FINJUS dice que funciones policiales son "incompatibles" con ocupaciones empresariales

SANTO DOMINGO.- El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, declaró hoy que las funciones policiales son incompatibles al ejercicio de la profesión de abogado, poseeer compañías de guardianes privados así como compañías de armas de fuego.

Durante un debate acerca de la Reforma de la Policía Nacional en el que participaron además legisladores y la oficial de gobernabilidad del Programa Nacional de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), Angie Bergés Peña; Castaños Guzmán agregó que en esta reforma institucional la prioridad debe ser la carrera policial y el control interno de los policías.

Expresó que pese a la importancia de que los policías devenguen mejores salarios, "este no es un tema de una Ley de Policía", por lo que la primacía sería mejorar las relaciones entre el jefe de la Policía y el jefe del Ministerio de Interior y Policía, como también todo lo que tiene que ver con el entendimiento con el Ministerio Público.

En el encuentro anunciaron que el jurista Nassef Perdomo representará a FINJUS y al PNUD, en las discusiones técnicas sobre el anteproyecto de ley que ya fue aprobado en el Senado, quien llamó a la Policía a romper los círculos de violencia y acabar con los famosos "intercambios de disparos".

De su lado, la representante del PNUD resaltó la importancia de poder lograr una pieza legislativa que tome en cuenta los derechos humanos y que impulse un cambio real en la Policía Nacional.

Mientras que el presidente de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, Elpidio Báez, deploró el hecho de que personas acudan a "un delincuente conocido" cuando tienen algún tipo de conflicto en su comunidad, antes que apelar a la ayuda de los agentes del orden público.

Manifestó que estas son de las cosas que debe mejorar la Policía, por lo que les instó a mejorar la imagen institucional.

Acuerdo FINJUS-PNUD

FINJUS y el PNUD suscribieron un convenio de cooperación para ofrecer apoyo técnico tanto al Poder Legislativo como al Poder Ejecutivo sobre los detalles y el enfoque global en derechos humanos y prevención que debe contener la ley que resulte del proceso.