Revista|25 oct 2005, 12:00 AM|POR Tania Molina
URBANISMO. Proyecto.

El Gran Santo Domingo rumbo a la división.

La propuesta legislativa que fraccionaría el territorio de la ciudad para convertirlo en dos provincias encuentra el rechazo de algunos urbanistas.
El proyecto de ley que busca fraccionar aún más la distribución geográfica del país y dividir el territorio del gran Santo Domingo en dos provincias, encontró el visto bueno del Senado, que ya lo aprobó en segunda lectura, pero enfrenta el rechazo de distintos sectores que entienden que la misma constituye «una locura de interés político» que lejos de resolver problemas urbanos, viene a cargar más al Estado dominicano.

La iniciativa dividiría la provincia Santo Domingo, de reciente creación, cuya población se calcula en un millón 822 mil 28 habitantes, según el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2002.

Sometido al Congreso por el senador del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Tonty Rutinel Domínguez, el proyecto de ley pretende crear Santo Domingo y Santo Domingo Oriental, y elevar de 30 a 31 el número de provincias en que está fraccionado el país, además del Distrito Nacional.

Para el presidente del Consejo Nacional de Asuntos Urbanos (CONAU), arquitecto Joaquín Gerónimo, «es necesario que se termine con esa locura de estar dividiendo» al país, porque no se resuelve ningún problema, sino que crea más burocracia gubernamental. En igual sentido se expresa el sociólogo y urbanista César Pérez, del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), quien entiende que la fragmentación permanente del territorio lejos de lograr mejor gestión municipal crea un mayor número de funcionarios que vienen a cargar las nóminas de los ayuntamientos, que en muchos casos ya sobrepasa el 60 por ciento de sus presupuestos.

«Existe una voluntad permanente de dividir con el argumento de tener una mayor eficiencia, cuando en realidad lo que sucede es que algunas fuerzas políticas buscan tener lugar donde situar a sus militantes, y tener acceso directo a recursos económicos», sostiene César Pérez.

En su propuesta de división, Rutinel Domínguez, plantea que la composición socioeconómica de la actual provincia está fuertemente diferenciada y distanciada en sus regiones Este, Norte y Oeste. Entiende que ese distanciamiento promueve la incomunicación y la imposibilidad de que los municipios se integren de forma adecuada para lograr una identidad propia que le permita diseñar un plan estratégico de desarrollo.

Pero el arquitecto Joaquín Gerónimo rechaza esos argumentos. Insiste en que la intención de dividir no tiene efectos poblacionales ni urbanísticos, porque solo responde a cuestiones de tipo políticas.

De su parte, Pérez augura graves consecuencias. «El Distrito pierde población porque hay un encarecimiento del suelo, mientras va creciendo a la periferia. Las áreas van perdiendo esencia urbana y el Distrito, al quedar poco a poco sin gente, se hace cada vez más caro y eso tiene un impacto sociológico sobre el centro que a su vez se pierde en imagen e identidad».

El investigador de INTEC se queja además de que las divisiones territoriales carecen de un estudio que determine su factibilidad y el posible beneficio que obtienen las comunidades, además de que no se preveen las consecuencias.

Estima que en lugar de optimizar el territorio promoviendo que expulse gente y dejando al centro de la ciudad tan estrecho, el proyecto tendrá repercusiones muy seria desde el punto de vista poblacional y de crecimiento espacial. En ese sentido, asegura que toda la riqueza va quedando en el centro, con menos gente, y teniendo un crecimiento poblacional en la zona más pobre. «Esta lógica de crecimiento debe ser estudiada para ver las consecuencias de cara al futuro», apunta.

DESCENTRALIZACIÓN

César Pérez recuerda que la idea de dividir el Distrito Nacional partió de que para una eficiente gestión o administración era necesario descentralizarlo, lo que conllevaba una modificación de la división territorial del país. Rememora que unos de los argumentos era que se trataba de un territorio muy poblado y que no era posible administrarlo con una sola entidad.

Sin embargo, asegura que esos argumentos no eran válidos, porque la dimensión del territorio no determina la posibilidad o no de ser gobernados con eficiencia. Cita los casos de países como Brasil y Colombia, que teniendo un mayor territorio que República Dominicana, cuentan con menos provincias. Lo que determina la buena administración, a juicio del sociólogo y urbanista, «es la racionalización política de gestión, basada en un claro marco legal que establezca las competencias de la entidad, y donde se manejen los recursos no sólo de manera racional, sino de manera pulcra, teniendo en cuenta las normas de gestión éticas».

César Pérez aboga porque el proyecto se rechace de plano, porque si bien no se basa en un estudio que demuestre la pertinencia de la división, la misma no tiene nada que la justifique.
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