La intención del presidente Medina de dar un giro a las prioridades gubernamentales de gasto ha sido muy bien recibida por la opinión pública. De hecho, el cambio coincide con los planteamientos que venían haciendo diferentes sectores del país, en el sentido de que era necesario enfatizar la educación, la salud y demás partidas vinculadas con la productividad y calidad de vida de la población. Y esos planteamientos habían sido validados por la consistentemente baja posición que la RD ocupa en los índices de desarrollo humano y en los informes de organismos internacionales.

Ahora bien, para los fines de evaluar su impacto sobre la economía, debemos tener presente que la modificación de las prioridades de los gastos públicos tendrá consecuencias sobre el nivel y composición de la actividad económica del país. Esto así porque aquí los gastos del gobierno tienen un peso específico importante, al punto que algunos analistas los siguen considerando como el motor de la economía.

Evaluar esas consecuencias en estos momentos es difícil, dado que se desconoce el monto total y los detalles del presupuesto del 2013. A lo sumo podríamos decir que dada la compleja situación fiscal es previsible que para aumentar los gastos sociales podría ser necesario disminuir las inversiones en infraestructura, a no ser que se redujeran otros gastos corrientes (incluyendo la nómina de empleados), o que el sector privado o créditos externos asumieran los proyectos de obras.

Disminuir obras implica menos ingresos para las compañías de construcción, maquinarias ociosas, menos ventas de equipos, menos instalaciones y menos inversiones privadas vinculadas a las obras. Son efectos importantes, con implicaciones sobre el sector bancario, las recaudaciones de impuestos, el comercio exterior y la estructura relativa de los precios. Conviene cuantificarlos y estar preparados para manejarlos.