Favorecen un pacto por la seguridad, pero tienen sus "reservas"

SANTO DOMINGO. La propuesta que hizo la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) para que la sociedad se aboque a un pacto por la seguridad encontró respaldo ayer en representantes de la sociedad civil y del gobierno, aunque con algunas reservas.

Tanto César Cuello, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso); como Roque Féliz, director del Centro Bonó, y Daniel Pou, especialista en seguridad, ven con buenos ojos el que se pueda concertar un compromiso social para lograr bajar los niveles de inseguridad.

Pero a Cuello le preocupa que los problemas del país haya que resolverlos siempre con un pacto, y se deje de lado a las leyes, que son las indican qué hacer en cada caso. "Los pactos para mí son una duplicidad de esfuerzo, porque ahí están las leyes, aunque entiendo que la gente responde más al llamado del pacto. Mi preocupación es que al final ese pacto venga a ser una violación de las leyes", plantea.

Pou, de su lado, favorece el pacto, pero entiende que antes tiene que haber señales reales de interés de parte del Gobierno de implementar las políticas públicas de seguridad, y de que se limitarán las cuotas de poder que- asegura- imperan en los organismos.

"Más que un pacto, lo que se requiere es la sincerización y no seguir maquillando estructuras existentes. No se puede permitir que la seguridad ciudadana esté supeditada a la voluntad o intereses de los grupos de poder", advierte.

Roque Féliz también insiste en que se debe crear un clima de confianza en la población, y para ello, dice, se requiere dejar de lado las prácticas viejas del sistema policial.

"Aquí se han hecho muchos planes en materia de seguridad que carecen del enfoque civilista y de derechos humanos, pero ... si se mantiene la policía militarista o los grupos de poder que responden a las prácticas viejas, los planes serán letra muerta", vaticina.

El ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, también saludó la propuesta de la Finjus, por considerar que el problema de la seguridad ciudadana involucra a todos los sectores nacionales, y lo debe asumir toda la población.

Pero recordó que el Gobierno trabaja en un plan integral contra la criminalidad y la delincuencia, que es visto por algunos como un compromiso sólo de las autoridades, porque involucra a instituciones como Educación, el Ministerio de la Presidencia, cuando en realidad es una responsabilidad de toda la sociedad.

Reformar la PN

Un punto fundamental para debatir en un posible pacto es la reforma policial, para que haya un cambio de raíz de su estructura actual. En esto coinciden Cuello, Roque Féliz y Pou, quienes enfatizaron la necesidad de que la ciudadanía sienta que la Policía es un respaldo, y no que está por encima de ella. También favorecieron el desarme de la población, conscientes de que las armas en manos de civiles sólo contribuyen a generar más violencia. Pou recuerda que el 64% de los asesinatos en el país se cometen con armas de fuego.

Diario Libre