Grupo México se compromete a pagar los daños generados por derrame tóxico
El consorcio asumió así todas las responsabilidades por el derrame registrado el 6 de agosto pasado
Diario Libre
MÉXICO. La minera Grupo México destinará 152 millones de dólares a un fideicomiso para reparar los daños materiales y ambientales que causó en agosto con el derrame tóxico de 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre en dos ríos del estado de Sonora.
A través del fideicomiso, la minera cubrirá "los daños causados al entorno, a las personas y sus bienes" por el derrame procedente de la mina Buenavista del Cobre, propiedad del Grupo México, anunció ayer el Gobierno mexicano.
Si los 152 millones de dólares del fideicomiso son insuficientes para cubrir la reparación, Grupo México aportará los recursos adicionales para atender todas las necesidades de la población afectada y los daños ambientales.
El consorcio asumió así todas las responsabilidades por el derrame registrado el 6 de agosto pasado, a pesar de que al principio intentó atribuir el percance al incremento de las lluvias en la región, una versión que fue rechazada con contundencia por el Gobierno.
La minera argumentó que el derrame fue consecuencia de las lluvias por arriba de la media en julio y los primeros días de agosto en la región de Cananea, y destacó que lleva a cabo una operación minera limpia y eficiente.
Sin embargo, el secretario de Medio Ambiente, Juan José Guerra, negó que en esas fechas se registraran precipitaciones importantes y atribuyó el derrame a la falla en el amarre de un tubo de polietileno y la falta de una válvula, algo que después reconoció Grupo México.
En el fideicomiso no están contempladas las multas que deberá pagar la minera y que, sólo desde el punto de vista ambiental, están calculadas en 43,5 millones de pesos (unos 3,3 millones de dólares), señaló ayer el titular de Medio Ambiente.
Grupo México también hará frente a una denuncia penal presentada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por el derrame, calificado por el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto como el peor desastre ambiental en la industria minera del país.
El conglomerado minero genera 9.000 empleos directos, produce y exporta 200.000 toneladas de cobre refinado y deja una derrama económica en la región por 1.004 millones de pesos (77 millones de dólares) mensuales.
Mientras la demanda penal se resuelve, los afectados comenzarán a recibir los recursos a través del fideicomiso una vez que un comité de expertos que será integrado en los próximos días valide las reclamaciones.
La autoridad ambiental clausuró el 1 de septiembre pasado de manera temporal una parte de la mina, que representa alrededor del 30 % de su actividad, tras encontrar varias irregularidades que suponen un "riesgo inminente al medio ambiente".
Según el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, unos 23.000 habitantes en las zonas aledañas a los ríos Sonora y Bacanuchi han sido afectados por la fuga de la mina.
El gobernador lanzó el miércoles un "enérgico llamado" a Peña Nieto para que ayude a Sonora a hacer frente al desastre ecológico, tras acusar de "negligentes" y "omisos" a los representantes del Gobierno federal, incluido el titular de la Profepa, Guillermo Haro.
El político del conservador Partido Acción Nacional (PAN) también acusó a los delegados federales de lanzar una campaña de desprestigio en su contra al hacer "señalamientos" hacia bienes y propiedades de su familia que también han resultado afectados por la contaminación.
Y es que en las inspecciones en la zona las autoridades federales encontraron en un rancho del gobernador una represa construida sobre un cauce de arroyo federal, la cual es investigada para determinar si cuenta con los permisos necesarios y si afecta a terceros.
"Es una obra de defensa que hemos venido construyendo de un dique que existía" desde hacía décadas, dijo ayer Padrés, quien manifestó estar de acuerdo con una investigación, pero con transparencia.
El Gobierno federal advirtió el miércoles que si se detectan anomalías y afectaciones a terceros, se clausurará o demolerá la presa y se liberará el agua para uso de quienes tienen legítimo derecho a ella.
El gobernador anunció que hoy tiene programada una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para hablar sobre el derrame tóxico.
"Estamos pasando por un momento muy difícil", dijo al insistir sobre la necesidad de abordar el tema con el Gobierno federal.
