The Economist|04 ene 2013, 12:00 AM|POR Diario Libre

Un menú más saludable

Lula da Silva enfrenta cuestionamientos a las prácticas en su gobierno.

La corrupción en Brasil. Cuando el histórico juicio de los culpables de un esquema legislativo de votos por efectivo está a punto de concluir, los brasileños digieren el veredicto. 

Es tan raro que la corrupción política en Brasil conduzca al castigo que hay una expresión para la forma en que los escándalos desaparecen. Acaban "en pizza", con aproximadamente las mismas implicaciones de convivencia que resolver las diferencias tomando un trago. Pero un escándalo especialmente descarado acaba de terminar de manera sorprendentemente desagradable para algunos malhechores prominentes. El juicio en la Suprema Corte del mensalão (un gran estipendio mensual), un esquema para comprar votos en el Congreso brasileño que salió a la luz en el 2005, concluyó el 17 de diciembre. De los 38 acusados, 25 fueron encontrados culpables de cargos, incluyendo corrupción, lavado de dinero y malversación de fondos públicos. Muchos recibieron fuertes sentencias y grandes multas.

Todavía la Suprema Corte debe redactar su informe del juicio y recibir las apelaciones -a pesar de que es poco probable que cambie de idea-. De manera que en el 2013 los brasileños podrán ver algo sin precedentes: políticos bien conectados detrás de las rejas. José Dirceu, quien fue el jefe del gabinete del ex presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, fue sentenciado a casi once años; Delúbio Soares, ex tesorero del partido de gobierno, el Partido de los Trabajadores (PT), fue sentenciado a casi nueve. De acuerdo al código penal, por lo menos parte de esas sentencias deben ser cumplidas en la cárcel. Los jueces también decidieron que los tres diputados federales encontrados culpables, automáticamente perderán sus escaños cuando, y si esos veredictos son confirmados.

Lula no ha sido acusado y siempre ha insistido en que no sabía nada del esquema. Pero Marcos Valério, un ex publicista sentenciado a 40 años, alega tener evidencias de que Lula sabía lo que estaba ocurriendo, y que parte del dinero sucio pagó por sus gastos personales. Estos alegatos podrían ser simplemente un intento desesperado de un hombre condenado a negociar menos años de cárcel. El procurador general describió a Valério como un "jugador", y dijo que sus alegaciones deben ser tratadas con cautela. Pero si tiene nuevas pruebas significativas el mensalão podría seguir retumbando.

El juicio, y sus resultados, demuestran la creciente capacidad de la policía, los fiscales y los tribunales para responsabilizar a los políticos. "El mensalão es un símbolo sorprendente de este cambio", dice Carlos Melo, un científico político de Insper, una escuela de negocios de São Paulo. "Pero empezó hace algún tiempo".

En años recientes, Brasil ha sido mejor clasificado por Transparencia Internacional, un vigilante ubicado en Berlín. Ocupa ahora la posición 69 como más limpio de una lista de 174 países; en Suramérica, sólo Chile y Uruguay están más limpios. Pero mientras su policía, funcionarios civiles y jueces comparan bien con los del resto de la región, sus políticos no.

Si el fin de facto de la impunidad no es suficiente para estimular a los políticos brasileños a cambiar, la ley de ficha limpia les ha dado a los jueces otra arma para su arsenal anticorrupción. Promulgada en el 2010 después de una campaña pública, le prohíbe asumir cargos públicos a cualquiera que haya sido condenado por una variedad de ofensas, incluyendo compra de votos y financiamiento ilícito de campaña. Las elecciones municipales de octubre, las primeras bajo las nuevas leyes, resultaron en cientos de candidatos declarados inelegibles; otros, incluso algunos que fueron elegidos, podrían ser excluidos.

Dilma Rousseff, la presidenta del país, desea una ley similar para los servidores públicos. Eso le ayudaría a refrenar las causas restantes de corrupción: nombramientos discrecionales a puestos públicos. Los presidentes brasileños cuentan con casi 25,000 puestos a su disposición, incluyendo puestos de alta jerarquía en agencias reguladoras y empresas controladas por el Estado. En años recientes, muchos de estos han sido otorgados a personas bien conectadas políticamente o a aliados del gobierno.

Lula ahora enfrenta cuestionamientos sobre estas prácticas cuando él gobernaba. El 14 de diciembre la oficina del procurador general dijo que estaba investigando alegatos de cohecho y tráfico de influencias involucrando a 24 personas, entre ellos Rosemary de Noronha, una ex cajera bancaria que ha estado cerca de Lula desde antes de ser presidente. En el 2005, él la nombró jefa de una nueva "oficina presidencial" en São Paulo. Los investigadores alegan que durante ese período ella aceptó sobornos para conceder permisos falsificados para proyectos de construcción y de transporte junto a cómplices en agencias regulatorias.

En el 1992 el Congreso de Brasil procesó a un presidente por corrupción. Pero ahora son los fiscales, los tribunales y los medios los que dirigen la lucha para limpiar la vida pública. Una investigación del Congreso en los vínculos políticos de Carlinhos Cachoeira, que supuestamente maneja un negocio ilegal de apuestas, ilustra el punto. No logró ponerse de acuerdo sobre el informe para su fecha límite de fin de año, con sus miembros protegiendo a sus aliados y creando división a lo largo de las líneas del partido. "Esta pizza era más grande que el horno", se lamentó un político. A pesar del veredicto, el mensalão no ha desaparecido por completo del menú.

© 2012 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved. De The Economist, traducido por Diario Libre y publicado bajo licencia. El artículo original en inglés puede ser encontrado en www.economist.com

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