|Migración|
| 01 DIC 2016, 12:00 AM
|

Corte Suprema de EE.UU. pondera duración de detenciones de inmigrantes

Los extranjeros son obligados a vestir un uniforme de prisionero, y son sometidos a revisiones y vigilancia típicos de un centro penitenciario.

En esta fotografía de archivo del 9 de agosto de 2012, presuntos inmigrantes no autorizados son transferidos fuera del área de retención tras ser registrados en el Sector Tucson de la sede de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en Tucson, Arizona.
En esta fotografía de archivo del 9 de agosto de 2012, presuntos inmigrantes no autorizados son transferidos fuera del área de retención tras ser registrados en el Sector Tucson de la sede de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en Tucson, Arizona.

WASHINGTON. ¿Deberían los miles de inmigrantes sometidos a largas detenciones en Estados Unidos poder beneficiarse de la libertad condicional? La Corte Suprema examinó este miércoles esa pregunta, que cobra relevancia por las posturas antimigratorias del presidente electo Donald Trump.

En el centro del debate judicial está un recurso colectivo presentado --con el auspicio de la organización de defensa de derechos civiles ACLU-- por el mexicano Alejandro Rodríguez, quien pasó tres años detenido antes de hacer valer su derecho de permanecer en el país.

Los afectados suelen por general ganar sus casos y permanecer legalmente en el país, pero no sin antes esperar, en promedio, unos 13 meses detenidos, en condiciones similares a las de una prisión.

Los extranjeros son obligados a vestir un uniforme de prisionero, y son sometidos a revisiones y vigilancia típicos de un centro penitenciario. Son puestos incluso en aislamiento.

Las visitas de familiares se limitan frecuentemente a conversaciones a través de una rejilla o con equipos de videoconferencia.

“Tengo una cliente (extranjera, actualmente detenida), sus hijos la visitaron y ella no tenía permitido tocarlos, ningún contacto”, dijo a la AFP Judy Rabinovitz, subdirectora del proyecto de derechos de inmigrantes de ACLU.

Rodríguez, un inmigrante de 39 años con residencia legal en Estados Unidos, había entrado siendo menor de edad al país. Trabajaba como asistente dental cuando las autoridades migratorias lo detuvieron e intentaron deportarlo en respuesta a una condena de posesión de drogas y una anterior condena por conducir un auto robado.

Como él, millones de extranjeros con permiso legal en Estados Unidos son amenazados, si cometen un delito menor, de ser expulsados, o de ser encarcelados durante meses o incluso años si se resisten a la expulsión.

También bajo examen de la Corte Suprema estuvieron este miércoles los casos de solicitantes de asilo que afirman temer persecución en sus países de origen.

El caso de Ahilan Nadarajah es elocuente. Sometido a repetidas torturas por pertenecer a una minoría étnica en su país de origen, Sri Lanka, este hombre pidió asilo en 2001 en Estados Unidos.

Las autoridades lo colocaron bajo detención, donde permaneció cuatro años y cinco meses, mientras sus pedidos de liberación eran rechazados uno tras otro. Finalmente obtuvo la nacionalidad estadounidense.

Magistrados receptivos

“Lo que importa de este caso es que tenemos personas que se oponen a su deportación, que están siendo encarceladas sin posibilidad de audiencias de fianza. Muchos de ellos tienen casos muy sólidos contra su expulsión, y no presentarían un riesgo de fuga”, explicó Rabinovitz.

Los ocho magistrados de la Corte Suprema estadounidense lucieron este miércoles receptivos a los alegatos de la ACLU, al criticar las duraciones desmesuradas de detención infligidas a los extranjeros.

Pero se mostraron más dubitativos respecto a validar la decisión de las cortes menores que se inclinaron por la instauración generalizada de una audiencia para una eventual liberación condicional tras seis meses de detención.

El representante del gobierno defendió la aplicación de la ley.

“El Congreso proveyó de amplias protecciones materiales y procedimentales para los extranjeros a quienes el gobierno desea deportar, pero al mismo tiempo, se avocó a las inquietudes reales sobre reincidencia y riesgo de fuga al ordenar la detención obligatoria”, dijo el procurador general encargado, Ian Gershengorn.

“Alguien tiene que examinar la detención y decidir si es razonable”, argumentó de su lado el abogado de ACLU, Ahilan Arulanantham.

El debate toma una resonancia particular con la próxima llegada al poder de Donald Trump, quien ha prometido desde su elección deportar a millones de inmigrantes indocumentados, fiel a la línea dura de su campaña electoral.

A pesar de sus decretos para regularizar indocumentados --que bien podrían nunca ser implementados--, el presidente Barack Obama quedará como un mandatario que expulsó muchos más extranjeros que sus antecesores, con al menos 2,4 millones de personas que abandonaron el país voluntariamente o por orden judicial desde 2009. El ritmo se ha reducido en los último tres años.

La cifra supera el récord de George W. Bush de 2,1 millones de personas expulsadas, y entre los dos mandatarios duplican el total de deportados por Estados Unidos durante más de un siglo, entre 1892 y 1997, según el sitio de verificación de hechos Snopes.

por Sébastien BLANC

COMENTARIOS
Para comentar, inicie sesión o regístrese