La deuda soberana argentina. El panorama de la deuda a mediano plazo de Argentina luce cada vez más nublado. 

Cuando Argentina propuso un brutal corte de pelo1 de 65% a los tenedores de sus bonos soberanos en incumplimiento en la restructuración del 2005, un argumento empleado por los funcionarios del país para justificar la oferta fue que el país no podía asumir más deuda de la que razonablemente podía pagar. Tan dolorosa como pueda ser la pérdida, decían, por lo menos los nuevos bonos que el gobierno emitiría tendrían solvencia.

Apenas siete años más tarde, ese alegato ahora parece más difícil de justificar. Este mes la empobrecida provincia norteña de Chaco no pudo pagar $263,000 en intereses, después que el Banco Central de Argentina se rehusó a vender los dólares que necesitaba. Eso obligó a la provincia a anunciar que compensaría a sus acreedores en pesos, convirtiendo el monto adeudado a la tasa oficial de cambio, que es aproximadamente 25% menos del valor de la moneda en el mercado negro. Fue la primera vez que un brazo del gobierno argentino no cumple con el pago de la deuda en su totalidad desde el masivo incumplimiento del país en el 2001.

¿Es el incumplimiento técnico de Chaco un canario en la mina de carbón para la deuda de Argentina en general, o es sencillamente un daño aislado? A corto plazo, la mayoría de los tenedores de bonos pueden estar tranquilos. A pesar de que los bonos de Chaco están denominados en dólares, están gobernados por la ley argentina, que le permite a los prestatarios saldar sus obligaciones en la moneda local. Desde que el año pasado el Banco Central restringió el mercado de divisas en un esfuerzo por frenar la fuga de capitales, su política oficial ha sido que los emisores locales solo pueden comprar dólares para financiar proyectos de infraestructura.

Pero solo $191 millones de deuda provincial están gobernados por las leyes locales y por tanto sujetas a este requisito. Solo otras dos provincias tienen bonos en circulación sujetos a la ley argentina, y uno de ellos, Tucumán, ya ha asegurado al público que tiene planes de continuar cumpliendo con sus compromisos en dólares. La gran mayoría de la deuda provincial - cerca de $7 mil millones - está sujeta a las leyes británicas o neoyorquinas. Hasta la fecha, esos valores no han sido afectados por la escasez de dólares en Argentina. El Banco Central tiene $45 mil millones en reservas, 14 veces lo que el gobierno federal le adeudará a sus acreedores en el 2013.

Dicho eso, el panorama de la deuda a mediano plazo de Argentina luce cada vez más nublado. Incluyendo las provincias y los municipios, el sector público está en déficit aun antes de contar los pagos de intereses. Bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuya popularidad depende cada vez más del gasto público, no hay virtualmente ninguna oportunidad de reducción. El saldo general de la deuda pública es todavía relativamente bajo. Pero debido a que los inversionistas exigen tasas de interés prohibitivas para prestar a un gobierno visto como impredecible y anti-mercados, Argentina no puede refinanciar sus obligaciones cuando vencen, y debe pagar el principal completo de los ingresos fiscales o de las reservas del banco central. Y a pesar de que la economía es probable que se recupere modestamente el próximo año después de un año 2012 sin recuperación, recibe muy poca inversión del sector privado. Eso significa que hay pocas probabilidades de que se expanda lo suficientemente rápido para que el ingreso del gobierno exceda sus obligaciones.

El mercado de bonos está bien consciente de estas señales de alerta. Cuando se dio la noticia de Chaco, rápidamente se vendió un 2% de los bonos del gobierno federal denominados en dólares. Los inversionistas astutos que reconocen la capacidad de Argentina para pagar por ahora pero tienen dudas sobre su trayectoria, podrían considerar comprar la deuda del país que vence en un futuro cercano mientras venden sus tenencias a mayor largo plazo.

Desde que el año pasado el Banco Central de Argentina restringió el mercado de divisas en un esfuerzo por frenar la fuga de capitales, su política oficial ha sido que los emisores locales solo pueden comprar dólares para financiar proyectos de infraestructura. 

1 Un corte de pelo es un porcentaje que se resta del valor de mercado de un activo que se está utilizando como colateral.

© 2012 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved. De The Economist, traducido por Diario Libre y publicado bajo licencia. El artículo original en inglés puede ser encontrado en www.economist.com