Presidenta de Chile vuelve ajustar su gabinete y remueve a su ministro de Educación
En una jugada inesperada, Bachelet removió a Eyzaguirre y nombró en su reemplazo a Adriana Delpiano
Diario Libre
SANTIAGO, Chile. -La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, removió sorpresivamente este sábado a su ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre, en medio de la implementación de una cuestionada reforma educativa y de una serie de ajustes a su gobierno para revertir la caída de su popularidad.
A poco más de un mes de haber realizado un profundo cambio de gabinete, que incluyó la salida de su grupo de asesores más cercanos, entre ellos su ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, Bachelet volvió a realizar ajustes.
En una jugada inesperada, Bachelet removió a Eyzaguirre y nombró en su reemplazo a Adriana Delpiano, exdirectora de una fundación dedicada a mejorar la educación.
"He decidido designar a Adriana Delpiano como ministra de Educación". Ella deberá "continuar la labor de un equipo que ha avanzado sustantivamente en el complejo pero inclaudicable camino de mejorar el acceso y la calidad en la educación en Chile", afirmó Bachelet, en un breve y sorpresivo mensaje en el palacio de gobierno este sábado.
Exministro de Hacienda del gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) y director del departamento para América Latina del FMI, Eyzaguirre no dejará el gobierno. Fue nombrado como ministro secretario general de la Presidencia, un cargo que permanecía vacante desde hace 20 días luego de la renuncia del ministro Jorge Insunza, en medio de un escándalo de corrupción.
En su nueva función, Eyzaguirre -considerado como uno de los hombres con mayor confianza de Bachelet- deberá coordinar el trabajo legislativo del gobierno.
"La ministra Adriana Delpiano va a continuar una labor que se encuentra en el legislativo. Aquí hay una continuidad de las políticas y una profundización del diálogo", explicó la vocera en funciones del gobierno Javiera Blanco.
Ansiada pero resistida reforma
Bachelet llegó al poder hace 15 meses con la promesa de acabar con el sistema legado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que redujo a la mitad el aporte público y fomentó el ingreso de los privados, que hoy controlan gran parte de la educación.
Su promesa llenó de ilusión a gran parte de la sociedad chilena, que desde hace años reclama el fin de uno de los sistemas más caros y desiguales del planeta, para instaurar educación pública, gratuita y de calidad.
Pero la implementación de la reforma ha sido más compleja de lo esperado. Desde hace más de un mes, decenas de miles de estudiantes marchan una vez por semana por las calles de Santiago en reclamo de cambios más profundos, mientras que el gremio de profesores cumple 27 días de huelga indefinida.
Los maestros exigen al gobierno de Bachelet retirar del Congreso un proyecto de ley de "nueva carrera docente", que vincula aumentos salariales a evaluaciones periódicas de desempeño.
"A todos nos dejó un poco sorprendidos (el anuncio), pero me parece positiva la salida de Eyzaguirre, quien no tuvo voluntad de diálogo", afirmó a la cadena CNN Chile, Valentina Saavedra, presidenta de la poderosa federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, a la cabeza de las multitudinarias manifestaciones callejeras que ha debido enfrentar Bachelet las últimas semanas.
Eyzaguirre "avanzó por varios meses en una reforma que terminó estando estancada y deslegitimizada", criticó Saavedra, sobre un conjunto de leyes anunciadas por Bachelet pero consideradas insuficientes por los estudiantes.
En enero pasado, al cabo de varios meses de una dura tramitación en el Congreso, Bachelet logró la aprobación de la primera parte de la reforma, referida al fin de la selección de estudiantes en las escuelas públicas y la obtención de ganancias en colegios que reciben subvención del Estado.
Pero justo cuando celebrada la aprobación de este proyecto, estalló el escándalo de corrupción que involucró a su hijo mayor y derribó su popularidad a un mínimo histórico de 24%, obligándola a modificar su programa de gobierno para incluir una "agenda pro transparencia".
En mayo pasado, la mandataria anunció que a partir del próximo año unos 260.000 estudiantes de educación superior (dentro de un universo total de 1,2 millones) comenzarán a estudiar gratis, pero todavía no responde cómo cumplirá la promesa de instaurar la gratuidad universal en 2020.
