ImprimirSANTO DOMINGO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia fijó para el 16 de abril el fallo en torno a una solicitud de extradición de Oscar Rodríguez Cruz, en contra del cual la Procuraduría General de la República solicitó que se ordene la incautación de doce bienes patrimoniales, entre ellos una villa, un local comercial, un apartahotel y tres residencias.
La petición fue formulada por la procuradora general adjunta, Gisela Cueto, y la abogada representante de las autoridades penales estadounidenses, Analdis Alcántara.
Los jueces Miriam Germán Brito, presidenta del tribunal, Alejandro Moscoso Segarra, Esther Agelán Casasnovas, Frank Soto Sánchez y Juan Hirohíto Reyes decidieron diferir el fallo.
El Ministerio Público solicitó que se declare procedente la solicitud de extradición y que se ordene la incautación de los bienes patrimoniales de Rodríguez Cruz, que en el proceso ya han sido identificados e individualizados como vinculados al delito que se le imputa.
Cita una villa turística localizada en la calle Proyecto, Juan Dolio, el local comercial donde funciona la compañía de Inversiones Carlos Peña, ubicado en la avenida Máximo Gómez No. 106, ensanche La Fe.
Asimismo, una residencia situada en la calle Palma Real esquina Paseo de Los Cocos, Alameda; otra en la avenida Luis Amiama Tió, de San Pedro de Macorís, el Star Apartahotel, de esa demarcación, así como cinco automóviles y una motocicleta.
Mientras que al comparecer por ante los magistrados, Rodríguez Cruz se desligó de las acusaciones, manifestando que no es delincuente ni narcotraficante.
Cree que su caso es un asunto más político que legal, porque no estaba prófugo a la hora de su arresto.
La defensa de Rodríguez Cruz, que encabeza el abogado Tomás Castro, solicitó que sea rechazada la petición. En principio, pidió que si el tribunal se reservaba el fallo, ordenara la libertad del extraditable.
La petición fue formulada por la procuradora general adjunta, Gisela Cueto, y la abogada representante de las autoridades penales estadounidenses, Analdis Alcántara.
Los jueces Miriam Germán Brito, presidenta del tribunal, Alejandro Moscoso Segarra, Esther Agelán Casasnovas, Frank Soto Sánchez y Juan Hirohíto Reyes decidieron diferir el fallo.
El Ministerio Público solicitó que se declare procedente la solicitud de extradición y que se ordene la incautación de los bienes patrimoniales de Rodríguez Cruz, que en el proceso ya han sido identificados e individualizados como vinculados al delito que se le imputa.
Cita una villa turística localizada en la calle Proyecto, Juan Dolio, el local comercial donde funciona la compañía de Inversiones Carlos Peña, ubicado en la avenida Máximo Gómez No. 106, ensanche La Fe.
Asimismo, una residencia situada en la calle Palma Real esquina Paseo de Los Cocos, Alameda; otra en la avenida Luis Amiama Tió, de San Pedro de Macorís, el Star Apartahotel, de esa demarcación, así como cinco automóviles y una motocicleta.
Mientras que al comparecer por ante los magistrados, Rodríguez Cruz se desligó de las acusaciones, manifestando que no es delincuente ni narcotraficante.
Cree que su caso es un asunto más político que legal, porque no estaba prófugo a la hora de su arresto.
La defensa de Rodríguez Cruz, que encabeza el abogado Tomás Castro, solicitó que sea rechazada la petición. En principio, pidió que si el tribunal se reservaba el fallo, ordenara la libertad del extraditable.
