Llevan al Tribunal Constitucional la impugnación contra el Reglamento de Naturalización

SANTO DOMINGO. Una acción directa en inconstitucionalidad fue incoada ayer con el objetivo de anular el decreto 250-14 que reglamenta la aplicación de la ley 169-14, sobre régimen especial para los nacidos en República Dominicana inscritos irregularmente y de naturalización.

La acción fue depositada en el Tribunal Constitucional (TC) por el Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, que integran José Miguel Armenteros, Consuelo Despradel, Felipe Auffant, Cristina Aguiar, José Miguel Vásquez, Ramón Andrés Blanco Fernández, Trajano Vidal Potentini, Mauricio Espinosa y Juan Miguel Castillo Pantaleón.

Manifiestan que a partir de la 168-13, el TC ha dictado más de una docena de sentencias ratificando los límites de adquisición de la nacionalidad dominicana.

Argumentan que el decreto permite, sin mecanismos de verificación, que se legalice la presencia de extranjeros, a los que no se les requiere prueba seria de su nacimiento, indicación de nacionalidad de origen y de radicación.

La abogada Cristina Aguiar consideró que el recurso se apoya en violaciones evidentes a la Constitución. "Uno de los agravios más importantes que nosotros le hacemos a ese decreto es, primero, la violación del principio de separación de los poderes".

Plantea que con un decreto no se puede modificar una ley, usurpar funciones de un órgano constitucional, como la Junta Central Electoral, "que ha sido puesta de lado completamente".

Asimismo, solicita el respeto a la supremacía de la Constitución, que incluye las decisiones del TC.

Cita que la sentencia 168-13 fue muy clara, "y realmente lo que hace ese decreto es completamente dejar de lado todo lo que dictaminó este tribunal, en interpretación de la Constitución". Expuso que con las facilidades que "presta" la disposición presidencial para probar un hecho jurídico tan importante, como el nacimiento, se propicia "una fábrica de identidades". Opina que el país, que ya ha tenido mala fama en el exterior, se convertirá "en una fábrica de identidades donde podrá venir el que quiera, darse una nueva identidad, porque finalmente para probar su nacimiento "solamente necesita un acto de notoriedad con testigos".

Invasión

Los demandantes entienden que el Reglamento aprobado por el decreto 250-14 invade la competencia de la Junta Central Electoral, al crear un sistema paralelo y al margen de la ley, para registrar nacimientos de extranjeros en el país y luego permitir su naturalización sin identificación de los padres.

Asimismo, que viola la propia Ley 169-14 y permite que con una simple declaración notarial, y sin mecanismo de verificación, se legalicen extranjeros.

Federico Méndez