que está cartelizado el mercado de cementos y que producto de la intervención de la agencia de la competencia baja el precio del cemento en 10%, o 15% o 20%.
La defensa de la competencia no es un instrumento para bajar los precios de la economía. Es un instrumento para solucionar problemas puntuales en unos mercados puntuales, pero que son mercados muy importantes para la economía porque en lo general son o de bienes de consumo masivos o insumos industriales, que son importantes para el resto de la economía.
O sea, imagínate que consigue a través de la intervención de la agencia de la competencia bajar los precios del cemento, toda la industria de la construcción se va a beneficiar.
“Entonces, si hay un cartel, se investiga el cartel, lo sancionas, lo desarma y eso va tener como resultado menores precios en ese mercado específico”.
¿Cómo usted ve la economía dominicana en términos de la competencia?
Es una economía pequeña y las economías pequeñas suelen estar más concentrada que una economía más grande. Y la verdad es que es todavía una economía que no aplica la legislación de competencia. Entonces, en ese sentido, en la práctica están legitimando problemas de competencia.
Mientras en otras economías se tiene un instrumento para solucionar problemas de defensa de la competencia, en la República Dominicana no se tiene.
Te voy a dar un ejemplo suramericano. En Chile funciona muy bien la defensa de la competencia. Pero en República Dominicana no funciona, no puede aplicarse completamente su legislación. Solo se puede aplicar una parte, que es la abogacía de la competencia, o sea que se puede opinar sobre otros actos del Gobierno, los decretos y resoluciones que pudieran tener consecuencias anticompetitiva en algún mercado en específico.
Pero la autoridad y la Justicia todavía no tienen instrumento para investigar y sancionar conductas anticompetitivas. Entonces, en Chile se puede investigarse un cartel, y en la República Dominicana no se puede.
Entonces, ¿se podría sospechar que en República Dominicana hay muchos carteles?
Yo no puedo hacer esa afirmación porque no soy un experto en la economía de la República Dominicana. Pero si te puedo decir, en base a la experiencia que tengo, que en otros países de la región hay muchos carteles y que en algunos casos fueron investigados y sancionados.
Las conclusiones sobre República Dominicana yo no las puedo sacar, pero me imagino que si hay carteles en Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Perú y en Centroamérica, entonces ¿por qué no habría carteles en República Dominicana?
¿Qué opinión tiene usted sobre la Ley de Defensa de la Competencia en República Dominicana en comparación con las de otros países?
La Ley de Competencia no se aplica completamente en República Dominicana y ese es el problema. Y es que todavía no se ha legitimado el accionar de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, nombrando un director ejecutivo para que se pueda aplicar la Ley plenamente y para que sea reglamentada la Ley.
¿Es tan importante el rol del director ejecutivo en otros países como para trancar el juego, si no es designado?
Te puedo comentar el caso chileno. El equivalente del director ejecutivo es el Fiscal Nacional Económico, y la respuesta es sí. El Fiscal Nacional Económico en Chile tiene la posibilidad de investigar y proponer sanciones para conductas anticompetitivas y suele ser muy activo.
¿Pero su ausencia tranca el juego?
Claro que tranca el juego. Es el fiscal.
Pero en República Dominicana hay una trampa, que consiste en no nombrar al director ejecutivo porque algunos sectores e intereses no quieren que funcione la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
Yo tengo que inferir que sí.
Sí, porque no somos tontos, ¿eh?
(Risas). Claro, hay que nombrar un fiscal y no se nombra el fiscal para que investigue... entonces no hay investigación. El equivalente sería el Superintendente en Brasil, que es el que investiga en ese país. Luego la investigación se lleva al Consejo que decide si la conducta es anticompetitiva o no, es como un tribunal.
En Chile es lo mismo, hay un fiscal que es el que investiga, y se lo lleva al Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia que es el que decide. Y acá (en República Dominicana) es lo mismo. Está nombrado el Consejo, que es el que decide, pero no está nombrado el fiscal, que es el que investiga. Entonces, no hay investigación.
¿Hubo en otros países tantos obstáculos para aplicar la defensa de la competencia?
En Guatemala, donde no hay legislación.
Pero aquí hay legislación.
Bueno, en toda Latinoamérica, menos en Guatemala y en Haití, hay legislación de defensa de la competencia en marcha.
Recientemente en Paraguay, uno de los países que no tenía legislación, acaba de sancionarla y nombrar su Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, y ya está operando.
¿Y cuando la aprobaron?
Hace uno o dos años atrás. Y ya la están poniendo en marcha. República Dominicana hace cuatro años que tiene legislación y no la pone en marcha completamente, la puso en marcha a medias. Eso es muy sui géneris.
¿Resultado? Ustedes están en el subconjunto, según mi mirada, de Guatemala, Haití y la República Dominicana. Si se hace un ranking de cuáles son las economías más atrasadas en la aplicación de la ley de la defensa de la competencia en Latinoamérica, los pondría en el último de los grupos del ranking, lamentablemente.