Padrés detalló que "el Gobierno ha invertido 120 millones de pesos" (unos 9,2 millones de dólares), pero Sonora necesita "más recursos" para hacer frente a la tragedia.
A través del fideicomiso, la minera cubrirá "los daños causados al entorno, a las personas y sus bienes" por el derrame procedente de la mina Buenavista del Cobre, propiedad del Grupo México, anunció ayer el Gobierno mexicano.
Si los 152 millones de dólares del fideicomiso son insuficientes para cubrir la reparación, Grupo México aportará los recursos adicionales para atender todas las necesidades de la población afectada y los daños ambientales.
El consorcio asumió así todas las responsabilidades por el derrame registrado el 6 de agosto pasado, a pesar de que al principio intentó atribuir el percance al incremento de las lluvias en la región, una versión que fue rechazada con contundencia por el Gobierno.
La minera argumentó que el derrame fue consecuencia de las lluvias por arriba de la media en julio y los primeros días de agosto en la región de Cananea, y destacó que lleva a cabo una operación minera limpia y eficiente.
Sin embargo, el secretario de Medio Ambiente, Juan José Guerra, negó que en esas fechas se registraran precipitaciones importantes y atribuyó el derrame a la falla en el amarre de un tubo de polietileno y la falta de una válvula, algo que después reconoció Grupo México.
En el fideicomiso no están contempladas las multas que deberá pagar la minera y que, sólo desde el punto de vista ambiental, están calculadas en 43,5 millones de pesos (unos 3,3 millones de dólares), señaló ayer el titular de Medio Ambiente.
Grupo México también hará frente a una denuncia penal presentada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por el derrame, calificado por el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto como el peor desastre ambiental en la industria minera del país.
El conglomerado minero genera 9.000 empleos directos, produce y exporta 200.000 toneladas de cobre refinado y deja una derrama económica en la región por 1.004 millones de pesos (77 millones de dólares) mensuales.
Mientras la demanda penal se resuelve, los afectados comenzarán a recibir los recursos a través del fideicomiso una vez que un comité de expertos que será integrado en los próximos días valide las reclamaciones.
La autoridad ambiental clausuró el 1 de septiembre pasado de manera temporal una parte de la mina, que representa alrededor del 30 % de su actividad, tras encontrar varias irregularidades que suponen un "riesgo inminente al medio ambiente".
Según el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, unos 23.000 habitantes en las zonas aledañas a los ríos Sonora y Bacanuchi han sido afectados por la fuga de la mina.
El gobernador lanzó el miércoles un "enérgico llamado" a Peña Nieto para que ayude a Sonora a hacer frente al desastre ecológico, tras acusar de "negligentes" y "omisos" a los representantes del Gobierno federal, incluido el titular de la Profepa, Guillermo Haro.
El político del conservador Partido Acción Nacional (PAN) también acusó a los delegados federales de lanzar una campaña de desprestigio en su contra al hacer "señalamientos" hacia bienes y propiedades de su familia que también han resultado afectados por la contaminación.
Y es que en las inspecciones en la zona las autoridades federales encontraron en un rancho del gobernador una represa construida sobre un cauce de arroyo federal, la cual es investigada para determinar si cuenta con los permisos necesarios y si afecta a terceros.
"Es una obra de defensa que hemos venido construyendo de un dique que existía" desde hacía décadas, dijo ayer Padrés, quien manifestó estar de acuerdo con una investigación, pero con transparencia.
El Gobierno federal advirtió el miércoles que si se detectan anomalías y afectaciones a terceros, se clausurará o demolerá la presa y se liberará el agua para uso de quienes tienen legítimo derecho a ella.
El gobernador anunció que hoy tiene programada una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para hablar sobre el derrame tóxico.
"Estamos pasando por un momento muy difícil", dijo al insistir sobre la necesidad de abordar el tema con el Gobierno federal.
Padrés detalló que "el Gobierno ha invertido 120 millones de pesos" (unos 9,2 millones de dólares), pero Sonora necesita "más recursos" para hacer frente a la tragedia.
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