Tampoco explicó cómo las escuelas públicas dejarán de depender de los municipios para ser parte de un organismo central.
A poco más de un mes de haber realizado un profundo cambio de gabinete, que incluyó la salida de su grupo de asesores más cercanos, entre ellos su ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, Bachelet volvió a realizar ajustes.
En una jugada inesperada, Bachelet removió a Eyzaguirre y nombró en su reemplazo a Adriana Delpiano, exdirectora de una fundación dedicada a mejorar la educación.
"He decidido designar a Adriana Delpiano como ministra de Educación". Ella deberá "continuar la labor de un equipo que ha avanzado sustantivamente en el complejo pero inclaudicable camino de mejorar el acceso y la calidad en la educación en Chile", afirmó Bachelet, en un breve y sorpresivo mensaje en el palacio de gobierno este sábado.
Exministro de Hacienda del gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) y director del departamento para América Latina del FMI, Eyzaguirre no dejará el gobierno. Fue nombrado como ministro secretario general de la Presidencia, un cargo que permanecía vacante desde hace 20 días luego de la renuncia del ministro Jorge Insunza, en medio de un escándalo de corrupción.
En su nueva función, Eyzaguirre -considerado como uno de los hombres con mayor confianza de Bachelet- deberá coordinar el trabajo legislativo del gobierno.
"La ministra Adriana Delpiano va a continuar una labor que se encuentra en el legislativo. Aquí hay una continuidad de las políticas y una profundización del diálogo", explicó la vocera en funciones del gobierno Javiera Blanco.
Ansiada pero resistida reforma
Bachelet llegó al poder hace 15 meses con la promesa de acabar con el sistema legado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que redujo a la mitad el aporte público y fomentó el ingreso de los privados, que hoy controlan gran parte de la educación.
Su promesa llenó de ilusión a gran parte de la sociedad chilena, que desde hace años reclama el fin de uno de los sistemas más caros y desiguales del planeta, para instaurar educación pública, gratuita y de calidad.
Pero la implementación de la reforma ha sido más compleja de lo esperado. Desde hace más de un mes, decenas de miles de estudiantes marchan una vez por semana por las calles de Santiago en reclamo de cambios más profundos, mientras que el gremio de profesores cumple 27 días de huelga indefinida.
Los maestros exigen al gobierno de Bachelet retirar del Congreso un proyecto de ley de "nueva carrera docente", que vincula aumentos salariales a evaluaciones periódicas de desempeño.
"A todos nos dejó un poco sorprendidos (el anuncio), pero me parece positiva la salida de Eyzaguirre, quien no tuvo voluntad de diálogo", afirmó a la cadena CNN Chile, Valentina Saavedra, presidenta de la poderosa federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, a la cabeza de las multitudinarias manifestaciones callejeras que ha debido enfrentar Bachelet las últimas semanas.
Eyzaguirre "avanzó por varios meses en una reforma que terminó estando estancada y deslegitimizada", criticó Saavedra, sobre un conjunto de leyes anunciadas por Bachelet pero consideradas insuficientes por los estudiantes.
En enero pasado, al cabo de varios meses de una dura tramitación en el Congreso, Bachelet logró la aprobación de la primera parte de la reforma, referida al fin de la selección de estudiantes en las escuelas públicas y la obtención de ganancias en colegios que reciben subvención del Estado.
Pero justo cuando celebrada la aprobación de este proyecto, estalló el escándalo de corrupción que involucró a su hijo mayor y derribó su popularidad a un mínimo histórico de 24%, obligándola a modificar su programa de gobierno para incluir una "agenda pro transparencia".
En mayo pasado, la mandataria anunció que a partir del próximo año unos 260.000 estudiantes de educación superior (dentro de un universo total de 1,2 millones) comenzarán a estudiar gratis, pero todavía no responde cómo cumplirá la promesa de instaurar la gratuidad universal en 2020.
Tampoco explicó cómo las escuelas públicas dejarán de depender de los municipios para ser parte de un organismo central.
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