Ambientalistas critican proyecto que privatiza zona costera de Puerto Rico

SAN JUAN. El sector ambientalista y científico de Puerto Rico tronó hoy contra el Senado local, después de que este aprobó un proyecto que pretende privatizar bienes de dominio público de la zona marítimo terrestre de La Parguera, al sur de la isla caribeña.

Incluso, la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) de Puerto Rico, Carmen Guerrero Pérez, dijo que la aprobación del Proyecto 1621 es irresponsable e incongruente.

La aceptación del proyecto constituye, a su juicio, una vergüenza para el pueblo de Puerto Rico, porque beneficia a un sector exclusivo y sentaría un precedente nefasto para privatizar de otras áreas naturales protegidas, playas y costas.

El proyecto de ley, aprobado en la Cámara Alta con catorce votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones, establece una zonificación especial en el área de La Parguera para permitir las residencias que se han levantado sobre pilares anclados en el agua.

“Con esta acción, los legisladores le han fallado al bien común del pueblo de Puerto Rico al consentir que se le concedan a un grupo privilegiado y exclusivo los bienes de dominio público marítimos terrestres que forman parte de la Reserva Natural La Parguera, en contra de lo que establece nuestra Constitución”, insistió Guerrero.

La planificadora señaló además que durante sus tres años, y medio como jefa del DRNA, recomendó al Legislativo una solución integral y uniforme para atender situación no solo en La Parguera, sino también en otros sectores de menos recursos económicos, pero los legisladores no quisieron atenderla ni aprobarla.

“Este proyecto contradice los principios e iniciativas de la plataforma ambiental del gobernador Alejandro García Padilla, obviando medidas como la propuesta Ley de Costas presentada ante la legislatura en 2013 sin tan siquiera haber completado la deliberación de dicho proceso”, enfatizó Guerrero.

Lamentó, a su vez, que con la aprobación de esta medida, se crea un precedente nefasto propiciando la apropiación de los bienes de todos los puertorriqueños para beneficio de un puñado de estructuras privadas de forma privilegiada.

En su opinión, así como en la de numerosas organizaciones locales medioambientales, la medida no toma en consideración todo el consenso internacional sobre el manejo adecuado de las costas ante los efectos de los cambios climáticos que ya se experimentan en Puerto Rico, tales como el aumento en el nivel del mar, la erosión costera y el incremento de la frecuencia e intensidad de eventos atmosféricos extremos.

Decenas de científicos, investigadores, profesores, químicos y ambientalistas han enviado una carta a los legisladores detallándoles el problema ambiental que supone la aprobación del proyecto, que ahora debe ser firmado por García Padilla.

“El proyecto, como está redactado, no atiende la realidad de los efectos del cambio climático entre los que podemos resaltar el alza en nivel del mar y el aumento de los eventos atmosféricos”, asegura el escrito.

Según los opositores a la iniciativa, las estructuras que se ubican en La Parguera están en plena zona marítimo terrestre y la mayor parte ya dentro del agua, lo que supone un peligro para la salud de quienes las habitan.

“Recomendamos que el proyecto no sea aprobado. En su lugar, recomendamos que se finalice el inventario de estructuras en la zona marítimo terrestre, y que se haga un plan de trabajo concertado entre las agencias estatales y federales con injerencia, para atender estas estructuras de forma ordenada y planificada”, afirmaron.

EFE