SANTO DOMINGO. El Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional condenó a cuatro años de prisión y multa de RD$1 millón al ex director del desaparecido Programa de Reducción de Apagones (PRA), Marcos Lara Lorenzo, por la presunta malversación de RD$52 millones.

Asimismo, impuso tres años de cárcel y multa de RD$1 millón al ex director administrativo del PRA, Sauris Rodríguez Sánchez; Juan Portalatín Castillo, ex encargado de Compras, fue sentenciado a dos años de prisión y multa de RD$500,000.

Mientras que fue declarado no culpable y absuelto de toda responsabilidad penal, en razón de que no fueron aportadas pruebas suficientes en su contra, el antiguo gerente, Nicolás Concepción Núñez. El tribunal ordenó el cese de la medida de coerción que pesa en contra del imputado.

Los jueces Alina Mora de Mármol, presidenta, Natividad Ramona Santos y Rafael Pacheco declararon a Lara Lorenzo, a Rodríguez Sánchez y Concepción Núñez culpables de desfalco en perjuicio del Estado.

Dispusieron la lectura íntegra de la sentencia para el 21 de este mes, a las 12:00 del mediodía, para lo cual dejó convocadas a las partes.

La acusación fue llevada por los representantes del Ministerio Público adscritos a la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), Francisco García Rosa y Narciso Escaño.

Argumenta que los imputados incurrieron en desvío de fondos asignados a la institución para beneficios particulares y de allegados.

Promover la creación de distintas entidades, tales como el Movimiento Cristiano Renovador, Ministerio Escogidos de Dios y Fundación Misionera Dominicana, utilizándolas posteriormente como mecanismo de captación de recursos provenientes del Estado. También distraer fondos de la institución que dirigió Lara Lorenzo para la adquisición de materiales de construcción y el pago de personal obrero, los cuales fueron utilizados en la remodelación y adecuación de un local en la avenida 27 de Febrero, que estaba destinado para su uso particular.

También utilizar los fondos del PRA para fines proselitistas con el propósito de procurar beneficios marginales de esa iniciativa.

Igualmente, retener y recibir de los empleados sumas de dinero para ser destinados al movimiento político que gestaba y sus entidades religiosas, además de designar en la entidad a decenas de feligreses de su congregación religiosa sin que prestaran labor alguna, "con el deliberado propósito de percibir sumas de dinero que éstos debían proveer".

"Asociarse en forma ilícita a los coimputados Nicolás Concepción, Sauris Rodríguez y Juan Castillo Castillo para disponer de los fondos que manejaba el PRA con fines distintos a los que estaban destinados, pues idearon un movimiento político que sería solventado con recursos públicos".

La acusación le atribuye favorecer a un número desproporcionado de familias, relacionados y allegados, designando algunos de ellos en posiciones que fueron creadas para esos fines y con elevados sueldos, sin realizar labores.

La imputación alega que los ex funcionarios del PRA dispusieron incrementar en forma desproporcionada la nómina regular de la entidad con el deliberado propósito de obtener beneficios marginales, mediante la retención obligada de una proporción de sus salarios, los cuales eran destinadas a sus actividades religiosas y proselitistas. Utilizar su cargo para procurar a través del uso del nombre Ministerio Escogidos de Dios, la asignación de equipos computacionales por parte de EdeSur, así como la compra de parte de mobiliario por EdeNorte.