The Economist|19 ago 2013, 12:00 AM|9|POR Diario Libre

El fraude de mil millones; la corrupción en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Cuando de corrupción se trata, durante mucho tiempo Venezuela ha languidecido en la parte más baja de la lista internacional. Según el último índice de percepción de corrupción compilado cada año por Transparencia Internacional, un perro guardián ubicado en Berlín, solo ocho de una lista de 176 países estaban más plagados de corrupción. Hasta lugares como Haití y Zimbabue ocupaban puestos más altos. El capítulo de Venezuela de la organización encontró que el 75% de los encuestados en una encuesta reciente expresó que la corrupción había empeorado en los dos últimos años. Más de la mitad pensaba que las medidas adoptadas por el gobierno para atacarla eran ineficaces.

Empieza Nicolás Maduro, elegido presidente en abril después que Hugo Chávez falleció de cáncer antes de que fuera juramentado por presidente para un período de seis años. Maduro, un exchofer de autobús, que fuera ministro de relaciones exteriores de Chávez, ha dicho que la lucha contra la corrupción es una prioridad de su gobierno. Varios funcionarios de nivel medio han sido arrestados.

Uno de los peores casos es el de Ferrominera, una minera y procesadora estatal de mineral de hierro en el estado Bolívar al sudeste del país. Después de años de protestas de sus trabajadores, algunos de los cuales fueron llevados a juicio por sus protestas, el presidente de Ferrominera, Radwan Sabbag, fue arrestado en junio y acusado por Maduro de "haber sangrado a la empresa". Le siguieron otros arrestos, entre ellos Yamal Mustafá, un comerciante con vínculos estrechos con el gobernador del estado de Bolívar, Francisco Rangel Gómez.

Documentos de una investigación de la inteligencia militar, filtrados a legisladores federales y a un periódico local, revelan estafas por valor de la increíble cifra de $1.2 mil millones, incluyendo la venta de minerales a intermediarios por una fracción de su valor real a cambio de enormes sobornos. Podría ser aún mucho peor. Ricardo Menéndez, el ministro de industria, recientemente admitió que había "mucha más corrupción en Ferrominera de lo que se ha dicho públicamente". El coronel del ejército enviado a investigar el caso en el 2011 se dice que ha obtenido decenas de millones de dólares en chantajes a los administradores de Ferrominera y a Mustafá. Ahora él también será juzgado.

Hasta el caso de la Ferrominera es pálido ante la montaña de dinero que puede haber sido malversado del regulador de cambio extranjero estatal, Cadivi. Con la tasa del mercado negro del dólar que actualmente es de más de cinco veces la tasa oficial de 6.3 bolívares, la cantidad de dinero que se puede obtener de esquemas de importación fraudulentos es colosal. El año pasado Cadivi manejó más de $59 mil millones en total. Pero Jorge Giordani, el ministro de planeación, y Edmée Betancourt, el gobernador del Banco Central, dicen que hasta una tercera parte de ese monto puede haber sido canalizado hacia empresas fantasmas. Betancourt coloca la "demanda artificial" de $15 a 20 mil millones.

Los alegatos de corrupción involucran a algunas de las figuras más prominentes de la "revolución bolivariana" de Chavez (nombrada en honor al héroe de la independencia venezolana, Simón Bolívar). En una cinta de audio filtrada en mayo, Mario Silva, un presentador de la televisión estatal y (ahora se conoce) un agente cubano, enumeró a su agente las fuentes de finanzas ilícitas que según él estaban disponibles para Diosdado Cabello, el presidente del parlamento y líder del gobernante partido socialista, y rival potencial de Maduro. Estas incluían la autoridad fiscal, dirigida por un hermano de Cabello, y Cadivi. Cabello desestimó la cinta como una falsificación, el fiscal todavía no ha investigado y Silva perdió su empleo.

Por el contrario, Cabello le ha caído atrás a la oposición. Alega que Richard Mardo, un legislador de la oposición, era culpable de evasión de impuestos y de lavado de dinero, organizó que fuera despojado de su inmunidad parlamentaria. Cuando la oposición protestó alegando persecución política, el presidente Maduro organizó una contramarcha. Empleó el poder del gobierno para obligar a los canales de televisión a divulgar sus discursos para señalar a la oposición como corrupta - sin ningún sentido de ironía.

El caso de Mardo es de apenas $400,000 más o menos en lo que él dice eran contribuciones de empresas para la campaña. No se malversó ningún dinero público: de hecho el legislador no tenía un empleo público en ese momento. Tampoco se han presentado pruebas de la evasión de impuestos o de que los fondos tuvieran un origen ilícito, a pesar de los esfuerzos del gobierno de comparar a Mardo con Pablo Escobar, un fallecido magnate de la droga. Por otra parte, Cabello se ha rehusado a permitir un debate parlamentario sobre varios escándalos multimillonarios de corrupción. Uno involucra a gerentes de PDVAL, una compañía estatal que permitió que cientos de miles de toneladas de alimentos se pudrieran en contenedores. Tres fueron arrestados, pero luego fueron calladamente liberados y retornados a sus empleos.

Se le ha dejado a los tribunales estadounidenses resolver algunos alegatos de corrupción que involucran a venezolanos. Otto Reich, un exfuncionario del Departamento de Estado, el mes pasado demandó a Derwick Associates, una firma cuyos socios son venezolanos. Reich alega difamación; alega también que la compañía ha pagado grandes sobornos a funcionarios venezolanos para obtener contrato para construir centrales eléctricas. Derwick y sus socios rechazan esos alegatos. Detalles de los contratos aparecieron en la prensa venezolana hace unos meses, pero no resultaron en investigación. "No hay intocables", declara Maduro. A la fecha muy pocos han sido tocados.

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De The Economist, traducido por Diario Libre y publicado bajo licencia. El artículo original en inglés puede ser encontrado en www.economist.com

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