Polémica por medidas de control en protestas

CARACAS. La reciente promulgación de una normativa que permite a los militares venezolanos utilizar armas de fuego como último recurso en las protestas ha encendido la polémica en el país, que se debate en medio de una severa crisis económica, y ha acrecentado las críticas de activistas y opositores que temen que la regulación podría usarse para contener las protestas callejeras.

Activistas de derechos humanos, juristas y opositores han considerado la regulación como inconstitucional y un “retroceso en materia de derechos humanos”.

El ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, defendió la resolución que emitió esta semana y denunció que hay una ofensiva que busca generar zozobra en el país.

“Aquí lo que estamos haciendo es colocar todo en orden, escribirlo, hacer doctrinas, todo siempre apegado a los derechos humanos, todo siempre apegado a la Constitución”, indicó Padrino López, durante un acto en la capital.

La regulación forma parte de una normativa sobre la actuación de las fuerzas armadas en el control del orden público que aprobó Padrino López y que fue publicada en la Gaceta Oficial del 27 de enero.

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado oficialista Elvis Amoroso, también defendió la normativa. En declaraciones para el canal de noticias Globovisión, dijo que “en una manifestación que no sea autorizada, o un derrocamiento, o intento de derrocamiento del gobierno popular, o una agresión contra una colectividad que venga dirigida por sectores desestabilizadores, obviamente no se le puede enfrentar a una gente que están armados con una china (resortera)”.

La directora de la ONG local Comité de Familiares y Víctimas del 27 de febrero de 1989, Liliana Ortega, afirmó ayer que la resolución del ministro de la Defensa representa una “violación a la Constitución” debido a que vulnera las regulaciones que dejan en manos de los organismos civiles el control de las protestas, y que prohíben expresamente el uso de armas de fuego para contener las manifestaciones públicas.

Ortega dijo que la normativa representa un “retroceso” en materia de derechos humanos, y retrotrae a una época que parecía superada en la región, luego de las dictaduras militares del Cono Sur.

“Descontento”

El general retirado venezolano Antonio Rivero reapareció después de once meses “escondido” en su país y, en una entrevista con Efe, denunció ayer el creciente descontento que existe entre la clase militar de Venezuela por la crisis que atraviesa esa nación. Rivero ha pasado una peripecia de la que no quiere dar detalles desde que salió del lugar donde se encontraba y hasta que se presentó ayer en Nueva York para llevar su caso ante la ONU. Existe en su contra una orden de búsqueda y captura por su presunta responsabilidad en las protestas del pasado febrero. 

Diario Libre