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Asociaciones exigen ante CIDH cambios en centros de detención inmigrantes

WASHINGTON. Más de 160 asociaciones de la sociedad civil exigieron hoy a los países de América cambios en los centros de detención para inmigrantes durante una audiencia de la CIDH, en la que un indocumentado retenido en Estados Unidos contó su "humillante" experiencia.

"Pasé tres años en un centro de detención en Estados Unidos. Fui de Alabama a Luisiana una y otra vez durante 1,144 días. No sé cómo sobreviví", relató Dave Pierre, de la organización "Families for Freedom" ("Familias por la libertad"), durante una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Pierre llegó por primera vez a Estados Unidos cuando contaba dos años de edad, tuvo seis hijos en el país y fue detenido en 2009 cuando iba a pagar una multa de tráfico.

"He estado en el país durante 46 años. No creo que exista una razón para retenerme a mí o a otros individuos durante tres años", señaló el activista, que acudió a la audiencia con una camiseta naranja en la que podía leerse varias veces la pregunta "¿Por qué?".

"¿Por qué debería alguien prestar atención a esto? Porque hay mucho que decir y mucho que hacer en lo que se refiere a los centros de detención", afirmó Pierre.

En este momento de su intervención, Pierre se puso de pie, mostró las cadenas que ataban sus manos y rodeaban su cintura y recordó "la humillación" que ha tenido que sufrir durante toda su vida y, especialmente, en los centros de detención.

"Cuando se trata de estos centros, los inmigrantes no tenemos derechos. No tenemos derecho a la dignidad, no tenemos derecho a la salud", incidió para concluir con la frase "Es necesario el cambio", que desató los aplausos del público.

El tema de los centros de detención de inmigrantes ya ha sido abordado durante este 153 periodo de sesiones de la CIDH, organismo que ha pedido a EE.UU. varias veces la clausura de esos centros.

En esta audiencia de temática regional, Estados Unidos, México y Canadá fueron señalados como los países que mantienen retenidas al mayor número de personas indocumentadas.

En este sentido, Vinicio Sandoval, del Grupo de Monitoreo Independiente (GMIES), alertó de la próxima apertura en Estados Unidos de un nuevo centro de detención en Texas, que contará con 2,400 camas, el más grande del país.

El representante de GMIES explicó que "la detención sistemática de manera regular" de inmigrantes se extiende a 15 de los 21 países observados por las organizaciones y alertó de la discrecionalidad de esta detención en Trinidad y Tobago y Jamaica.

Además, Sandoval advirtió de que en Estados como Chile o Belice imponen sanciones penales a los inmigrantes en situación irregular.

El "caso más extremo" es Belice, donde las personas en situación irregular son procesadas en un periodo de seis meses, que puede llegar a extenderse si el inmigrante no tiene fondos para pagar su proceso de deportación, explicó Sandoval.

Asimismo, el portavoz de la Comisión Mesoamericana de Juristas, José Antonio Guevara, alertó de la inexistencia de un plazo mínimo de detención de Ecuador y en Canadá y de la posibilidad de "retener indefinidamente" a inmigrantes en Estados Unidos o Costa Rica.

"Esta es una medida indeseable", consideró Juan Carlos Murillo, de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) establece que no puede sancionarse a las personas que buscan amparo en otros países, pero la "detención migratoria" se ha extendido "como una enfermedad" en toda América, afirmó Murillo.

Para evitarlo, las asociaciones pidieron a la CIDH que estudie alternativas a la detención ilegal y que inste a los países a regular en marcos legales este tipo de prácticas.

Además, pidieron al organismo crear una guía de buenas prácticas para los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la emisión, por parte de la CIDH, de un informe regional sobre detención migratoria para profundizar en los hallazgos presentados durante la audiencia.

Uno de los miembros de la CIDH, Felipe González, consideró que la detención debería ser siempre una "medida excepcionalísima" y reclamó el fin de esa práctica en el caso de niños y adolescentes.