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Colombia releva generales por espionaje a negociación de paz

BOGOTA, Colombia. - Dos generales del ejército colombiano fueron relevados de sus cargos mientras se efectúa la investigación respectiva por un escándalo de espionaje contra el equipo que negocia la paz con las FARC, anunció el martes el gobierno colombiano.


En consenso con los comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército, "hemos decidido relevar de sus cargos al jefe de Inteligencia del Ejército (general Mauricio Zúñiga) y al director de la central de inteligencia técnica del ejército nacional (general Jorge Andrés Zuluaga); esto mientras avanzan las investigaciones y esto buscando mayor transparencia y mayor claridad en este proceso", explicó a los periodistas el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.


Pinzón no dio detalles de la eventual relación de los dos uniformados con el escándalo de espionaje, pero enfatizó que ellos, "a través de su carrera, han sido pieza clave en los golpes estratégicos que se le han dado al terrorismo, al narcotráfico y a la criminalidad en Colombia".

En la jornada, el presidente Juan Manuel Santos había negado que su administración tuviera alguna responsabilidad en un presunto espionaje y ordenó una vasta investigación para determinar a los responsables de seguimientos ilegales a miembros de su equipo negociador de paz y a por lo menos dos políticos.

El caso de espionaje a correos electrónicos y mensajes de texto, entre otros, fue denunciado el lunes por la noche en un reportaje de la revista Semana, que ya en febrero de 2009 reveló un caso similar que desembocó en el desmantelamiento de un cuerpo policial secreto.

"La inteligencia es una obligación del Estado, del gobierno. Hacer inteligencia de forma lícita contra los enemigos del Estado es una obligación... lo que no es aceptable bajo ningún punto de vista es que esa inteligencia se haga contra ciudadanos legítimos... mucho menos contra funcionarios del Estado", dijo Santos a la prensa.

"Aparentemente se estaba haciendo inteligencia, específicamente a los negociadores...es algo totalmente inaceptable", añadió el presidente, quien no respondió preguntas.

Solo destacó que tenía datos que indicaban que hace 10 días las autoridades allanaron el local desde donde supuestamente se realizaba ese espionaje. "¿Por qué se demoraron 10 días, por qué súbitamente anoche tarde se divulgó esta información y quien la filtró y con qué objetivo?", dijo Santos.

El mandatario dijo haber dado la orden a Pinzón y a los comandantes militares investigar completamente el caso.

"Eso es lo que quiero que se investigue... qué fuerzas oscuras, si hay ruedas sueltas dentro del Ejército", añadió al decir que aparentemente se buscaba era sabotear el proceso de paz que adelanta su administración con las guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde fines de 2012 en Cuba.

En la misma rueda de prensa con el ministro Pinzón, el fiscal general Eduardo Montealegre explicó que "la Fiscalía adelantará esta investigación para determinar si existió o no una extralimitación de funciones por parte de los miembros del ejército nacional (y) los miembros de la fuerza pública que intervinieron en esta labor de inteligencia".

Según Montealegre, "la Fiscalía ya tiene en su poder varios elementos producto del allanamiento que se hizo el 24 de enero de este año por orden de un fiscal, y en este momento contamos con la autorización de un juez de control de garantías para hacer un examen minucioso de más de 20 computadores, elementos y memorias que fueron incautados el día del allanamiento".

De acuerdo con Semana, que citó fuentes confidenciales, de septiembre del 2012 a octubre del 2013 funcionó en un local comercial en Bogotá, que aparentaba ser un pequeño restaurante y centro de informática, un punto de acopio ilegal de datos al mando de un capitán del ejército, con personal uniformado y ciberpiratas civiles que monitoreaban correos electrónicos y mensajes de texto de Humberto De la Calle, jefe del equipo negociador de paz de Santos.

También habría sido espiado al Alto Comisionado para la Paz y negociador Sergio Jaramillo, así como a la exsenadora y activista de derechos humanos Piedad Córdoba y al representante a la Cámara por el partido izquierdista Polo Democrático Alternativo Iván Cepeda, añadió el reporte de Semana.

Según la revista, muchos de los datos recolectados no serían relevantes porque los negociadores de paz del gobierno "lo importante no lo movían por mail o PIN".

Córdoba y Cepeda dijeron en entrevistas telefónicas con The Associated Press que la denuncia debía averiguarse lo más pronto posible, que no les extrañaba ser objeto de seguimiento porque ya lo habían sido en el pasado y que el blanco era sabotear los diálogos de paz por parte de sectores interesados en mantener el conflicto armado interno.

Cepeda adujo que "o el gobierno estaba practicando una suerte de contrainteligencia sobre sus propios funcionarios o era ésta una operación que se estaba haciendo desde un sector disidente dentro de las fuerzas militares que actuaba contra el proceso de paz".

"Uno de los asuntos que debe quedar claro (en la investigación) es si el expresidente Alvaro Uribe (2002-2010) está detrás de esto para sabotear el proceso" de diálogos en Cuba, añadió el legislador.

Opinó además que el ministro de Defensa debería renunciar por considerar inconcebible que no haya sabido lo ocurrido y "no tenga control sobre sus subordinados".

En un comunicado divulgado en un correo electrónico, Uribe descartó relación con el caso denunciado.

La exsenadora Córdoba destacó que las denuncias sí podrían afectar el proceso de negociaciones en Cuba debido a que crea desconfianzas entre las partes.

Una investigación publicada por Semana en febrero de 2009 desembocó en un escándalo dentro del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por espionaje a magistrados de la Corte Suprema, activistas de derechos humanos, y periodistas, entre otros. Directivos de inteligencia fueron detenidos y esa policía fue cerrada por el gobierno de Santos en octubre de 2011.
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