Esclavitud y piratería en las aguas de Tailandia
El uso de métodos de pesca "destructivos e insostenibles", han extenuado las reservas tailandesas
Diario Libre
BANGKOK.- Tras décadas de desenfrenada captura y un sistema sin control en el registro de las embarcaciones, los caladeros de pesca tailandeses se encuentran en una situación límite que ha incitado a la industria a acudir a las mafias del tráfico humano para cubrir el déficit en mano de obra y ahorrar en costes.
"Productores y consumidores de los productos marinos de Tailandia están enfrascados en uno de los delitos sociales y ecológicos más escandalosos del siglo XXI. El deterioro del ecosistema y la esclavitud forman un círculo vicioso", apunta Stave Trent, director de la organización Environmental Justice Foundation (EJF).
El activista desgrana en un comunicado difundido esta semana las "terribles violación contra los derechos humanos" que las víctimas de la trata de personas sufren en los barcos "como resultado de la crisis ambiental".
Tailandia es el tercer exportador mundial de marisco con un volumen de negocio valorado en 7.000 millones de dólares (6.175 millones de euros) y uno de los mayores abastecedores de los mercados europeos y estadounidense.
Del género que entra en las lonjas de Estados Unidos desde Tailandia, al menos, el 39 por ciento ha sido capturado de manera ilegal por "barcos piratas" responsables, en parte, de la sobreexplotación, asegura la organización.
El uso de métodos de pesca "destructivos e insostenibles", como la práctica del arrastre, han extenuado las reservas tailandesas, una de las pesquerías más sobre explotadas del mundo, y propiciado el desplome de las capturas.
Los barcos tailandeses pescan ahora un 86 por ciento menos que en 1966, según datos de EJF, por lo que las embarcaciones se ven forzadas a permanecer más tiempo en el mar para ser rentables y reducir costes.
El paupérrimo jornal y las duras condiciones laborales han alejado a la mano de obra local de esta industria que desde hace años acude a los comerciantes de personas para formar tripulación.
En un régimen calificado como "esclavitud moderna", inmigrantes birmanos, camboyanos y de Laos en su mayoría se ven atrapados en trabajos forzados, entre palizas, amenazas de muerte y meses sin pisar tierra firme.
Estados Unidos consideró, en abril del 2014, que Tailandia no acomete suficientes esfuerzos para combatir esta lacra y alcanzar los estándares mínimos internacionales por lo que degradó al país asiático, en su informe anual sobre tráfico de personas, al nivel más bajo, aunque evitó imponer sanciones económicas.
Las autoridades del país norteamericano apuntaron en el documento que el Gobierno tailandés ha mostrado esfuerzos insuficientes y errores sistemáticos en "investigar, perseguir y apresar propietarios de barcos y capitanes por utilizar inmigrantes en trabajos forzados, o funcionarios cómplices del crimen".
La corrupción "endémica" de las autoridades, que en algunos casos llegan a proteger y aconsejar a empresarios y mafiosos, es identificada por EJF como el mayor obstáculo para luchar contra el tráfico de personas.
"Acabar con la corrupción es una de las políticas más importantes del actual Gobierno (...) Hemos pasado a la acción. Tenemos que aplacar el abuso de poder de los funcionarios corruptos" con una mayor imposición de las leyes, declara a Efe Vichien Chavalit, ministro tailandés de Desarrollo Social y Seguridad Humana.
En un escrito remitido el pasado jueves, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Tailandia defendió la actuación gubernamental en la lucha contra el tráfico humano al destacar los "resultados positivos" en varias áreas, como el fortalecimiento de la justicia y la identificación de las víctimas.
Las autoridades locales han tomado acciones legales y arrestado a más de 250 empresarios deshonestos y traficantes, así como inspeccionar casi 700 pesqueros e interrogar a 10.426 trabajadores para "controlar las condiciones de trabajo en el mar", además de iniciar un programa para matricular todos los barcos de pesca.
El primer ministro, el general Prayuth Chan-ocha, que ascendió al poder tras el golpe de Estado militar de mayo del 2014, ha reclamado "tolerancia cero" para abordar este problema de "máxima prioridad nacional".
