SANTO DOMINGO.-La empresa de telecomunicaciones Claro notificó al Ayuntamiento de San Cristóbal su obligación de dar cumplimiento a una sentencia dictada en enero del año en curso por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de esa provincia, que le ordena dar respuesta a las solicitudes de permisos, para ejecutar proyectos de expansión y mantenimiento de sus redes fijas y móviles.
Recientemente, Claro denunció que la alcaldía de San Cristóbal mantiene detenido el desarrollo de las telecomunicaciones en ese municipio, al impedir la puesta en ejecución de 14 proyectos de expansión y mantenimiento de sus redes fijas y móviles desde el año 2009.
La traba imposibilita que se materialicen las inversiones de capital en ese municipio, la cual asciende aproximadamente a unos RD$50 millones, informó la compañía telefónica.
Como parte del proceso legal, en caso de que el ayuntamiento no proceda conforme a la sentencia, la empresa podría iniciar acciones civiles, penales administrativas o de cualquier otra índole para el debido resarcimiento.
Claro indicó que hasta el momento, y a pesar de haber sostenido una reunión, no ha sido acatada la decisión de la justicia y el proceso de permisos sigue estancado.
En su sentencia, el tribunal declara que "la negativa a dar respuesta por el ayuntamiento es contraria al principio de transparencia con que debe regirse una entidad municipal y el apego a los principios constitucionales del debido proceso, el plazo razonable y la seguridad jurídica, ya que como empresa tiene planes e inversiones que se ven en peligro al no tener de una entidad del Estado, la debida respuesta sobre la aprobación de sus actuaciones".
Subraya además "que en el presente caso se infiere que está en juego la seguridad jurídica del Estado que pretende ser violentada por una entidad del ámbito del Derecho Público Administrativo, como lo es el Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal, a la cabeza de su síndico municipal y sus autoridades edilicias, quienes tienen la obligación de dar respuesta a la solicitud de permiso requerida por la Compañía Dominicana de Teléfonos S. A."
En una comunicación enviada a este medio, la empresa telefónica reitera su preocupación por el silencio administrativo que se mantiene sobre las solicitudes de permisos depositadas, "pues afecta primordialmente a los munícipes de San Cristóbal y al estándar de calidad de servicio que ofrecen a sus clientes en esta localidad".
Recientemente, Claro denunció que la alcaldía de San Cristóbal mantiene detenido el desarrollo de las telecomunicaciones en ese municipio, al impedir la puesta en ejecución de 14 proyectos de expansión y mantenimiento de sus redes fijas y móviles desde el año 2009.
La traba imposibilita que se materialicen las inversiones de capital en ese municipio, la cual asciende aproximadamente a unos RD$50 millones, informó la compañía telefónica.
Como parte del proceso legal, en caso de que el ayuntamiento no proceda conforme a la sentencia, la empresa podría iniciar acciones civiles, penales administrativas o de cualquier otra índole para el debido resarcimiento.
Claro indicó que hasta el momento, y a pesar de haber sostenido una reunión, no ha sido acatada la decisión de la justicia y el proceso de permisos sigue estancado.
En su sentencia, el tribunal declara que "la negativa a dar respuesta por el ayuntamiento es contraria al principio de transparencia con que debe regirse una entidad municipal y el apego a los principios constitucionales del debido proceso, el plazo razonable y la seguridad jurídica, ya que como empresa tiene planes e inversiones que se ven en peligro al no tener de una entidad del Estado, la debida respuesta sobre la aprobación de sus actuaciones".
Subraya además "que en el presente caso se infiere que está en juego la seguridad jurídica del Estado que pretende ser violentada por una entidad del ámbito del Derecho Público Administrativo, como lo es el Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal, a la cabeza de su síndico municipal y sus autoridades edilicias, quienes tienen la obligación de dar respuesta a la solicitud de permiso requerida por la Compañía Dominicana de Teléfonos S. A."
En una comunicación enviada a este medio, la empresa telefónica reitera su preocupación por el silencio administrativo que se mantiene sobre las solicitudes de permisos depositadas, "pues afecta primordialmente a los munícipes de San Cristóbal y al estándar de calidad de servicio que ofrecen a sus clientes en esta localidad".
