Otro caso de insolvencia

Utiliza una moneda cuya emisión no controla, pero tiene su propia política fiscal y se ha endeudado tanto que ya no puede pagar. Su presupuesto tiene un enorme déficit, pero a pesar de eso mantiene un costoso sistema de seguridad social, con buenas vacaciones, ayudas escolares y médicas, y derechos por antigüedad. Aunque los inversionistas ya no confían en su solvencia, se resiste a imponer sacrificios a su población, y prefiere que sean sus acreedores quienes tengan que aceptar reducir el monto adeudado, bajar los intereses y extender los plazos de pago.

¿Grecia? No, es Puerto Rico, cuyo Gobernador acaba de declarar que su deuda de US$72,000 millones es impagable, luego de recibir un informe técnico al respecto.

Puerto Rico no puede devaluar su moneda, pues utiliza el dólar. Está sujeta a las reglas federales sobre salarios, lo que reduce su competitividad. Se acostumbró a vivir de los préstamos. Sólo el 40% de los adultos trabaja en el sector formal, siendo el resto informales o desempleados mantenidos con fondos públicos. Ha estado en recesión por diez años. Su población baja en un 1% anual, los jóvenes emigran, la edad promedio sube y el número de estudiantes declina. Su sistema tributario está lleno de exenciones a sectores privilegiados. Y el futuro se ve con pesimismo.

Pero Puerto Rico podría tener algo que Grecia no tiene, si es que el Congreso estadounidense se lo concede.

Es la posibilidad de declararse en quiebra y acogerse al Capítulo 9 de la ley federal de bancarrotas, lo que la protegería de sus acreedores y le daría tiempo para renegociar las deudas. A diferencia del Capítulo 11, aplicable a las empresas, el 9 cubre las quiebras de ciudades, condados y otras demarcaciones si el estado federal correspondiente lo autoriza, pero no incluye la figura de estado libre asociado que la isla tiene. Obama favorece incluirla, pero se discute la retroactividad de sus efectos.

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Gustavo Volmar