"Es de vital importancia enfrentarse a la sobrepesca, la piratería y la esclavitud en Tailandia como un problema interconectado. Así como comenzar con una aproximación honesta del alcance de los retos sociales y medioambientales que afronta la industria pesquera de Tailandia", sentencia Trent.
"Productores y consumidores de los productos marinos de Tailandia están enfrascados en uno de los delitos sociales y ecológicos más escandalosos del siglo XXI. El deterioro del ecosistema y la esclavitud forman un círculo vicioso", apunta Stave Trent, director de la organización Environmental Justice Foundation (EJF).
El activista desgrana en un comunicado difundido esta semana las "terribles violación contra los derechos humanos" que las víctimas de la trata de personas sufren en los barcos "como resultado de la crisis ambiental".
Tailandia es el tercer exportador mundial de marisco con un volumen de negocio valorado en 7.000 millones de dólares (6.175 millones de euros) y uno de los mayores abastecedores de los mercados europeos y estadounidense.
Del género que entra en las lonjas de Estados Unidos desde Tailandia, al menos, el 39 por ciento ha sido capturado de manera ilegal por "barcos piratas" responsables, en parte, de la sobreexplotación, asegura la organización.
El uso de métodos de pesca "destructivos e insostenibles", como la práctica del arrastre, han extenuado las reservas tailandesas, una de las pesquerías más sobre explotadas del mundo, y propiciado el desplome de las capturas.
Los barcos tailandeses pescan ahora un 86 por ciento menos que en 1966, según datos de EJF, por lo que las embarcaciones se ven forzadas a permanecer más tiempo en el mar para ser rentables y reducir costes.
El paupérrimo jornal y las duras condiciones laborales han alejado a la mano de obra local de esta industria que desde hace años acude a los comerciantes de personas para formar tripulación.
En un régimen calificado como "esclavitud moderna", inmigrantes birmanos, camboyanos y de Laos en su mayoría se ven atrapados en trabajos forzados, entre palizas, amenazas de muerte y meses sin pisar tierra firme.
Estados Unidos consideró, en abril del 2014, que Tailandia no acomete suficientes esfuerzos para combatir esta lacra y alcanzar los estándares mínimos internacionales por lo que degradó al país asiático, en su informe anual sobre tráfico de personas, al nivel más bajo, aunque evitó imponer sanciones económicas.
Las autoridades del país norteamericano apuntaron en el documento que el Gobierno tailandés ha mostrado esfuerzos insuficientes y errores sistemáticos en "investigar, perseguir y apresar propietarios de barcos y capitanes por utilizar inmigrantes en trabajos forzados, o funcionarios cómplices del crimen".
La corrupción "endémica" de las autoridades, que en algunos casos llegan a proteger y aconsejar a empresarios y mafiosos, es identificada por EJF como el mayor obstáculo para luchar contra el tráfico de personas.
"Acabar con la corrupción es una de las políticas más importantes del actual Gobierno (...) Hemos pasado a la acción. Tenemos que aplacar el abuso de poder de los funcionarios corruptos" con una mayor imposición de las leyes, declara a Efe Vichien Chavalit, ministro tailandés de Desarrollo Social y Seguridad Humana.
En un escrito remitido el pasado jueves, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Tailandia defendió la actuación gubernamental en la lucha contra el tráfico humano al destacar los "resultados positivos" en varias áreas, como el fortalecimiento de la justicia y la identificación de las víctimas.
Las autoridades locales han tomado acciones legales y arrestado a más de 250 empresarios deshonestos y traficantes, así como inspeccionar casi 700 pesqueros e interrogar a 10.426 trabajadores para "controlar las condiciones de trabajo en el mar", además de iniciar un programa para matricular todos los barcos de pesca.
El primer ministro, el general Prayuth Chan-ocha, que ascendió al poder tras el golpe de Estado militar de mayo del 2014, ha reclamado "tolerancia cero" para abordar este problema de "máxima prioridad nacional".
"Es de vital importancia enfrentarse a la sobrepesca, la piratería y la esclavitud en Tailandia como un problema interconectado. Así como comenzar con una aproximación honesta del alcance de los retos sociales y medioambientales que afronta la industria pesquera de Tailandia", sentencia Trent.
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