Buscan hoy un desenlace en el caso de Bahía de las Águilas

SANTO DOMINGO. La jueza de la Octava Sala del Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original del Distrito Nacional, Departamento Central, Alba Beard Marcos, se apresta a ventilar hoy la posibilidad de que haya un desenlace sobre la petición de nulidad de los títulos de propiedad que ostentan personas que declaran ser legítimos propietarios de terrenos en Bahía de las Águilas.

Para tales fines, fueron convocadas mediante acto de alguacil más 600 personas con interés de participar en el litigio para la audiencia, a las 9:00 a.m. El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, subirá a estrado en el proceso.

El Abogado del Estado por ante la Jurisdicción Inmobiliaria, Departamento Central, Fermín Casilla Minaya, dijo que hoy acudirán con la intención de concluir al fondo, porque se ha cumplido con todos los parámetros y las decisiones que la jueza puso a su cargo.

Existen más de 1,200 títulos expedidos a particulares en la zona del Parque Nacional Jaragua, perteneciente a la Sierra de Bahoruco. Los mismos expedidos a personas declaradas como propietarias de terrenos en las parcelas 215-A y 40, del Distrito Catastral número 3, del municipio de Enriquillo, Barahona.

En octubre del 2013, la magistrada dispuso el cumplimiento de una serie de medidas, entre ellas que el Estado dominicano haga un levantamiento, con los agrimensores que estime pertinentes, y realice los planos correspondientes, exclusivamente sobre las superficies que pretende y argumenta que los certificados de títulos emitidos a favor de particulares en Bahía de las Águilas son nulos.

Asimismo, la paralización de cualquier operación técnica que se esté realizando o que haya sido pautada por la Dirección General de Mensuras Catastrales, como superior inmediato de las direcciones regionales de Mensuras Catastrales, con la finalidad de que las parcelas no varíen sus designaciones catastrales y "podamos tener certeza absoluta, al momento de decidir, sobre qué vamos a decidir".

El Abogado del Estado por ante la Jurisdicción Inmobiliaria, Departamento Central, Fermín Casilla Minaya, reveló que fue concluido y entregado el levantamiento a los fines de determinar la cantidad de personas que ocupaban físicamente el inmueble correspondiente a la parcela 215.

Tras afirmar que dio cumplimiento a la sentencia, aseguró que "no hay nadie físicamente ocupando esos terrenos", porque se trata de un terreno inhóspito.

Comentó que en el levantamiento no se encontró ocupaciones físicas de personas. Solamente la parte que ocupaba la Alcoa Company, donde hay almacenes y edificios, que corresponden al Estado dominicano.

También varias casas que corresponden al Estado, regenteadas por los ministerios de Turismo y Medio Ambiente.

Casilla afirmó que no se encontró ningún deslinde practicado físicamente en el terreno. "Todos los deslindes que existen en la Dirección General de Mensuras fueron practicados en gabinetes".

Observó que el deslinde de gabinete es el que se practica en una oficina, con una computadora. "Se marca, se fijan puntos, pero no se va al terreno, por eso se dice que es un deslinde de gabinete".

Considera que debe ser todo anulado por mandato de la ley y el propio reglamento. Estima que los mismos sobrepasan de 100.

Otras medidas de la jueza

La jueza Alba Beard Marcos dispuso que el Registrador de Títulos de Barahona y cualquier otro se abstengan de realizar cualquier transferencia, anotación e inscripción provenientes de las partes involucradas.

Asimismo, que reciba la decisión del tribunal y haga las anotaciones correspondientes sobre los certificados de títulos que han sido emitidos con relación a las parcelas de Bahía de las Águilas.

También que los demandados y ocupantes de cada una de las parcelas que constan en el expediente hagan sus propios levantamientos y planos particulares, respecto a cuáles son sus posesiones sobre los inmuebles debitados en los certificados de títulos por parte del Estado. Culminado ese tiempo y depositado todos los planos en la secretaría del tribunal, dio a la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales 90 días para realizar la inspección correspondientes a cada uno de los trabajos técnicos presentados por las partes. Además, remitir al tribunal la inspección que realice sobre los trabajos presentados por las partes involucradas.

Federico Méndez