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Aciertos y desaciertos en la conservación del patrimonio dominicano

Los 12 puntos que resumen las conclusiones del XXXIII Seminario Nacional de Conservación del ICOMOS constituyen un diagnóstico y a la vez un recetario para la conservación del patrimonio cultural dominicano.

En el XXXIII Seminario Nacional de Conservación del Comité Dominicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) bien podría decirse que se tiraron cajas y cajones. Hubo de todo, y para seguir parafraseando, como en botica. Los positivistas y los negativistas, lo que dieron por sentado que estamos mal o, muy mal, en lo que respecta a políticas públicas orientadas al tema objeto de análisis, o los que prefieron resaltar los logros, los avances.

La sala Max Henríquez Ureña de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) fue escenario del encuentro que tuvo como tema central "La gestión del patrimonio cultural dominicano: procesos actuales y retos del porvenir", presidido por la arquitecta Risoris Silvestre, presidente del ICOMOS Dominicano, y el arquitecto José Enrique Delmonte, quien encabezó el Comité Organizador.

El 27, 28 y 29 de noviembre pasado, miembros de la entidad, junto a estudiantes, agotaron intervenciones, contrastaron posiciones y sublimaron el valor patrimonial para sacar sus conclusiones. No faltaron los testimonios de aprecio inconmensurable a la ciudad, y el compromiso de seguir haciendo lo nunca hecho. Las críticas, ácidas unas, tenues otras, se combinaron con apuestas a futuro, al ponderar aciertos logrados, como la actual intervención en la Ciudad Colonial.

Las conclusiones fueron el resultado de los análisis ofrecidos en cinco ponencias y dos conferencias magistrales, además de varios paneles, por especialistas nacionales e internacionales. En 12 puntos se resumieron tres días de exposiciones y debates.

Conclusiones y lineamientos para políticas públicas 

Al aspecto legal se refirió la primera conclusión: "El patrimonio cultural es un derecho humano fundamental, porque incide en los valores que otorgan identidad y nos definen justamente como seres humanos integrantes de comunidades culturales y por lo tanto debe ser protegido por el Estado con la participación abierta, democrática y continua de los ciudadanos y especialistas".

La conferencia que dio inicio al encuentro, con el tema "La gestión del patrimonio cultural en República Dominicana: cuando la memoria histórica se pierde en manos de la ley", presentada por el abogado Edwin Espinal Hernández, permitió a los participantes conocer y afianzar criterios sobre una perspectiva del patrimonio poco estudiada y ponderada.

Los adjetivos para describir la cuestión, desde el ámbito de los dispositivos legales, fueron múltiples: "La situación legal actual es obsoleta, ambivalente, contradictoria y limitada y debe ser revisada y convertida en una herramienta idónea en beneficio del patrimonio cultural dominicano", se advirtió, y a ello se agregó el reclamo de una revisión profunda del marco legal que rige la defensa del patrimonio donde tanto el Estado como el propietario, el usuario permanente como el visitante, tengan las garantías suficientes que contribuyan a incrementar las inversiones y garantizar las inversiones públicas y privadas.

En un segundo punto concluyente se enfatizó la preocupación por la "disminución de la actuación sobre el patrimonio construido dominicano de la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental debido a la falta de recursos económicos y técnicos que limitan su accionar en el territorio nacional".

La ponencia de Omar Rancier, decano de la Facultad de Arquitectura y Artes de la UNPHU, con el tema "Los programas en proceso en la Ciudad Colonial de Santo Domingo. Quién le teme al MITUR feroz", preparó el escenario para el debate que suscitó el panel que dio continuidad a la disertación, en el que los arquitectos Esteban Prieto Vicioso, Wilfredo Féliz y Linda María Roca Pezzotti, ex directores de la oficina que hoy recibe el nombre de Dirección Nacional de Patrimonio Monumental, compartieron sus experiencias como funcionarios.