Los dominicanos están acostumbrados a las malas notas en los exámenes internacionales.
Yo no quisiera ser el que le ponga malas notas, pero si me preguntaste, debo ser sincero. En Nicaragua está funcionando la defensa de la competencia. Ella tiene casos, analizan fusiones, ponen sanciones. En Honduras, analizan fusiones, ponen sanciones. En El Salvador, en Costa Rica, en Panamá. Pero en Dominicana, todavía no. Esa es una decisión política.
¿Cuál fue el papel del Congreso a la hora de impulsar esa legislación en esos países?
Yo diría que hay dos responsables acá: El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
Un caso concreto en República Dominicana es las ventas atadas y el reparto de mercados o clientes en el sector de las telecomunicaciones. ¿Qué opina?
Estas conductas en el sector de las telecomunicaciones son internacionales, no son solo locales. Ahora, ¿qué hace el resto del mundo? Las sancionas, y para eso está el regulador y la defensa de la competencia para investigar y sancionar.
La política comercial de las telefónicas es internacional, es lo mismos en todos los lados, y me imagino que acá las empresas de las telecomunicaciones son internacionales, no locales. O sea, que en el fondo repiten la política comercial de otros lugares del mundo. ¿Cuál es la diferencia? Que en otros lugares del mundo aplican la legislación de competencia, y además el sector de las telecomunicaciones tiene regulaciones específicas. Ese tipo de conducta es investigada y sancionadas.
Y si no entiendo mal, la ley de las telecomunicaciones en República Dominicana contiene artículos específicos de defensa de la competencia, y el regulador tiene atribuciones en materia de la competencia. Pero usted me está diciendo que no las está usando.
Definitivamente puedo concluir eso.
Yo también concluyo lo mismo, porque mi conocimiento sobre la ley de telecomunicaciones dominicana es que tiene artículos específicos de defensa de la competencia, y que el regular (Aclaración de Diario Libre: el regulador es INDOTEL) tiene la facultad y la obligación de aplicarlos.
En otros países, ¿en cuáles sectores se ha observado más resistencia a que se aplique la defensa de la competencia? ¿Existe un patrón?
Te diría que ese patrón está desapareciendo, y te diría que el único país en que ese patrón persiste es en Guatemala, donde el sector privado pareciera estar empecinado en que no haya legislación de competencia. Una experiencia del pasado fue Ecuador, donde el sector privado se oponía, pero donde fue superado.
¿Hablamos del sector empresarial?
Si, el sector empresarial se oponía en Ecuador, pero finalmente se sancionó, pero fue una decisión del Poder Ejecutivo, que dijo: “Señores, no, necesitamos una legislación de competencia”.
¿Fue una decisión política?
Por supuesto. Esto es una decisión política claramente.
“Más temprano la legislación de competencia se va a imponer. Cuando eso se masifique y cuando haya conciencia sobre el perjuicio que tiene para los consumidores, la economía y la sociedad, el que no haya competencia, estos temas se imponen”.
En República Dominicana llama la atención que las grandes organizaciones empresariales guardan silencio sobre este tema.
No quiero opinar tanto de un país en el cual no estoy a tiempo completo.
Pero ¿se podría considerar que “el silencio” es un indicador de desinterés?
Yo creo que debería haber por lo menos algunos empresarios interesados en la legislación de competencia.
Los hay.
Porque algunos empresarios sufren estas conductos. No solo los consumidores, porque entre los consumidores de bienes y servicios también hay empresarios, como son los de insumos industriales. Porque si uno va a comprar un insumo y ese insumo está carterizado, ese consumidor o empresa está afectado.
¿Qué le recomienda a República Dominicana, al Gobierno, a los empresarios?
Yo trabajo en esta área hace 25 años, empecé a principio de los 90. Más tarde o más temprano la legislación de competencia se impone. Es una cuestión de tiempo. Se va a imponer de alguna manera, porque va a haber un caso que de tan llamativo les va a obligar a replanteárselos.
En los acuerdos comerciales y sus negociaciones siempre aparece el tema de la defensa de la competencia. Entonces, después de la firma de un acuerdo comercial los países que no tienen legislación de competencia se ven obligados a legislar.
Cuando comencé a trabajar en este tema, en los 90, la mayoría de los países no tenían legislación de competencia, y hoy, 25 años más tarde, la mayoría la tiene.
¿Qué es lo que falta?
Entonces mi comentario seria que más tarde o más temprano la legislación de competencia se va a imponer. Yo creo que falta un caso que llame la atención, aunque ya me mencionaste uno que llama la atención, que es el de las telecomunicaciones. Pero cuando eso se masifique y cuando haya conciencia sobre el perjuicio que tiene para los consumidores, la economía y la sociedad, el que no haya competencia, estos temas se impondrán.
Edwin Ruiz
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