Latinoamérica|12 dic 2012, 8:31 PM|POR AP

Sentencia rompe impunidad en El Salvador

La Corte Interamericana condenó a El Salvador por la matanza en 1981 de un millar de campesinos
Una mujer mientras toma fotografías al monumento a las víctimas de la masacre de El Mozote, en el departamento de Morazán (El Salvador). EFE

SAN SALVADOR, El Salvador. — Organismos que velan por los familiares de víctimas de conflictos armados afirmaron el miércoles que la Ley de Amnistía en la que se amparaban los militares para evitar ser juzgados por crímenes cometidos carece de validez con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se abre el camino para terminar con la impunidad en El Salvador.

La Corte Interamericana condenó el lunes a El Salvador por la matanza en 1981 de un millar de campesinos en "La masacre de El Mozote" y estableció el pago de indemnizaciones para los familiares de las víctimas, pero una Ley de Amnistía promulgada en 1993 impedido investigar y juzgar a los responsables.

Gisela de León, una de las principales abogados del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), reconoció en entrevista a The Associated Press que la Ley de Amnistía ha sido el principal obstáculo para que algunas personas sean sancionadas por los crímenes del conflicto armado (1980-1992). El Centro representó a los familiares de las víctimas de El Mozote ante el tribunal regional.

Según de León, "lo que la Corte Interamericana dice en su sentencia es que la Ley de Amnistía carece de validez porque es contraria a la convención interamericana (y) eso quiere decir que no fue valida en ningún momento y por lo tanto tiene que dejar de ser un obstáculo".

Con la sentencia de la Corte, "a partir de ahora ya la vigencia de la Ley de Amnistía deja de ser una excusa para no investigar, procesar y sancionar a los responsables de estos hechos", afirmó.

Señaló que el cumplimiento de la sentencia de la Corte es obligatorio para el Estado, pero no solamente para el Ejecutivo que encabeza el presidente Mauricio Funes, "que es el que da la cara", sino que es obligatorio pata todos los Órganos del Estado que incluye a la Fiscalía, los jueces y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

La sentencia dice que "los jueces y los magistrados están obligados a no aplicar la Ley de Amnistía en los casos del conflicto armado... Todos tienen que cumplir la sentencia y si no lo hacen van a tener otra vez que rendirle cuentas a la Corte Interamericana", advirtió de León.

El rector de la Universidad Católica (UCA), el sacerdote jesuita Andreu Oliva, afirmó el miércoles a la AP que la sentencia de la Corte "es bien importante para ir rompiendo la impunidad en nuestro país y para que el gobierno (del presidente Mauricio Funes) sienta la presión para esclarecer todos esos casos de violaciones a los derechos humanos".

Señaló que el fallo también abre el camino para investigar el asesinato del arzobispo monseñor Oscar Arnulfo Romero, perpetrado por un francotirador el 24 de marzo de 1981, así como la matanza de seis sacerdotes jesuitas y sus dos empleadas, ejecutado por militares el 16 de noviembre de 1989.

El sacerdote afirmó que la amnistía "no debe ser ya un impedimento para iniciar las investigaciones" y destacó que algunas de las masacres "no pueden ser cubiertas" porque fueron cometidas durante el gobierno del presidente Alfredo Cristiani (1989-1994), quien emitió la ley en 1993. La Ley de Amnistía "no impide la investigación, lo que impediría en todo caso, es que fueran llevado ante un tribunal, pero no la investigación en sí".

La abogada de CEJIL explicó que en su sentencia la Corte no habla de una derogación de la Ley de Amnistía, "pero lo que dice es que no se puede aplicar a ningún caso de violaciones de los derechos humanos".

Sin bien reconoce que es al Fiscal General de la República, Luis Martínez, a quien le corresponde investigar, señala que ya se han presentado solicitudes para reabrir las investigaciones y "está en manos de los jueces tomar la decisión para poner a caminar esos procesos".

El Gobierno de El Salvador reconoció el martes la sentencia de la Corte en el caso "El Mozote y lugares aledaños", a unos 210 kilómetros al este de la capital salvadoreña y donde entre el 11 y 13 de diciembre de 1981 las tropas gubernamentales entraron a la zona y asesinaron a 936 personas, en su mayoría mujeres y niños.

Los militares torturaron a muchos de los campesinos y muchos de los cuerpos de las víctimas fueron tirados en el interior de una pequeña iglesia y luego procedieron a incendiarla.

Los soldados, entrenados en los Estados Unidos, ingresaron a la zona en busca de las unidades del guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, pero mataron a los civiles que encontraron en el lugar.

Un informe de la Comisión de la Verdad, auspiciada por Naciones Unidas, responsabilizó de la masacre en 1993 al coronel Domingo Monterrosa, por entonces comandante del batallón Atlacatl, así como al jefe de operaciones, coronel Armando Azmitia y a otros seis oficiales que nunca fueron juzgados gracias a la amnistía de Cristiani horas antes de divulgarse el documento de la Comisión.

Monterrosa y Azmitia murieron en la zona de El Mozote el 23 de octubre de 1984, cuando el helicóptero en el que volaban explotó en el aire por una bomba colocada por la guerrilla.

Tutela Legal del Arzobispado realizó esfuerzos para que los crímenes fueran investigados en el país, pero el caso fue archivado en septiembre de 1993 aplicando la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, que eximía de culpa a los responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto armado, incluyendo las graves violaciones a los derechos humanos. Hasta la fecha, estos graves hechos permanecen en la impunidad.

El 16 de enero, en el 20 aniversario de la firma de los acuerdos de paz, Funes pidió perdón por la matanza y ordenó que las fuerzas armadas revisen la interpretación de la historia "a la luz de este reconocimiento que formuló en nombre del Estado salvadoreño y como comandante general de la Fuerza Armada.

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