¿UNA ESTRATEGIA TURÍSTICA EMERGENTE?

El plan de acción que el Ministerio de Turismo presentará al presidente Medina debe tener en cuenta no solo las aspiraciones de Asonahores, también la meta de los diez millones de turistas y un mayor equilibrio territorial. Por Juan Lladó

El nuevo liderazgo de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) ha comenzado con buen pie. Los pronunciamientos recientes de su presidente están cargados de sensatez. Pero las prioridades de Asonahores no deben ser las únicas que el Ministerio de Turismo (Mitur) tome en cuenta para elaborar el "plan de acción" que se ha propuesto presentar al presidente Medina. Hay otros interlocutores y consideraciones que deberán reflejarse en la estrategia turística del mediano plazo.

Al nuevo presidente representar a una empresa extranjera, Asonahores ha comenzado a transparentar los intereses extranjeros que dominan al sector y ha prometido ampliar su representatividad. Ha también adoptado la atinada posición de colaborar con la definición del "plan de acción" sectorial mientras se elabora con mayor detenimiento un "plan decenal". En relación a los incentivos y los impuestos, el gremio pide un tratamiento competitivo e incentivos fiscales para la nueva inversión, una petición muy sensata en vista de la creciente competencia por las nuevas inversiones que hay en nuestra vecindad.

Las otras aspiraciones de Asonahores estarían reflejadas en el "plan de acción". Por lo que reporta la prensa, éstas se concentran en las carencias de infraestructura y en el adecentamiento de los entornos turísticos. Pero aunque estas peticiones son justas, la agenda pública no puede quedarse ahí y deberá incorporar otras consideraciones. Mientras no se defina el "plan decenal", la coyuntura reclama una estrategia tripartita en el "plan de acción" en la que las peticiones de Asonahores sean solo una de las tres patas.

Una segunda pata la exige la meta de los 10 millones de "turistas" del presidente Medina. Esa ambiciosa meta es prácticamente imposible de lograr en diez años. Cualquier método que se use para proyectar el flujo de visitantes no residentes de vía aérea -los llamados "turistas"- revelará que en ese periodo sólo podría llegarse a 6 o 7 millones. La meta de los 10 millones solo se consigue si se cambia el término de los "turistas" por el de "visitantes no residentes". Esto es un problema estadístico que vale la pena aclarar.

De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo (OMT), un "turista" es alguien que se desplaza de su lugar habitual de residencia, por diferentes motivos, hacia otro lugar por un periodo mínimo de 24 horas. Por eso los visitantes de cruceros no son "turistas", en vista de que solo visitan por 6 u 8 horas y son clasificados bajo el término de "excursionistas". Y para lograr lo que quiere el presidente Medina, entonces habría que hablar de 10 millones de visitantes no residentes (turistas y excursionistas) y montar una ambiciosa estrategia para captar 3 o 4 millones de excursionistas en los 10 años del plazo. Esa estrategia de desarrollo del turismo de cruceros sería la clave para cumplir con la meta del Presidente. Ella requerirá no solo que se resuelvan los problemas que impiden que se comiencen las instalaciones de Carnival Cruises en Maimón, sino de un plan integral de adecuación de los puertos que actualmente reciben cruceros y preparación de los que podrían recibirlos en el mediano plazo.

(Hay ya plataformas retráctiles y plegables que permitirían que lugares como Barahona puedan recibir cruceros sin tener que embarcarse en la construcción de un costoso muelle.) El país tiene el potencial de desplazar a lugares como Islas Vírgenes, St. Martin, Bahamas y Cozumel como las mecas del turismo de cruceros. Pero para ello se necesita un plan que responda a ese ambicioso objetivo y sea la clave para satisfacer la meta presidencial.

La tercera pata de la estrategia del "plan de acción" debe reflejar las metas de cohesión social de la Estrategia Nacional de Desarrollo. El reto es lograr un mayor equilibrio territorial del desarrollo sectorial y hacer al turismo más "incluyente", propiciando una mejor distribución de sus beneficios en la población. Eso implicaría abordar sin demora los siguientes proyectos: 1) un desarrollo de baja densidad en Cabo Rojo, 2) una carretera Puerto Plata-Montecristi y un aeropuerto para Montecristi, 3) habilitación de una docena de áreas protegidas para el turismo, y 4) un centro de convenciones en Santo Domingo.

El primero de estos proyectos tendría como objetivo el aprovechamiento de la playa de Bahía de las Águilas sin que se erijan los grandes hoteles en su entorno. Existe una propuesta en ese sentido de la Comisión Ambiental de la Academia de Ciencias con la cual concuerdan la mayoría de los experticios turísticos que se han hecho sobre esa zona del país. De más está señalar que el suroeste es la región más pobre del país y que sus alternativas de desarrollo son mínimas sin el turismo. Mientras, la carretera Montecristi-Puerto Plata sería el detonante de las inversiones hoteleras en la zona y potenciaría su poder de atracción por su cercanía con Cabo Haitiano.

El proyecto de las áreas protegidas sería similar a los que se han hecho en otros países latinoamericanos. Estos han buscado dotar a las áreas protegidas con mayor potencial de visitación turística mediante las facilidades de infraestructura y los servicios requeridos, amén de un manejo idóneo y real. Por su lado, el centro de convenciones en Santo Domingo atraería un mayor flujo de visitantes a la capital donde hay bolsones de pobreza extrema que podrían beneficiarse del empleo adicional que el proyecto generaría.

El gran problema que presenta esta estrategia tripartita para el "plan de acción" es la inversión pública que requiere. Tanto para complacer las prioridades de Asonahores, como para cumplir con las metas de los 10 millones de visitantes y mayor cohesión social se requiere por los menos US$500 millones. En el contexto fiscal que enfrenta la nación actualmente, donde la propuesta de reforma fiscal amenaza la gobernabilidad, esa pretensión parecería imposible de lograr. Hay otros sectores que están requiriendo mayúsculas inversiones públicas (energía, educación, agropecuaria) y no se vislumbra una rebatiña que favorezca a la industria turística. Una parte de los recursos de inversión requeridos por el sector turístico podrían venir de la venta de los activos turísticos estatales. Si se vendieran todos los hoteles del Estado solamente se podría conseguir por lo menos US$100 millones. Y si se subastaran otros activos sectoriales se obtendrían talvez otros US$50 millones. Pero el resto habrá que buscarlo con las agencias internacionales de financiamiento (p. ej. el BID para las áreas protegidas) y/o emisiones de bonos soberanos. Pero para gestionar todo eso se necesita una gestión pública corajuda y agresiva que se vislumbra como posible pero talvez poco probable. Solo el tiempo dirá si el gobierno estará obligado a cruzarse de brazos turísticamente.

Juan Lladó