La declaración final reprodujo el balance que arrojó el panel sobre la pérdida de poder del citado organismo, ante el alegado predominio que ejercen el Ministerio de Turismo y el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Aunque al final de este conversatorio Maribel Villalona, viceministra de Turismo y coordinadora general del Programa de Fomento al Turismo de Ciudad Colonial, y Diana Martínez, directora de la Oficina de Patrimonio Cultural del ADN, marcaron distancia con las críticas, reivindicando el empeño que se hace en mejorar y solucionar los problemas del casco antiguo de Santo Domingo con las obras actuales y decisiones múltiples adoptadas por las entidades que representan.

Las funcionarias tuvieron que escuchar en otro punto de la declaración que "La Dirección Nacional de Patrimonio Monumental ha experimentado una reducción de sus alcances e incidencia en el manejo de las responsabilidades que le competen, donde ha sido relegado a una dependencia de tercera categoría dentro de la estructura oficial de la cultura a través del Ministerio de Cultura. Su papel se desarrolla dentro de unos límites muy reducidos que se refleja en una administración de poca capacidad de acción".

Con esa visión, se subrayó como grave "la situación que presenta nuestro patrimonio monumental por la ausencia de programas de rescate y preservación continuos".

Se abogó, entonces, porque el Estado dominicano priorice las inversiones a favor del patrimonio cultural como parte de la estrategia de desarrollo nacional, considerando que el patrimonio genera bienestar material y espiritual a la población y contribuye al desarrollo económico y humano.

Existen muchos elementos patrimoniales, sitios históricos, monumentos y centros históricos que requieren atención inmediata y recursos imprescindibles para su preservación, dicen los miembros del INCOMOS Dominicano, en su reflexión final. Y para responder a esa necesidad solicitan la "creación de dependencias municipales especializadas en patrimonio cultural", entendiendo que estas "contribuyen a la defensa del patrimonio" y se suman a las acciones estatales y privadas relacionadas con el tema. Para ello, apuntan, deben estar coordinadas con la institución nacional que debe dirigir la política de conservación de los centros históricos.

Ojo a la inversión privada

Que el capital privado fluya a los lugares que conforman el patrimonio cultural de República Dominicana pone en atención a los especialistas afanados en la preservación de estos, sin que se llegue a la objeción. Lo precisaron también en sus palabras finales, al proclamar que la "labor de intervención en inmuebles patrimoniales por parte del sector privado es un objetivo importante en el rescate de los centros históricos", pero con la advertencia de que esta acción debe formar parte de un plan de desarrollo que debe encausar la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental.

"Es importante evitar que tales inversiones generen efectos negativos más allá de sus bondades tales como la exclusión social, la gentrificación y la sustitución de usuarios en el centro histórico. Los organismos responsables del patrimonio deben incidir en los criterios de tales intervenciones y defender el derecho a la cultura y al patrimonio de los habitantes y usuarios locales de los centros históricos", apuntan.

Y a seguidas enfilan su reflexión hacia la industria turística, retomando el componente de la inversión privada. Asumen la importancia fundamental de ésta en la economía de la Republica Dominicana, pero advierten que "la visión que prioriza el patrimonio cultural como un insumo de consumo exclusivo para el turismo externo es distorsionante e inadmisible". Indican, con su dejo de criticidad, como el factor turístico transforma la vida cotidiana, los valores auténticos locales, el sistema de relaciones sociales y disminuye el sentido de pertenencia de los habitantes de los centros históricos.

Entonces, reclaman considerar primero lo local como objetivo a preservar, al tiempo de mejorar los índices de desarrollo humano donde el turismo participe dentro de esa atmósfera de autenticidad que refuerce la identidad en todas sus dimensiones.

Los participantes

En el seminario participaron de profesionales dominicanos y extranjeros, entre los que se destacan Alberto Martorell, miembro de la UNESCO con amplia labor en Perú; Yadhira Álvarez, reconocida gestora del Centro Histórico de Quito, Ecuador; María Isabel Oliver, especialista en preservación de Puerto Rico, así como los dominicanos Edwin Espinal Hernández, José Manuel Batlle Pérez, Omar Rancier, Diana Martínez y Leticia Tejeda.

El evento cada año reúne a los representantes de la conservación del patrimonio dominicano y cuenta con el auspicio de la UNPHU, del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) y de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).