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Transporte competitivo

En numerosos países, avanzados y en vías de desarrollo, el transporte interno de carga y pasajeros ha sido objeto de acalorados debates, usualmente en torno a la privatización de servicios estatales.

Considerado como un sector de importancia estratégica, vital para el funcionamiento de la economía, fue reservado en muchos lugares como una actividad que debía permanecer bajo el control de los gobiernos, a los que se responsabilizaba de su prestación.

No hay que ser adivino para anticipar que en la mayoría de los casos esos servicios funcionaban con grandes pérdidas y severas deficiencias.

Aunque las tarifas podían ser bajas, el costo que las ineficiencias implicaban para los usuarios, y para las finanzas estatales o municipales, llevaron a formular propuestas de privatización que fueron aceptadas en muchos lugares con diferentes grados de amplitud.

Esas propuestas se sustentaban en la creencia de que la gestión por parte del sector privado aumentaría la calidad y reduciría el costo del servicio, lo que a su vez implicaba la apertura de alternativas competitivas.

En nuestro país, en cambio, se da la peculiar situación de que lo que se discute no es la privatización de un servicio estatal, sino la actuación de sindicatos a los que el sector empresarial privado acusa de mantener un sistema de transporte “anacrónico, caro e informal”, lo cual es, por supuesto, negado por los transportistas.

Se alega que “verdaderas empresas se ocultan bajo la figura de sindicatos”, pero ése no es el argumento determinante. Lo más relevante es que se les atribuye abusar de su “posición dominante”, lo que significa que aprovechan su control sobre el servicio para imponer condiciones lesivas a los usuarios.

El caso cae de lleno en la esfera del organismo estatal creado para promover la competencia, el cual debe evaluar el servicio, constatar o desestimar los alegatos, y dictar las medidas correspondientes.

gvolmar@diariolibre.com