Vice de Venezuela rechaza sanción de EEUU y niega su salida del gobierno

CARACAS. El vicepresidente venezolano Tareck El Aissami calificó el martes de “agresión imperialista” la sanción por narcotráfico que le impuso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y afirmó que continuará trabajando en el gobierno para la recuperación de la economía.

Con El Aissami son nueve las figuras del oficialismo, incluidos altos funcionarios, gobernadores, congresistas y militares retirados, que han sido objeto de sanciones por parte de Washington en los últimos nueve años por vínculos con el narcotráfico.

“La verdad es invencible y veremos cómo se desvanecerá esta infame agresión”, dijo El Aissami en su cuenta de Twitter en respuesta a la sanción que le impusieron la víspera las autoridades estadounidenses que anularon su visa, confiscaron sus propiedades en Estados Unidos y le prohibieron realizar transacciones financieras o comerciales con instituciones de ese país.

El vicepresidente sostuvo que continuará acompañando al mandatario Nicolás Maduro para lograr la recuperación económica y garantizar la paz.

Por su parte, la canciller Delcy Rodríguez rechazó en nombre del gobierno venezolano la sanción del Departamento del Tesoro y sostuvo que esas acciones representan una “grotesca mentira” contra un funcionario “decente y digno”.

Rodríguez dijo en un comunicado, que leyó ante las cámaras de televisión, que las sanciones contra el vicepresidente carecen de la “más mínima legalidad internacional” y “vulneran” el derecho internacional y que buscan atentar contra una figura del gobierno venezolano.

El Aissami, identificado como una de las figuras más radicales del gobierno, asumió la vicepresidencia a inicios del mes pasado tras gobernar por cuatro años el estado central de Aragua. A fines del mes pasado Maduro delegó en el vicepresidente varias de sus atribuciones para agilizar el manejo de los organismos públicos y los presupuestos de los ministerios.

El Departamento del Tesoro acusó a El Aissami, de 42 años, de facilitar el envío de drogas desde Venezuela a través del control de los aviones y las rutas aéreas e indicó que poseía múltiples cargamentos de estupefacientes, algunos de los cuales tenían como destino México y Estados Unidos.

El congresista Ismael García anunció el martes que la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, abrirá una investigación sobre El Aissami. García dijo a The Associated Press que la Fiscalía General y otros organismos deben tomar acciones inmediatas e investigar todas las empresas que el vicepresidente posee en Venezuela, incluidos medios de comunicación, y considerar la posible congelación de sus activos.

Agregó que es posible que la Asamblea Nacional pida apoyo a las autoridades estadounidenses para conocer las denuncias que tienen contra El Aissami.

El diputado opositor recordó que en 2011 solicitó al Ministerio Público investigar a El Aissami y a su hermano, Feras El Aissami, tras haber sido señalados por un narcotraficante encarcelado.

El secretario ejecutivo de la coalición opositora, Jesús Torrealba, afirmó el martes que la sanción es “muy delicada” y sostuvo que la medida podría “comprometer” las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos.

El vicepresidente es el segundo funcionario del equipo de Maduro que enfrenta señalamientos por supuestos vínculos con el narcotráfico. En agosto del año pasado fiscales estadounidenses acusaron al actual ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, de presuntamente haber recibido pagos entre 2008 y 2010 a cambio de alertar a los traficantes sobre futuras redadas policiales. En esa oportunidad Maduro desestimó la acusación.

Las denuncias por narcotráfico también alcanzaron a dos sobrinos de la primera dama Cilia Flores quienes están detenidos desde noviembre de 2015 en Estados Unidos.

Washington también designó la víspera como narcotraficante al venezolano Samark José López Bello, quien fue identificado como un prestanombres del vicepresidente.

El Departamento del Tesoro publicó en su página de internet que aplicará sanciones a 13 empresas controladas por López Bello y otros allegados que supuestamente conforman una red internacional desplegada por las Islas Vírgenes, Panamá, el Reino Unido, Estados Unidos y Venezuela.

López Bello consideró “injustificada” y “políticamente motivada” la sanción en su contra y negó en un comunicado en su página de internet haber participado en actividades de narcotráfico.

“El texto no ofrece evidencia factual o justificación legal de por qué Samark López debe estar en la lista”, dijo el empresario.

Las sanciones adoptadas por el gobierno del presidente Donald Trump son las primeras medidas contra funcionarios venezolanos desde que en 2014 su predecesor Barack Obama suspendió visas y congeló activos pertenecientes a funcionarios acusados de perpetrar actos de corrupción y violar derechos humanos. AP/Por Fabiola Sánchez

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